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mediante el uso de la intimidación, la violencia, la corrupción u otros medios
a fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de otro
orden material. La definición del Consejo de Europa bebe de la establecida
por la Convención de la ONU. Como puede observarse, ambas definiciones
plantean un mínimo número de miembros para poder considerar que existe
un grupo de crimen organizado, en este caso, tres personas.
Albini (1971; ref. Lampe, s.d.) fue uno de los primeros autores en sugerir una
definición de grupo de crimen organizado que planteaba un número mínimo de
componentes. En su caso, un grupo de delincuencia organizada debía incluir,
al menos, a dos individuos. Briggs (2010) comparte dicho planteamiento. Sin
embargo, los organismos oficiales como, por ejemplo, el Gobierno de Canadá
(2011) entienden que, al menos, el grupo debe de estar formado por tres personas.
De la Corte y Giménez-Salinas (2010) recuerdan las críticas de diversos
autores a la definición de la Convención de la ONU, tanto por excluir su relación
con la violencia y la corrupción, como por plantear el requisito de que deban
ser tres las personas que, como mínimo, formen un grupo. En efecto, parece
que el concepto de crimen organizado debería referirse a aquellos delitos con
fuerte repercusión social, lo que, en parte, puede contradecirse con la visión
de un grupo formado por tan solo tres personas.
Otra forma de definir un concepto es por las diferencias que muestra
respecto a otros de carácter similar. Así, algunos autores han profundizado
en las características de la delincuencia organizada que la hacen específica
y diferente respecto a otro tipo de delitos. Por ejemplo, Kelland (1987; ref.
Lampe, s.d.) entiende que, mientras que la mayoría de los delitos son escasamente
planificados, suelen ser violentos y su recompensa económica no
es alta, el crimen organizado es cometido por individuos racionales e inteligentes,
está bien planificado y se dirige a obtener una enorme ganancia
económica.
Naylor (1997) señala las diferencias entre el crimen organizado y otro
tipo de delitos tomando en consideración seis aspectos: el tipo de transacciones
realizadas, las relaciones establecidas, el modo en que se produce el
intercambio, las víctimas de dicho delito, el tipo de moralidad y las políticas
públicas llevadas a cabo para luchar contra ambos tipos de delitos (tabla
1). De esta forma, este autor considera que el crimen organizado da lugar a
la producción de nuevos bienes y servicios (prostitución, tráfico de drogas,
juego…) que se distribuyen mediante intercambios multilaterales, realizados
por consenso, ya que cuenta con la complicidad de miembros legítimos de la
sociedad. Se puede considerar como víctima del delito a toda la sociedad (en
realidad, a la parte no beneficiada de la delincuencia organizada) siendo la
moralidad poco definida. Las políticas públicas contra el crimen organizado
se centran en perseguir a estos grupos e interceptar el contrabando de sus
mercancías. Por el contrario, los delitos no relacionados con la delincuencia
organizada pretenden redistribuir la riqueza existente, mediante una transferencia
bilateral, en un intercambio que es involuntario y que afecta a individuos
o empresas. El fin de las políticas públicas es perseguir al delincuente
y restituir la propiedad a la víctima.
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