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pueden acabar alimentando el propio conflicto somalí, ya sea financiando las
operaciones de los contendientes o mediante el contrabando de armas.
También los países de la región del Cuerno de África ven amenazada su
seguridad por la presencia de la piratería somalí. Las aguas de prácticamente
todos los países cuyas costas bañan el Índico occidental han sido visitadas por
los piratas. En aquellos países, como Seychelles, cuya economía es muy dependiente
del sector pesquero o del turístico los efectos en la estabilidad política
y social pueden ser notables. Los sectores turísticos de Mauricio o Maldivas
podrían ser los próximos en sufrir de modo más intenso la piratería somalí, si
se acentúa la expansión geográfica de la zona de operaciones de los piratas. En
otros países, como Yemen, enfrascado en una guerra contra sus propios grupos
insurgentes y con las autoridades políticas cada vez más deslegitimadas por
la influencia de las manifestaciones de la primavera árabe de 2011, la piratería
somalí resulta una fuente de problemas, que obliga a desviar recursos y
atención hacia el mar, a pesar de los enormes problemas existentes en tierra.
8.3. La adecuación de las actuales respuestas a la naturaleza del conflicto
8.3.1. Respuestas legales
El Derecho internacional regula de manera poco apropiada tanto la definición
de piratería marítima como su represión. La Convención de Ginebra sobre
la Alta Mar, la CONVEMAR y la IMO no consideran actos de piratería aquellos
ocurridos contra buques o personas dentro de las aguas interiores y del mar
territorial de un Estado y sí entiende que lo son si se producen en el resto de las
aguas, sean internacionales o formen parte de la ZEE de un Estado. El elemento
relevante para la calificación de un delito como de piratería es el lugar donde
se produce. El Derecho internacional sobreentiende que los Estados costeros
disponen de medios suficientes para reprimir los actos violentos contra las
personas y los bienes que se produzcan en sus aguas territoriales y no previó
casos en los que esto no fuera así. Pero, obviamente, en Estados fallidos como
Somalia las autoridades centrales han demostrado una evidente incapacidad
para perseguir a los piratas.
Además, el Derecho internacional no otorga capacidades a los Estados para
reprimir la piratería. Como consecuencia, los países solo pueden detener a los
piratas en aguas internacionales y procesarlos siempre y cuando tengan recogido
en su código penal el delito de piratería. En agosto de 2009 el NAVCENT
informó que desde enero de ese mismo año, la CTF 151 y el resto de fuerzas
navales habían localizado 527 piratas, 282 de los cuales fueron desarmados y
liberados, 235 fueron procesados y 10 murieron. Destaca sobremanera el alto
número de piratas liberados. Dado que cualquier modificación en las convenciones
internacionales requiere de años de negociaciones y ratificaciones
por los Estados hasta que se logra que entren en vigor, no cabe prever en
estos momentos cambios en la regulación internacional del delito de piratería
marítima que puedan tener un efecto a corto plazo sobre este fenómeno. Por
ello, se considera que solo la regulación legislativa en los ámbitos nacional o
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