arcopy

100
| ARGENTINA COPYLEFT
rrollo de investigaciones técnico-científicas en el país, que son luego
vendidas a las editoriales.
Mucho para aquí y poco para allá
¿Cuántos libros podría editar la Editorial Universitaria de Buenos
Aires[3] por $4.000.000? ¿Cuántos libros podrían comprarse por
$4.000.000? Semejante cifra, ¿no sería mejor utilizada en adquirir libros
para las bibliotecas, antes que en firmar convenios con organismos privados?
Sin libros, las bibliotecas pierden su razón de ser, de la misma
forma que sin lectores ávidos y voraces, los libros pierden su sentido. La
lógica que subyace a la firma de un convenio por un monto que podría
destinarse tranquilamente a la adquisición de libros “legales”, se relaciona
estrechamente con la lógica de reducción del espacio público.
Mientras más sentido pierdan los espacios públicos -y dejar sin libros a
la biblioteca es una buena forma de hacerle perder su sentido-, menos
querremos acudir a ellos.
En esa línea de reducción de los espacios, en los Consejos Directivos
de algunas facultades se entretejen otras alianzas para continuar con los
mecanismos económicos de expulsión de los estudiantes de las facultades.
Fue así como el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras,
frente a un pedido de los estudiantes de un aumento del 50% del
monto destinado a becas de apuntes, dada la situación inflacionaria actual,
se negó a hacerlo y presentó una "contrapropuesta" desde la Comisión
de Hacienda que consistía en dar un aumento de sólo el 20%[4].
Hasta ahora, no hay más que un puñado de promesas, mucha plata para
organismos privados ajenos a la universidad y poco dinero para las bibliotecas
y los estudiantes.
Socios de esta sociedad
Al respecto, resulta jugoso leer algunas partes del convenio firmado
entre la CAL y el CADRA, amantes íntimos en su lucha contra la “piratería”:
"2.- Ampliación de repertorio. La CAL se compromete a realizar
sus mayores esfuerzos a fin de que sus socios otorguen
mandato para la gestión de los derechos reprográficos
a CADRA. El mandato consistirá en la firma del contrato de
asociación a CADRA y un poder judicial limitado a la gestión
encomendada. A tal fin ambas partes fijan en 60 días el
plazo para esta gestión, a partir de la firma del presente
convenio, por lo que transcurrido dicho plazo la CAL deberá
informar a CADRA qué editoriales no están dispuestas
a asociarse a CADRA. Sobre la base de esta información
CADRA elaborará una ‘lista de exclusiones’ a fin de realizar
la más amplia difusión y hacerle saber a sus usuarios que
dichas obras no integran el repertorio administrado." [5]