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expresamente liberadas también incluían toda “causa de acción bajo el Artículo 19-2 de la
Constitución Política [de 1978] de la República de Ecuador”, lo que, como se trató en el párrafo
43, supra, colocaba el “deber del Estado” de “tutelar la preservación de la naturaleza” y
garantizaba a todos los ecuatorianos “[e]l derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación”. El Acuerdo de Conciliación de 1995 fue firmado por Abril Ojeda, Ministro de
Energía y Minas del Ecuador; Federico Vintimilla Salcedo, presidente ejecutivo de Petroecuador;
Ricardo Reis Veiga, vicepresidente de TexPet; y Rodrigo Pérez Pallares, representante jurídico
de TexPet.
51. El Acuerdo de Conciliación de 1995 también obligaba a TexPet “a continuar las
negociaciones” con ciertas municipalidades en la parte este del Ecuador que también habían
interpuesto demandas en contra de la compañía. Mediante la presentación de demandas
esencialmente idénticas, las municipalidades de Joya de los Sachas, Orellana, Shushufindi y
Lago Agrio habían demandado cada una por separado a TexPet en 1994 para proteger “la salud
de [sus] ciudadanos, a los ríos de [sus] comunidades”. Estas municipalidades afirmaban estar
cumpliendo sus obligaciones cuasi soberanas de ayudar a la República a satisfacer sus
obligaciones medioambientales para con todos los ciudadanos, y para ejercer su propia capacidad
de “llevar a cabo actos jurídicos” necesarios para proteger las “necesidades colectivas de [su]
comunidad” de los habitantes, especialmente aquellas necesidades concernientes a la salud y el
medio ambiente.
52. Como contraprestación al financiamiento por parte de TexPet de los “obras de
interés social” especificados, cada una de las demandas de las municipalidades fue conciliada en
1996, “eximi[endo], libera[ndo], exonera[ndo] y releva[ndo] para siempre ” de manera similar a
Texaco y TexPet “de cualquier responsabilidad, demanda, exigencia, solicitud o reclamación,
pasada, actual o futura, por cualquier y todo concepto relacionado con” las operaciones del
consorcio, “de manera especial en lo relacionado con afectaciones que pudieren haberse
ocasionado al medio ambiente en la referida jurisdicción cantonal de la Municipalidad”. Las
partes también convinieron expresamente que “de conformidad con lo previsto en el Artículo
[CERT.GEOTEXT VER: JD] 29