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organización de individuos que producen o suministran esos bienes y servicios
y a unos funcionarios públicos corruptos que protegen a estas personas en su
propio beneficio. Block (1983; ref. Lampe, s.d.) también observa el fenómeno
del crimen organizado de modo crítico al considerarlo como un sistema social
que se compone de relaciones que vinculan a delincuentes profesionales, políticos,
funcionarios responsables de hacer cumplir la ley y empresarios.
No obstante, como sugiere Finckenauer (2005), una definición es necesaria
no solo desde el punto de vista legal o para concretar las políticas públicas a
aplicar sino también para favorecer el ámbito de la investigación del fenómeno
del crimen organizado. Ya Maltz (1976; ref. Lampe, s.d.) advirtió del problema
semántico que implica denominar a un comportamiento o acto específico como
crimen organizado cuando, en general, nos referimos con dicho concepto a un
grupo de personas: un crimen organizado es un crimen en el que hay más de
un delincuente, y los delincuentes pretenden permanecer asociados con otros
con el fin de cometer delitos. En un trabajo posterior, Maltz (1994) fundamentó
la necesidad de obtener una clarificación conceptual en cuatro tipos de argumentos.
En primer lugar, razones legales, dado que, por ejemplo, la ley que dio
lugar en 1975 al grupo de trabajo de crimen organizado del Estado de Nueva
York fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de dicho Estado
por no definir «crimen organizado». Una segunda razón es que una definición
nos permitiría una medición científica del fenómeno. Asimismo, nos ayudaría
a identificar cuántos recursos públicos y de qué forma deberían ser dedicados
para luchar contra el crimen organizado dado que, de lo contrario, no podremos
conocer si nuestra lucha contra el mismo está obteniendo sus frutos o no. La
tercera razón es de índole territorial, dado que permitiría establecer criterios
para decidir si un caso debe ser investigado por las agencias de seguridad
locales, estatales o federales y evitar así que varias de ellas reclamen indebidamente
su jurisdicción sobre un caso. La cuarta razón que alega Maltz, retomada
posteriormente por Finckenauer (2005), hace referencia a la comprensión del
fenómeno, con el fin de investigar su crecimiento y evolución tanto en su propio
país, Estados Unidos, como en otros lugares.
Pero también Maltz (1994) afirma estar más preocupado por encontrar un
patrón que permita determinar si nos encontramos o no ante un fenómeno de
crimen organizado que por obtener un concepto que defina legalmente si es
o no un delito. Las dificultades para lograr una definición acertada provienen,
según este autor, de un hecho clave relacionado con nuestra propia percepción
de la realidad. Cuando nos referimos a un incidente cuya descripción se ajusta
a la definición legal de un delito e incluye violencia, entendemos que estamos
ante un crimen violento, un subconjunto de todos los delitos. Sin embargo, no
concebimos el crimen organizado como otro subconjunto similar sino que
consideramos que un hecho se adapta a la definición de crimen organizado si
concurren otros factores como que la persona que ha cometido el delito forme
parte de una empresa criminal o por la descripción de las circunstancias que
rodean al delito.
Otro problema, como indica Resa (2003), es que, a menudo, los autores
suelen sobreestimar en sus propuestas de definición aquellas características
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