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325. El 14 de febrero de 2011, la corte de Lago Agrio hizo exactamente eso cuando
anunció su fallo, adjudicando $8.650 millones en supuestos daños y perjuicios, otros $865
millones además de los daños y perjuicios al Frente como representante de los demandantes de
Lago Agrio, y $8.650 millones en daños punitivos, todos los cuales no están respaldados por
leyes o pruebas. De acuerdo con la estrategia de larga data de los conspiradores, el laudo es
menor que las cantidades reclamadas por los Demandados RICO, para así permitir que los
Demandados RICO argumenten que la sentencia fue supuestamente justa porque el tribunal
“eliminó la mayor parte”. A primera vista, la sentencia confirma que no fue producto de nada
que se asemeje a un proceso justo y, al contrario, se propone imponer una responsabilidad récord
sobre Chevron sin siquiera la simulación de un fallo de que Chevron en realidad causó daño
alguno. Al rechazar la dependencia de Cabrera, la sentencia por necesidad se basó en el
fraudulento informe de Cabrera (la única “prueba” de causación en la causa) y en los informes de
los otros “nuevos” peritos de los Demandados RICO, tales como Allen, Shefftz y Barnthouse,
cuyos informes fueron diseñados por los Demandados RICO y sus co-conspiradores para
“blanquear” el Informe Cabrera y quienes han reconocido basarse en el Informe Cabrera, en
lugar de llevar a cabo sus propios análisis independientes. La sentencia además impuso otros
$8.650 millones como daños “punitivos”, aunque el derecho ecuatoriano no permite los daños
punitivos y los Demandantes de Lago Agrio ni siquiera solicitaron tales daños en su demanda. La
corte de Lago Agrio declaró que eliminaría la “penalidad punitiva” contra Chevron si Chevron
presentase una “disculpa” pública tanto en la prensa en el Ecuador como en los Estados Unidos,
reconociendo efectivamente su responsabilidad, dentro de los quince días a partir de la sentencia.
El objetivo aparente de esta multa fue de coaccionar una confesión injustificada de
responsabilidad por parte de Chevron al hacer que el costo de una apelación monte a $8.650
millones, para que Chevron no pudiera apelar con éxito alguno u objetar a su ejecución más
adelante. Además, la sentencia ignoró las pruebas incontrovertibles de Chevron sobre la
inconducta de los Demandados RICO, incluyendo los fraudes de Calmbacher y Cabrera.
[CERT.GEOTEXT VER: JD] 145