fideicomiso financiero cédulas hipotecarias argentinas, serie x 2009-2

la aplicación del Encaje al ingreso de fondos destinados a alguno de los fines previstos en los incisos b),
c), d) y e) del Artículo 27 de la citada ley.
No puede asegurarse que en el futuro no se adopte una política cambiaria más estricta que la actual,
afectando la posible negociación de los Valores Fiduciarios.
Para un mayor detalle sobre las restricciones cambiarias y de controles de ingreso de capitales, se sugiere
a los inversores consultar con sus asesores legales y dar una lectura completa del Decreto 616 y la
Resolución Nº 637/2005 con sus reglamentaciones y normas complementarias, a cuyo efecto los
interesados podrán consultar las mismas en el sitio web del Ministerio de Economía http://infoleg.gov.ar,
o el del BCRA http://www.bcra.gov.ar, según corresponda.
Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
La Ley Nº 25.246 tipifica el lavado de activos como un delito bajo el Código Penal Argentino, que se
configura cuando una persona convierte, transfiere, administra, vende, grava o aplica de cualquier otro
modo dinero o cualquier otro activo proveniente de un delito en el cual esa persona no ha participado,
con el posible resultado de que el activo original o subrogante pueda aparecer como de origen legítimo,
siempre que el valor del activo supere los $ 50.000, ya sea que tal monto resulte de una o más
transacciones vinculadas entre sí.
Se atribuye la responsabilidad de controlar estas transacciones delictivas no sólo a los organismos del
Gobierno sino que también se asignan determinadas obligaciones a diversas entidades del sector privado,
tales como bancos, agentes y sociedades de bolsa, y compañías de seguros, según las regulaciones de la
Unidad de Información Financiera (“UIF”) y, en el caso de entidades financieras, del BCRA. Estas
obligaciones consisten básicamente en tener políticas y procedimientos tendientes a la prevención del
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, fundamentalmente en lo atinente a la aplicación de la
política “conozca a su cliente”.
Entre otros recaudos, cada entidad financiera debe constituir un "Comité de control y prevención del
lavado de dinero" y designar un funcionario de máximo nivel como responsable de la prevención del
lavado de dinero a cargo de centralizar cualquier información que el BCRA y/o la UIF puedan requerir.
Además, las entidades financieras deben informar a la UIF cualquier transacción que parezca sospechosa
o inusual, o a la que le falte justificación económica o jurídica, o que sea innecesariamente compleja, ya
sea realizada en oportunidades aisladas o en forma reiterada.
La Ley Nº 25.246, fue modificada por las Leyes Nº 26.087, Nº 26.119 y Nº 26.268, y reglamentada por
diversos decretos del Poder Ejecutivo Nacional, Resoluciones de la UIF, Comunicaciones del BCRA y
normas reglamentarias emitidas por la CNV vinculadas con la materia y recopiladas en el Capítulo
XXII del Libro 6 de las Normas de la CNV.
Recientemente, la CNV dictó la Resolución General Nº 554/09 en virtud de la cual dispuso que los
agentes y sociedades intermediarias en el mercado, las emisoras, los fondos comunes de inversión, los
fiduciarios y los colocadores, entre otros actores del mercado de capitales, sólo podrán dar curso a las
operaciones previstas dentro del ámbito de la oferta pública, cuando éstas sean efectuadas u ordenadas
por sujetos constituidos, domiciliados o que residan en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados
asociados que no figuren incluidos dentro del listado de países de nula o baja tributación del Decreto Nº
1344/98. Asimismo, dispone que intermediarios registrados en una entidad autorregulada bajo control y
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