amenaza_pirateria.pdf

que la Secretaría General del Mar francesa estudiaba dicha opción. Esto se produce
en un marco más amplio de reforma de la legislación de seguridad privada
en Francia. Según informaba Intelligence Online el 6 de enero de 2011, en lugar
de proponer la elaboración de nuevas leyes, como había previsto inicialmente, el
Secretariado General de la Defensa y de la Seguridad Nacional francesa preveía
una simple modificación de la Ley 83-629 de 1983 sobre las actividades de seguridad
privada. Se insertaría un artículo por el cual se crearía un nuevo estatuto, el
de la empresa militar privada (société militaire privée), ante la preocupación mostrada
por el Ministerio del Interior francés, responsable de expedir las licencias
sobre el tema, de no disponer de medios para llevar a cabo las comprobaciones
necesarias entre los candidatos, sobre todo, si provienen de firmas extranjeras,
como suele ser el caso de las empresas que operan en zonas de guerra. Sólo un
puñado de consultores franceses ofrece actualmente prestaciones de seguridad
marítima, siendo la firma Triskel, con sede en Londres, la más activa. Triskel está
dirigida por los franceses Massimo Cauca y Gilles Capelle, y opera desde Yibuti
para varios armadores, como la naviera italiana Massilia a la que escolta por el
golfo de Adén, así como a buques cisterna que operan desde Yemen y Omán. A
pesar de que Yibuti se encuentra estratégicamente situada entre el mar Rojo y el
golfo de Adén, la mayoría de empresas de seguridad privada prefieren operar
desde Dubai, más accesible. Otra empresa francesa de seguridad, recién llegada
al negocio es Gallice, sociedad codirigida por Gilles Sacaze, Frédéric Gallois
et Luc Vaireaux, quienes han adquirido recientemente un barco tipo golondrina
de 21,5 metros de la aduana francesa, de nombre Libecciu, y tienen planes para
llevar a cabo escoltas armadas en el océano Índico desde Madagascar. Gallice
firmó en junio de 2009 un acuerdo con la guardia costera de Somalilandia para
desplegar patrullas conjuntas en el golfo de Adén. Otra empresa francesa que
también dispone de sus propios barcos es ProLarge, dirigida por el ex infante
de Marina, Hervé Allaire. Según la noticia, ProLarge debía enviar víveres y medicamentos
para la Cruz Roja francesa al puerto libio de Misrata en plena guerra
civil entre Gadafi y los rebeldes libios.
Pero el también francés Centre d’Etudes et de Recherche de l’Ecole Militaire
plantea una posición crítica sobre el papel de las empresas de seguridad
privada. En su opinión, lo que hacen los Estados que autorizan la actuación
de estas empresas es conceder patentes de corso para hacer la guerra a los
piratas. Y menciona explícitamente el hecho de que en el año 2007 la sociedad
Pistris Incorporated fue capacitada para armar dos buques de 65 metros de
eslora, dotados cada uno con un helicóptero, embarcaciones ligeras capaces
de alcanzar los 50 nudos de velocidad, una dotación de 50 efectivos y enlace a
satélites militares de observación. Su fin: luchar contra la piratería en el océano
Índico (CEREM, 2009).
Chalk, Smallman y Burger (2009) reconocen que en el ámbito internacional
la industria naviera no se ha mostrado muy partidaria del embarque de agentes
de seguridad armados. Además de su alto coste, su empleo plantea ciertos
problemas. En primer lugar, algunos países ribereños de la región no permiten
que los buques entren en sus aguas territoriales si llevan armas a bordo. Sin
embargo, parece notarse aquí la influencia y las negociaciones llevadas a cabo
por Washington con los países de la región, tal y como, por otra parte, se anunció
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