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¿CUÁNTO CUESTA TU EDUCACIÓN GRATUITA? |
En pocas palabras, la CAL se une al CADRA para ayudarle a "generar
socios", es decir, personajes que aporten una cuota mensual para
pertenecer a la asociación, para que "defienda sus derechos". O en otras
palabras, persiga docentes, estudiantes e investigadores, cuyo único crimen
es desear leer y no poder pagar por ello.
Hecha la ley, hecha la trampa
Pero, ¿por qué los estudiantes universitarios se obstinaron en infringir
la ley, en poner fuera de combate a su propia universidad sosteniendo
centros de estudiantes que tienen secretarías de publicaciones
donde se fotocopia y supuestamente "se mata al libro”? La realidad socioeconómica
de la clase media fue alejando cada vez más a los estudiantes
universitarios de la posibilidad de adquirir los libros y
materiales de estudio. La crisis del 2001, el default económico y la devaluación,
incrementaron el costo de los libros a precios cada vez más
prohibitivos, a pesar de que el mismo no paga el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) y tiene algunas excepciones impositivas[6]. Por otra parte, el
horizonte de autores por ser leídos y degustados se amplió de manera
tal que ya no alcanzaba con un libro, sino que era necesario hacer un
muestreo -cual paleta de colores- de muchos autores, incluso, de fragmentos
específicos. Se sumaba a esto el hecho de que muchas obras
eran directamente inconseguibles, por haber caído fuera de circulación
desde hacía muchos años, por haber desaparecido la editorial que las
editaba o por ser editados en el extranjero, sin ser vueltos a importar a
la Argentina. La fotocopia habilitaba la posibilidad de acceder a las
obras escasas, de fragmentar las obras y de abrir el camino en función
de los intereses del estudiante, y no sólo de los designios del docente a
cargo. Economía, comodidad y apertura coincidían en “matar a los libros”,
que no es lo mismo que matar a las obras o a los autores.
Del otro lado quedaba la ley de Propiedad Intelectual, que incluso
con la aparición de la fotocopiadora se utilizaba raramente, y que con la
aparición de las nuevas tecnologías digitales se utiliza de manera constante.
En Argentina, la ley de derechos de autor es del año 1933, prohíbe
la reproducción “a través de los medios existentes o por existir”, como si
en 1933 las tecnologías digitales y la red mundial global hubiesen sido
algo pensable[7]; y, por otra parte, el autor de esta ley no es otro más
que un editor tristemente reconocido por un sello: Roberto Noble, el
fundador del diario Clarín, hoy devenido Grupo Clarín. No hace falta
mencionar, tampoco, que Grupo Clarín es además un grupo editor de libros
y de materiales educativos a granel.
La ley de derecho de autor de Argentina está basada en el derecho
continental; Argentina es, además, uno de los países que adhiere al Convenio
de Berna[8] del año 1886, y es miembro de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual[9]. Hoy por hoy, esta ley tiene dos
defectos, producto del cambio tecnológico reciente: el primero es su discrecionalidad;
con esta ley, la mitad de la población argentina conectada
a una computadora se encuentra en algún tipo de violación de derecho
de autor, incluso sin necesidad de intercambiar sus archivos. Con la
simple copia privada de un CD legalmente adquirido a un formato más
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