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integridad territorial y a los derechos que sobre sus recursos naturales tiene<br />

Somalia, y los países participantes aseguraron que los buques que navegan<br />

bajo sus banderas respetan esos derechos 6 .<br />

A falta de aprovechamiento interno de los recursos pesqueros, durante años<br />

han llegado a las aguas somalíes pesqueros de Francia, España, Corea del Sur,<br />

Grecia, Reino Unido, Ucrania, China, Taiwán, Yemen, Arabia Saudí, Rusia, India,<br />

Egipto, Pakistán, Japón o Belice, muchos de ellos con banderas de conveniencia<br />

para eludir las distintas normativas existentes sobre límites de capturas,<br />

entre ellas, las de la Unión Europea (Coffen-Smout, 2009; Waldo, 2009). Waldo<br />

(2009) estima en más de 450 millones de dólares los beneficios producidos<br />

por la pesca de atunes, langostas, camarones y otras especies por pesqueros<br />

extranjeros en aguas de Somalia. Este tipo de pesca se suele denominar ilegal,<br />

no declarada y no reglamentada o IUU, por sus siglas en inglés (Illegal,<br />

Unreported and Unregulated). Según Waldo (2009) solo en 2005 había más de<br />

800 pesqueros ilegales en aguas de Somalia. Este autor identifica incluso por<br />

su nombre los barcos que entre los años 1991 y 1999 fueron capturados por<br />

pescadores somalíes. La lista incluye los taiwaneses Yue Fa nº 3, Chian Yuein nº.<br />

232, Shuen Kuo nº 11, los italianos Airone, De Giosa Giuseppe y Antonietta y el<br />

keniata Bahari Hindi. A la lista se suman pesqueros coreanos, ucranianos, indios,<br />

egipcios y yemeníes, mientras que «muchos cerqueros españoles, infractores<br />

frecuentes» lograron evadir su captura en varias ocasiones. Se trata, con todo, de<br />

un problema regional. Mays (2007) estima que Mozambique y Tanzania pierden<br />

más de 1.000 millones de dólares al año como resultado de la pesca ilegal, la<br />

destrucción de arrecifes y el agotamiento de muchas especies. Sin embargo,<br />

la actuación de los piratas somalíes y su cada vez mayor radio de acción, que<br />

ya llega hasta las proximidades de India, parece haber reducido en parte las<br />

posibilidades de desarrollar la pesca ilegal en sus aguas.<br />

Weir (2009) sugiere que ante la falta de respuesta de la comunidad internacional,<br />

los pescadores somalíes se organizaron en bandas locales de «guardacostas»<br />

para proteger sus medios de subsistencia y los recursos marinos<br />

de Somalia. Abordaban buques extranjeros y exigían una indemnización por<br />

los peces capturados. Muchos armadores negociaron con señores de la guerra<br />

locales para obtener «licencias de pesca», que eran ilegales dado que los<br />

clanes no tenía autoridad legal para emitirlas. El GSS elaboró un informe en el<br />

año 2006, en el que se afirma que «varios caudillos y dirigentes de la administración<br />

local se han dado cuenta hace tiempo de que la explotación comercial<br />

de las pesquerías somalíes y la concesión de permisos de pesca a extranjeros<br />

(empresas y particulares) son lucrativas». Asimismo, se afirma que el Grupo de<br />

Supervisión tiene en su poder un permiso de pesca comercial expedido por<br />

la «Dirección Nacional de Pesquería del Estado de Jubalandia», región del sur<br />

somalí, a una empresa pesquera comercial, propietaria del barco pesquero<br />

6 Participaron en dicha reunión los siguientes países y organizaciones internacionales:<br />

Australia, China, Dinamarca, Yibuti, Egipto, Francia, Alemania, Grecia, India, Italia, Japón, Kenia,<br />

Corea del Sur, Holanda, Omán, Rusia, Arabia Saudí, Somalia, España, Turquía, Emiratos Árabes<br />

Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Yemen, la Unión Africana, la Unión Europea, la OTAN, el<br />

Secretariado de la ONU y la Organización Marítima Internacional.<br />

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