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Action Network; consultores en relaciones públicas de los Estados Unidos, tales como Karen
Hinton; y financistas adicionales tales como Russell DeLeon y el Burford Group.
2. El objetivo final de la empresa es crear suficiente presión sobre Chevron en los
Estados Unidos para extorsionar a la compañía a que pague para detener la campaña en su
contra. Los Demandados RICO han buscado infligir el máximo “daño a [la] reputación [de
Chevron]”, poner “presión psicológica personal…[sobre] sus altos ejecutivos”, entorpecer las
relaciones de Chevron con sus accionistas e inversores, provocar investigaciones de los
gobiernos estatales y federal de los Estados Unidos y de esa manera forzar a la compañía a que
pague un arreglo.
3. Para efectuar este plan, los Demandados RICO y sus co-conspiradores iniciaron
un litigio engañoso en Lago Agrio, Ecuador (el “Litigio de Lago Agrio”), afirmando que
solicitaban una indemnización monetaria en daños y perjuicios por los “derechos colectivos
ambientales” de las “comunidades” “afectadas” para reparar una supuesta contaminación de
petróleo en la región Oriente del Ecuador. El Litigio de Lago Agrio fue dirigido y financiado
principalmente desde los Estados Unidos por residentes de este país, tales como Donziger y
Kohn. En la tramitación del Litigio de Lago Agrio, los Demandados RICO y sus co-
conspiradores participaron en una serie de actos corruptos. Por ejemplo, presentaron en el Litigio
de Lago Agrio pruebas inventadas en forma de informes periciales a nombre de un consultor
estadounidense sobre asuntos medioambientales, el Dr. Charles Calmbacher, que este no preparó
ni aprobó. También presionaron a un consultor estadounidense en asuntos medioambientales,
David Russell, para que generara una cifra por daños y perjuicios inflada de US$ 6.000 millones,
la que nunca presentaron en Lago Agrio; en vez de eso, hicieron alardes sobre dicha cifra ante
la prensa y, a través de la co-conspiradora Amazon Watch, la presentaron a la Comisión de
Valores y Bolsa de los Estados Unidos en un intento de provocar una investigación en
conformidad con la ley Sarbanes-Oxley. Además, hicieron arreglos para la designación de
Richard Stalin Cabrera Vega (“Cabrera”) como el perito único de la corte ecuatoriana para llevar
a cabo un “peritaje global”. Se reunieron entonces secretamente con Cabrera para planear su
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