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defensa de ciudadanos que trabajan en territorio español», subrayaron. A su
juicio, esta «desviación» de la responsabilidad del Estado en la defensa de sus
intereses nacionales y de los ciudadanos que trabajan en territorio nacional
supone dejar en manos de terceros esta garantía de seguridad y abrir la puerta
a la creación de empresas de mercenarios. A pesar de que los armadores
declaran estar poco dispuestos a contratar seguridad privada, el Gobierno
acabó aprobando la nueva normativa en otoño de 2009 y comprometiéndose
a sufragar el 25% de su coste. El Gobierno vasco abonaría otro 25%.
Apenas una semana después del secuestro del Alakrana, el diario El País
confirmó el 8 de octubre que, a pesar de las declaraciones realizadas el 26 de
septiembre por las asociaciones de armadores vascos, «en los próximos días,
al menos, siete atuneros vascos que faenan en el Índico embarcarán cada uno
a cuatro ex militares armados con fusiles de asalto, pistolas y una ametralladora
para repeler los ataques de piratas somalíes». Se trata de barcos que navegan
bajo bandera de Seychelles, por lo que no tienen que ceñirse a la legislación
española. Una de las empresas contratadas por los armadores vascos es la británica
Minimal Risk, que cobrará más de 55.000 euros al mes por la protección de
cada buque. Minimal Risk provee servicios de protección y consultoría en todo
tipo de escenarios. Suele trabajar en Irak, donde, según El País, «efectuó labores
de protección para la BBC en Basora y ayudó a la empresa logística DHL tras la
caída del régimen de Saddam Hussein en 2003». Los barcos protegidos son el
Erroxape, el Demiku y el Xixili de Echebastar, propietaria del buque secuestrado,
el Alakrana; los Intertuna I y II (Albacora); el Artza (Atunsa) y el Txori Aundi
(Inpesca). Para sacarle el mayor provecho a esta protección, «los armadores
barajan que los buques no protegidos naveguen en tándem con los atuneros
que lleven seguridad privada» 24 . La posición del Gobierno español respecto a
la protección de los atuneros vascos ha sido la misma desde que los armadores
plantearan la posibilidad de embarcar en los atuneros infantes de Marina. El
Ejecutivo ha rechazado dicha opción tanto por los cambios legales que exige
en la Ley Orgánica de Defensa Nacional como por razones operativas, ya que
considera que la presencia española en la zona no permite realizar semejante
despliegue, a diferencia de Francia que posee la más importante base militar
extranjera en África, situada en Yibuti. Eso sí, el Gobierno español aceptó
algunas de las peticiones de los armadores como permitir que los vigilantes
de seguridad privada de empresas españolas puedan llevar armas de mayor
calibre y alcance para hacer frente a los fusiles de asalto y lanzagranadas que
suelen utilizar los piratas.
Parece que dicha posición gubernamental coincide con la mantenida, al
menos, por parte de los altos mandos militares españoles, que consideran más
efectiva la contratación de seguridad privada a bordo de los atuneros. El 27
de abril de 2009, cuando el debate todavía no había llegado a los medios de
comunicación españoles, el diario El País preguntó a Juan Garat, comandante
de la fuerza de la operación EU NAVFOR/Atalanta durante la rotación española,
24 «Cada atunero pagará más de 55.000 euros al mes por llevar mercenarios», El País, 8 de
octubre de 2009.
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