BOLETÍN MENSUAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Nº 88

Boletín Mensual
N ° 8 8
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Relatoría
En este boletín se destacan algunos de los pronunciamientos del Tribunal Administrativo
de Boyacá proferidos en las diferentes acciones constitucionales, ordinarias y especiales.
“Cuatro características corresponden al juez: Escuchar
cortésmente, responder sabiamente, ponderar
prudentemente y decidir imparcialmente.”
Sócrates

Boletín Mensual
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C o n t e n i d o :
P opular
Popular 3
T utela
Tutela
8
Nulidad y restablecimiento
del derecho 12
Reparación Directa 14
Repetición 21
Ejecutivo 23
ulidad y restablecimiento del
N derecho
eparación directa
R
R epetición
E jecutivo
Validez de acuerdo
Municipal
27
alidez acuerdo municipal
V
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CONSULTE LA
PROVIDENCIAS
PROVIDENCIA
VIDEOS
respectivamente la providencia, el
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radicación de cada proceso para consultar la providencia
audiencia .
SENTENCIAS
DE INTERÉS

P á g i n a 3
POPULAR
MAGISTRADO: Dr. JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO
PROVIDENCIA: Auto de fecha 29 de mayo de 2018.
ACCIÓN: POPULAR
ACCIONANTE: YESID FIGUEROA GARCÍA
DEMANDADO: MUNICIPIO DE CUCAITA Y OTROS
RADICACIÓN: 15001233300020180016100
DESCRIPTORES – Restrictores:
ACCIÓN POPULAR - Términos para notificación y contestación de la demanda.
ACCIÓN POPULAR - El término de 10 días de traslado de la demanda en las acciones populares
comienza una vez vencidos los 25 días establecidos en el artículo 197 del C.P.A.C.A
TESIS:
"Si el hombre fracasa
en conciliar la justicia
y la libertad, fracasa
en todo."
Albert Camus
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con ponencia del Magistrado
Oswaldo Giraldo López, en providencia del ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018),
radicación: 25000-23-42-000-2017-03843-01 (ac), asumió posición unificada de la Sala en torno a
los plazos previstos para contestar la demanda en la acción popular, así: (…). Bajo la óptica jurisprudencial
del máximo Contencioso Administrativo, la notificación personal del auto admisorio de la demanda
en la acción popular, debe realizarse mediante mensaje dirigido a buzón electrónico conforme
el artículo 197 del CPACA, modificado por el artículo 612 del CGP; y por tanto, las copias de la
demanda y sus anexos quedarán en la Secretaría a disposición del o los notificados, para surtir el
término común de 25 días y posteriormente corre el traslado de los diez (10) días, a que se refiere el
artículo 22 de la Ley 472 de 1998. Descendiendo en el asunto, es viable señalar que la controversia
se reduce a determinar si el auto admisorio de la demanda proferido el 14 de marzo de 2018, omitió
el término común de veinticinco (25) días concedido en el artículo 612 del CGP, que se cuentan después
de surtida la última notificación y previo el término de diez (10) días para que se conteste la
demanda conforme lo contempla la Ley 472 de 1998. En ese sentido, revisado el auto recurrido,
advierte el Despacho que las órdenes emitidas están ajustadas al marco normativo de aplicación en
el sub examine. Nótese que en lo que respecta a la notificación de la Agencia Nacional de Infraestructura,
el numeral segundo de la parte resolutiva, así como los demás numerales con efectos de
notificación, dispusieron claramente que la notificación personal se haría conforme el artículo 21 de
la Ley 472 de 1998, aplicando por remisión los artículos 197 y 199 del CPACA, modificado por el
artículo 612 del CGP, para surtirse mediante mensaje dirigido al buzón de correo electrónico para
notificaciones judiciales dispuesto para tal efecto por la entidad, sin que se pueda interpretar de
manera restrictiva su aplicación, pues se dispuso que las copias de la demanda y sus anexos se quedarían
en la Secretaría a disposición de los notificados, es decir, que la notificación se complementaria,
de acuerdo a lo contemplado en el inciso 5 del artículo 612 del CGP, agotándose los veinticinco
(25) días de que trata el artículo 199 del CPACA previo el traslado para contestar la demanda. Ninguna
otra interpretación le cabe a este presupuesto de notificación, pues la aplicación de la normativa
debe ser íntegra, so pena de quedar sesgada la notificación y los términos conferidos para que
las partes conozcan del auto admisorio de la demanda. No obstante lo anterior, debe advertir el
Despacho que dentro del impulso surtido para el cumplimiento del auto admisorio, se incurrió involuntariamente
en un error secretarial, pues obra constancia del término de traslado, que inicia el 10
de abril de 2018, es decir, el día inmediatamente siguiente la notificación por buzón electrónico a los
demandados y hasta el 23 de abril de la misma anualidad, cuando debió correrse el término común
de 25 días después de la última notificación; y además se dice, que es traslado de pruebas, cuando
lo era de la contestación de la demanda (fl. 111). Lo anterior, le hizo presumir al recurrente, que el
término de veinticinco (25) días dispuesto por el artículo 612 del CGP, no había sido concedido y por
ello, el auto de admisión de la demanda fue objeto de recurso de reposición. En esa medida, se hace
necesario aclarar el numeral décimo tercero, en el sentido que el traslado de los diez (10) días a que
se refiere el artículo 22 de la Ley 472 de 1998, sólo comenzará a correr al vencimiento del término co-
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mún de veinticinco (25) días después de la última notificación, en los términos del artículo 199 del CPACA,
modificado por el artículo 612 del CGP.
DESCRIPTORES – Restrictores:
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN SENTIDO MATERIAL - No incumbe estudiarla en la admisión de la demanda.
TESIS:
De lo expuesto hasta el momento, debe señalar el Despacho que la comparecencia al proceso, depende
de la capacidad que goce de la persona natural o jurídica identificada como presunta responsable, y
allí donde se establece facultad del juez para establecer en el auto admisorio de la demanda, la capacidad
para ser parte, contrario a lo que pretende el recurrente, cuando alega que debe ser desvinculado
por no tener competencia frente a los requerimientos de la acción popular, pues ello sería atender a
la legitimación en la causa en sentido material de la causa, lo cual no incumbe a esta etapa procesal.
En otra palabra, tan solo es permitido que el juez al momento de estudiar la admisibilidad de la demanda,
viabilice la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio
de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de
una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien
cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está
legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión,
resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda,
lo cual ocurrió en el sub examine, sin que se pueda resolver sobre la desvinculación solicitada al momento
de estudiar la admisión de la demanda como lo pretende el recurrente. En ese orden de ideas,
se puede concluir que el recurso interpuesto por el apoderado de la Agencia Nacional de Infraestructura
contra el auto que admitió la demanda no se repondrá, toda vez que al momento de estudiarse la
admisión de la demanda, se acreditó la capacidad para ser parte y por tanto para comparecer al proceso.
MAGISTRADO: Dr. OSCAR ALFONSO GRANADOS NARANJO
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 13 de junio de 2018.
ACCIÓN: POPULAR
ACCIONANTES: NELSON OMAR QUINTERO DÍAZ
DEMANDADO: MUNICIPIO DE TUNJA Y PROVISOCIAL S.A.S
RADICACIÓN: 15001333301420150016501
DESCRIPTORES – Restrictores:
ACCIÓN POPULAR - Procedencia para ordenar la intervención de vías y espacios públicos en urbanización.
CESIONES OBLIGATORIAS GRATUITAS - Se constituyen en una contraprestación que se radica en
cabeza de los propietarios de terrenos, al momento de solicitar el correspondiente permiso para
realizar procesos de urbanización o edificación en el municipio.
ACCIÓN POPULAR - Vulneración de derechos colectivos al uso y goce del espacio público, al goce de
un ambiente sano y a la seguridad y salubridad pública por omisión en la efectiva cesión de los predios
por parte de empresa constructora.
TESIS:
Descendiendo al caso concreto encuentra la Sala que el problema jurídico a resolver en el presente
asunto, tiene que ver con determinar si los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y goce del
espacio público de los habitantes del barrio Ciudadela Sol de Oriente se encuentra vulnerado por la
acción u omisión de parte del Municipio de Tunja y la constructora PROVISOCIAL S.A.S., derivada de la

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"Si el hombre fracasa
en conciliar la justicia
y la libertad, fracasa
en todo."
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falta de intervención de las vías y espacios públicos de dicho sector. Para el efecto se deberán determinar
las responsabilidades que le asisten tanto al Municipio de Tunja como a la Constructora PRO-
VISOCIAL S.A.S., particularmente en cuanto a la cesión obligatoria gratuita de las áreas requeridas
para vías públicas tanto peatonales como vehiculares y si la omisión de tal cesión ha sido la fuente
generadora de la afectación de los derechos colectivos de los habitantes del Barrio Ciudadela Sol de
Oriente de la ciudad de Tunja. (…)Una vez precisados los cargos propuestos por los apelantes en
contra de la sentencia de primera instancia, evidencia la Sala que el asunto se centra fundamentalmente
en la figura de la cesión gratuita obligatoria que estaba en la obligación de realizar la empresa
Constructora de Vivienda Social PROVISOCIAL S.A.S., a favor del Municipio de Tunja, razón por la
cual tal como se indicó en precedencia, a continuación se verá analizar las responsabilidades que a
cada uno, les asisten al respecto. Para el efecto, de acuerdo con las pruebas allegadas al plenario, la
Sala encuentra probados los siguientes hechos: - En primer lugar se encuentra probado que a la
empresa Constructora Promotora de Vivienda Social PROVISOCIAL, le fueron concedidas licencias de
urbanismo en los años 2005, 2009 y 2010, cuyo objeto fue la construcción de la urbanización Ciudadela
Sol de Oriente, ubicada en la carrera 4 con calle 4 de la ciudad de Tunja. -Desde la terminación
del barrio Ciudadela Sol de Oriente por parte De PROVISOCIAL, éste ha sido objeto de continuas
inundaciones derivadas de la obstrucción y colmatación de los sumideros existentes para la evacuación
de las aguas lluvias. -De acuerdo con diferentes informes rendidos por la empresa PROACTIVA
Aguas de Tunja S.A. E.S.P., los problemas de inundación de la Ciudadela Sol de Oriente están relacionados
mayoritariamente a la falta de pavimentación y mal estado de las vías de dicha urbanización,
circunstancia que genera el arrastre de solidos que taponan los sumideros existentes. - A la fecha, la
empresa PROVISOCIAL no ha procedido a realizar la cesión efectiva de las vías, parques y en general
áreas comunes de la Urbanización Ciudadela Sol del Oriente a favor del Municipio de Tunja, tal como
lo afirma el Secretario de Infraestructura del municipio y es reconocido expresamente por los
apoderados en el recurso de apelación. - De igual forma se encuentra probado que la empresa PRO-
VISOCIAL S.A.S., a través de la Resolución No. 0007 de 10 de octubre de 2016, fue objeto de posesión
de sus negocios, bienes y haberes para lo cual se designó un agente especial interventor. - De acuerdo
con lo manifestado por los accionantes, lo cual es corroborado por los informes de la empresa
PROACTIVA Aguas de Tunja, así como por la Personería del Municipio de Tunja, las vías y espacios
públicos de la Urbanización Ciudadela Sol de Oriente se encuentran altamente deteriorados, algunas
de la cuales incluso no han sido pavimentadas, afectaciones que persisten en la actualidad. Precisado
lo anterior, ha de señalarse que tal como se indicó en precedencia, la figura de las cesiones obligatorias
gratuitas se constituyen en una contraprestación que se radica en cabeza de los propietarios
de terrenos, al momento de solicitar el correspondiente permiso para realizar procesos de urbanización
o edificación en el municipio, el cual se justifica en los beneficios por ellos obtenidos, como
por ejemplo, la plusvalía que generan a su favor tales proyectos. Dichas cesiones obligatorias propenden
por promover el uso racional del suelo y facilitar la dotación con cargo a sus propietarios, de
la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos colectivos
a favor de los habitantes de la unidad urbanística. En el presente caso, como quiera que por
parte de la empresa PROVISOCIAL S.A.S., se adelantó un proyecto urbanístico que consistió en la
construcción de la ciudadela Sol de Oriente, de acuerdo con el parágrafo primero de la artículo 51
del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio (Acuerdo No. 14 de 2001), éste tiene la obligación
de ceder a favor del Municipio de Tunja, a título gratuito las áreas requeridas para vías públicas
tanto peatonales como vehiculares, incluyendo andenes, separadores de vías y bahías de acceso a
parqueaderos públicos así como parques, lo cual según se probó en proceso, no ha ocurrido. A su
turno, el Municipio de Tunja en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación, o quien haga sus veces,
le corresponde el recibo efectivo de las áreas de cesión, la cual se entiende cumplida mediante la
escritura pública que debe ser inscrita en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, precisando
que el parágrafo tercero del artículo 51 del POT del municipio, es claro en indicar que “Las áreas de
cesión deberán ser diseñadas, equipadas, construidas y entregadas por el urbanizador”. En tal virtud,
encuentra la Sala que no le asiste razón al apoderado de la empresa PROVISOCIAL cuando
afirma en el recurso de apelación, que las áreas de cesión ya fueron materialmente entregadas a
favor del Municipio de Tunja por cuanto según su dicho, las mismas están siendo utilizadas por la
comunidad, toda vez que para que se entienda cumplida tal obligación resulta necesario que se
realice la respectiva escritura pública y se proceda a su inscripción en la Oficina de Registro e Instrumentos
Públicos, momento en el cual, se entiende que tales áreas pasan a ser propiedad del Municipio.
Ahora bien, el apoderado de la empresa PROVISOCIAL S.A.S., en el recurso de apelación plantea
que la imposibilidad de ceder a favor del Municipio de Tunja las áreas necesarias para espacios pú-
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blicos (vías vehiculares y peatonales, parques, entre otros,) tiene que ver que por parte de la entidad
territorial, no se ha dado respuesta afirmativa a su petición de exoneración de impuestos, petición que
fundamenta, en que el municipio en un caso similar procedió a exonerar a la empresa constructora del
pago de tales impuestos al momento de realizar la cesión. A juicio de la Sala el argumento expuesto por
el apoderado de la empresa PROVISOCIAL S.A.S., no está llamado a prosperar por cuanto básicamente
condiciona la cesión a que está obligado, a que el Municipio de Tunja lo libere del pago de los impuestos
que se hayan generado, condición ésta que no encuentra respaldo ni en las normas generales que
regulan la figura de las cesiones obligatorias gratuitas, así como tampoco en la parte pertinente del
Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio. En efecto, una de las características sobre las que se
edifica la figura de las cesiones obligatorias de las áreas requeridas para vías públicas tanto peatonales
como vehiculares, incluyendo andenes, separadores de vías y bahías de acceso a parqueaderos públicos
y parques, es su gratuidad, de tal forma que es obligación del agente urbanizador una vez obtiene los
permisos y licencias de construcción de la respectiva urbanización, proceder a ceder a favor del municipio
tales áreas. Ello en el entendido en que se trata de una contraprestación por los beneficios obtenidos
por el proyecto realizado, ya que de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución “La propiedad es
una función social que implica obligaciones”, sin que le sea válidamente permitido no avenirse al cumplimiento
de tal obligación basado para ello en concesiones de tipo económico, las cuales son ajenas a
la figura en estudio. Aunado a lo anterior no puede perderse de vista que la obligación de cesión obligatoria
gratuita en cabeza de la constructora PROVISOCIAL S.A.S, se configuró desde el momento en que
le fueron concedidas las licencias para adelantar los procesos de construcción de la urbanización Ciudadela
Sol de Oriente, los cuales datan de los años 2005, 2009 y 2010, esto es, han trascurrido, a la fecha,
por lo menos ocho (8) años, de tal forma que no se encuentra justificación a la omisión por parte de
dicha empresa en adelantar los trámites administrativos que sean del caso para lograr la cesión efectiva
de las áreas comunes de la urbanización, como es su responsabilidad a favor del Municipio de Tunja.
Por lo hasta aquí expuesto, la Sala concluye que es evidente que por parte de la empresa PROVISOCIAL
S.A.S., se ha desconocido el contenido de las normas en materia urbanística y de uso de suelos, contenidas
en el artículo 37 de la Ley 388 de 1997, y de manera particular las normas contenidas en los artículos
51 y siguientes del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Tunja (Acuerdo 14 de 2001), en
tanto ha desconocido de manera injustificada su obligación de ceder de manera obligatoria a título
gratuito a favor del Municipio de Tunja las áreas requeridas para vías públicas tanto peatonales como
vehiculares, incluyendo andenes, separadores de vías y bahías de acceso a parqueaderos públicos y
parques de la Urbanización Sol de Oriente. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el Municipio de Tunja
encuentra la Sala que el apoderado en el recurso de apelación, plantea que la administración municipal
no ha podido intervenir directamente los espacios públicos del Barrio Ciudadela Sol de Oriente, a fin
de lograr su recuperación, debido a que el urbanizador PROVISOCIAL S.A.S., no ha procedido a realizar
la cesión efectiva de las vías y parques del complejo urbanístico a favor del Municipio. Al respecto, ha
de indicarse que si bien tal como lo plantea el delegado del Ministerio Público, los predios de los que
hacen parte las vías públicas y parques de la Ciudadela Sol de Oriente en la actualidad son bienes privados
en tanto no se ha procedido a realizar la correspondiente cesión de tales bienes a favor del Municipio
de Tunja y en esa medida éste último no podría disponer la inversión de recursos públicos para la
recuperación de tales bienes, lo cierto es que a juicio de la Sala, dicha entidad territorial si le asiste
responsabilidad en el presente caso, tal como pasa a exponerse. En primera medida, ha de indicarse
que el artículo 56 del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio, dispone de manera expresa que
la cesión de las áreas requeridas para vías públicas tanto peatonales como vehiculares, incluyendo
andenes, separadores de vías y bahías de acceso a parqueaderos públicos, a través de escritura pública
debidamente registrada, se constituye en un requisito, sin el cual el Municipio de Tunja no podrá expedir
el permiso de ventas a favor del constructor. Dicha disposición normativa, tal como lo advirtió el a
quo, fue desconocida por parte del mismo Municipio de Tunja, toda vez que pese a que no se realizó la
cesión obligatoria gratuita por parte de la empresa PROVISOCIAL S.A.S., lo cierto que es que la constructora
precedió a realizar la venta del proyecto, precisamente a las personas que actúan como damnificados
dentro de la presente acción popular, circunstancia que evidencia una primera omisión por
parte de dicha entidad territorial. En segundo lugar, ha de señalarle que no resulta legal ni constitucionalmente
admisible que el Municipio de Tunja, conociendo el incumplimiento por parte de la empresa
PROVISOCIAL S.A.S., en la realización de la cesión de las áreas necesarias para las vías públicas producto
de la construcción de la urbanización Ciudadela Sol de Oriente, frente a la cual expidió los correspondientes
permisos y licencias desde el año 2005, haya permitido prolongar en el tiempo tal irregularidad
y pretenda ahora excusar su obligación de garantizar el uso y goce del espacio público precisamente en
su omisión en lograr que se realizara la cesión efectiva de las áreas comunes de tal urbanización. Preci-

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samente en éste punto ha de señalarse que de acuerdo con las pruebas allegadas al plenario, los
habitantes de la Urbanización Ciudadela Sol de Oriente desde el momento mismo de su construcción,
han sido afectados en diferentes oportunidades debido a las inundaciones que se han presentado
en el barrio en épocas de ola invernal, de lo cual siempre ha tenido conocimiento el Municipio
de Tunja. Dichas inundaciones de acuerdo con diferentes informes rendidos por la empresa PROAC-
TIVA Aguas de Tunja S.A, E.S.P., son provocadas debido a la falta de pavimentación y mal estado de
las vías de dicha urbanización, circunstancia que genera el arrastre de solidos que taponan los sumideros
existentes, lo cual igualmente es de conocimiento de la entidad territorial. La anterior situación
comporta igualmente la siguiente conclusión y es que en el evento en que las vías que conforman
la ciudadela Sol de Oriente, que o bien se encuentran sin pavimentar o en deteriorado estado,
fueran objeto de intervención por parte del Municipio de Tunja, desaparecería la causa más importante
que ha ocasionado en oportunidades anteriores la inundación de dicha urbanización. Se advierte
en éste punto que la única justificación que aduce el Municipio de Tunja a efectos de no adelantar
el proceso de intervención a fin de lograr la pavimentación y restauración de las vías que
conforman la Ciudadela Sol de Oriente, tiene que ver con que no se ha realizado la cesión por la
parte de la empresa constructora PROVISOCIAL S.A.S., de las áreas requeridas para tal fin, es decir,
se trata de un proceso de orden administrativo que corresponde adelantarlo únicamente a la constructora
y al municipio. No obstante lo cual, ante la falta de tal procedimiento administrativo, en
realidad se le está trasladando a los habitantes de la urbanización Sol de Oriente, una carga injustificada
en tanto tienen que soportar, de una parte que las vías de acceso y circulación del barrio se
encuentren algunas sin pavimentar o en deteriorado estado y en segundo lugar íntimamente ligado
con lo anterior, tengan que soportar inundaciones como consecuencia del arrastre de material sólido
que tapona las rutas de evacuación de aguas lluvias debido al pésimo estado de las vías, lo cual
sin duda alguna comporta la vulneración de los derechos colectivos al uso y goce del espacio público,
al goce de un ambiente sano y a la seguridad y salubridad pública de estas personas. En tal virtud
y ante la evidente vulneración de los derechos colectivos de los habitantes del barrio Ciudadela
Sol de Oriente, no es dable aceptar la justificación por parte del Municipio de Tunja cuando afirma
que ha adelantado acciones orientadas a lograr la efectiva cesión de los predios por parte de la
empresa PROVISOCIAL S.A.S., y que por ello no se puede predicar en su contra ninguna omisión.
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TUTELA
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 22 de marzo de 2018.
ACCIÓN: TUTELA
ACCIONANTE: PORVENIR S.A.
DEMANDADO: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - FONDO PENSIONAL TERRITORIAL DE BO-
YACÁ
RADICACIÓN: 15001333300520170019501
DESCRIPTORES – Restrictores:
ACCIÓN DE TUTELA - Procedencia para solicitar la liquidación y emisión del bono pensional.
ACCIÓN DE TUTELA - Procedencia de tutela interpuesta por un fondo de pensiones en favor de uno
de sus afiliados, para solicitar la liquidación y emisión del bono pensional
TESIS:
Corresponde a la Sala establecer si el Departamento de Boyacá ha vulnerado los derechos fundamentales
de petición y debido proceso de PORVENIR quien, en representación de su afiliado, ha solicitado el
reconocimiento del bono pensional correspondiente, en aras de tramitar la pensión de vejez solicitada
por el señor José Bayona Tobasura. No queda duda a esta Sala que la presente acción es procedente en
tanto, no sólo se pide la protección del derecho de petición, sino que, como lo ha concluido la jurisprudencia,
la mora en la expedición de los bonos pensiónales, es tutelable en tanto ello afecta el derecho a
la seguridad social. Así se lee desde la Sentencia T- 753 de 2007 proferida por la Corte Constitucional.
(…)De manera más reciente, la Corte Constitucional señaló que los conflictos entre afiliados o beneficiarios
del Sistema General de Pensiones y las entidades administradoras de Seguridad Social son, por
regla general, competencia de la jurisdicción del trabajo, no obstante en los eventos en los cuales un
trámite (como, por ejemplo, la expedición de un bono pensional) constituya un elemento fundamental
para que se consolide el derecho a la pensión de vejez o jubilación, se considera que la acción de tutela
resulta procedente (…)Sea lo primero aclarar que, en concepto de la Sala, la presente acción de tutela
resulta procedente. En efecto, si bien la acción de tutela no es interpuesta directamente por el señor
Manuel Bayona Tobasura, lo cierto es que el fundamento de la misma se reduce a que la ausencia de
reconocimiento y pago de su bono pensional, no ha permitido a PORVENIR concluir el trámite de reconocimiento
de pensión de su vejez. En tal contexto, puede presumirse que los derechos fundamentales
al mínimo vital y a la dignidad humana de Manuel Bayona Tobasura están en riesgo de ser afectados
por dos razones. En primer lugar, porque a pesar que solamente se afirma tal hecho (fls. 4), lo cierto es
que conforme lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia T-1078 de 2005, "(...) unte este tipo
de manifestación, la carpa de la prueba se invierte y corresponde a la entidad demandada demostrar
lo contrario. De no hacerlo, se entenderá que e! hecho al (pie se refiere la negación se encuentra plenamente
probado Y, en segundo lugar, porque cuando la pensión de vejez se encuentra condicionada a la
expedición de un bono pensiona!, y el trámite de éste se prolonga en demasía, según el concepto del
Máximo Tribunal Constitucional la acción de tutela procede excepcionalmente para lograr la protección
del derecho a la seguridad social por conexidad con el derecho al mínimo vital y el derecho a la
dignidad humana. En otras palabras, aunque en principio estos conflictos entre afiliados del Sistema
General de Pensiones y las entidades administradoras de Seguridad Social, son competencia de la jurisdicción
del trabajo, en el caso que ocupa a la Sala se observa que la discusión respecto a la emisión y
liquidación del bono pensional de Manuel Bayona Tobasura, se ubica en una hipótesis donde este trámite
resulta siendo un elemento sine qua non para que se consolide su eventual derecho a la pensión
de vejez o jubilación, por tanto, resulta procedente entrar a estudiar de fondo el asunto. (…)Conforme a
la impugnación, considera la accionante que el Departamento de Boyacá ha dilatado injustificadamente
la emisión del bono pensional de su afiliado y que ha adicionado requisitos que no se ajustan a la
ley; a su vez, afirma que la sentencia aceptó como respuesta un oficio que no responde de fondo la
petición presentada en representación de su afiliado para que sea expedido el bono pensional. La ley y

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la jurisprudencia, determinan con claridad que una vez solicitada por la AFP la emisión del bono
pensional, la OBP realiza una liquidación provisional para que ella sea puesta por la AFP en conocimiento
del afiliado para su aprobación y firma, requisito sin el cual no puede expedirse el bono pensional.
En este caso se observa que desde el 30 de agosto de 2016, el Departamento de Boyacá remitió
a Porvenir la liquidación provisional para que fuera puesta en conocimiento del afiliado a fin
de obtener su aceptación, sin embargo, a pesar de las comunicaciones intermedias entre estas entidades,
sólo hasta el 5 de diciembre de 2017 la AFP devolvió la liquidación aceptada y firmada por el
afiliado desde el 24 de marzo anterior. Entonces, lo primero que se concluye es que resulta inaceptable
que la accionante, demande la falta de oportunidad en el cumplimiento de plazo para la expedición
del bono, cuando tomó más de un año remitir el requisito a su cargo, es decir, la aceptación del
afiliado frente a la liquidación provisional del bono, se reitera, requisito indispensable para emitir el
bono pensional definitivo, sin que ello pueda ser calificado como un requisito que no está previsto en
la ley, como lo afirma la accionante. Lo anterior, por no hacer énfasis en que en poder de la AFP
Porvenir, trascurrieron más de ocho meses sin dar trámite a la aceptación dada por el afiliado, en
total desconocimiento de los plazos que le concede la ley. Ahora, a juicio de esta Sala, el plazo para
la emisión del bono definitivo, no puede contarse sino a partir del momento en que la oficina emisora,
en este caso el Departamento de Boyacá, reciba la aceptación del afiliado pues, bien lo señala el
Decreto 510 de 2003 artículo 6 o , la liquidación provisional debe expedirse 90 días después de la primera
solicitud, pero la expedición del bono definitivo está sujeta a la aprobación escrita del afiliado
trámite que, se reitera, está a cargo de la AFP. Ahora, según lo prevé el artículo 7 o del Decreto 3798
de 2003, después de confirmada la liquidación provisional, el emisor cuenta con tres meses para
expedir el bono definitivo, en estas condiciones, como esta aceptación fue allegada al Departamento
de Boyacá el 5 de diciembre de 2017 el plazo venció el 5 de marzo de 2018, sin que a la fecha
obre en el expediente el acto mediante el cual se haya expedido el bono pensional definitivo. Entonces,
si bien, no encuentra la Sala prosperidad al argumento de incongruencia y aplicación incorrecta
por parte del Departamento de Boyacá, respecto a las normas aplicables a la expedición de bonos,
lo que no puede pasar por alto es que ha vencido el plazo que la ley concede para resolver este tipo
de peticiones. Además, no puede la Sala dejar de señalar que la demanda fue presentada el 15 de
noviembre de 2017 (fl. 27) de manera también resulta reprochable el actuar de la accionante cuando,
tal como queda visto, sólo hasta el 5 de diciembre siguiente, remitió a la ahora accionada el
documento que le permitía continuar el trámite de expedición del bono. En conclusión, lo cierto es
que a la fecha de esta sentencia el Departamento de Boyacá no ha acreditado la expedición del
bono pensional definitivo, lo cual resulta suficiente para considerar que se vulnera el derecho a la
seguridad social del afiliado Manuel José Bayona Tobasura, razón por la cual se revocará la sentencia
pues en manera alguna resulta admisible, como lo hizo el juez de instancia, considerar que la
remisión del bono provisional, efectuada el 26 de abril de 2017, ponía fin a la actuación iniciada por
la AFP Porvenir que, en realidad, constituye ejercicio del derecho de petición a representación de su
afiliado, con el objeto de obtener la expedición del bono pensional definitivo. En consecuencia, en
aras de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso, petición y seguridad social de
Manuel Bayona Tobasura, representado por la Administradora de Fondos de Pensiones PORVENIR,
se revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, se ordenará al Departamento de Boyacá que, si
aún no lo ha hecho, dentro de las 48 horas siguientes a la comunicación de la presente providencia,
emita y expida el bono pensiona! definitivo en favor del afiliado acabado de mencionar y lo remita a
la AFP. (…)Considera esta Sala que este trámite es subsiguiente a la expedición del bono pensional
definitivo y que resulta meramente operativo consistente en una operación de ingreso a página web
mediante acceso por clave, entonces, ello no implica, por lo menos en este momento, vulneración de
derecho alguno, hasta tanto se expida el bono que se ordena, lo cual no impide que la orden avance
a la firmeza del bono pensional definitivo.
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia ejecutoriada de segunda instancia de fecha 15 de marzo de
2018.
ACCIÓN: TUTELA
ACCIONANTE: EUFEMIANO NIÑO LUQUE
ACCIONADO: INPEC Y EPAMSCASCO
RADICACIÓN: 15001333301320180000201
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DESCRIPTORES – Restrictores:
FASE DE MEDIANA SEGURIDAD - El interno no debe tener otros requerimientos judiciales para que
pueda ser clasificado en esta fase.
TESIS:
Vistas integralmente las normas traídas a colación, se colige que la reglamentación es coherente con la
ley al exigir como requisito para la clasificación en fase de mediana seguridad que no se registren otros
requerimientos judiciales. Ello resulta acorde con el artículo 147 de la Ley 65 de 1993 y con el alcance
de esta fase en la que el interno tiene la posibilidad de salir de la institución penitenciaria sin vigilancia,
pues al tener otros requerimientos judiciales y hacer uso del beneficio administrativo, dada su clasificación
en fase de mediana seguridad, el cumplimiento de otros requerimientos puede quedar en riesgo.
En conclusión entonces, aunque la fase de mediana seguridad no implique traslado, aspecto en el que
recaba el accionante y con el cual se está de acuerdo, lo que si exige es que el interno ubicado en la
mencionada fase no tenga requerimiento de otra autoridad judicial. Como en este caso, se ha demostrado
que el accionante tiene requerimientos no es posible admitir que la negativa a ser tratado en
fase de mediana seguridad vulnere sus derechos fundamentales al exigir un requisito no previsto en la
norma.
FASES DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO - Pueden ejecutarse en un mismo establecimiento de
reclusión independientemente de su categoría.
El impugnante afirma que existe inconsistencia entre la resolución y la ley porque, a su juicio “...no se
puede garantizar el cambio de espacio y de régimen en un establecimiento como el EPAMSCASCO, donde
a pesar de ser de alta y mediana seguridad existe un solo régimen y similitud en la estructura, contrario
a otros establecimientos que tienen sus pabellones de alta, otros de mediana y los de mínima”
(fls. 116), de modo que ese tránsito por las diferentes fases "demanda o implica un tránsito, si no
entre centros de reclusión: por lo menos entre pabellones a patios y régimen interno, a no ser que en un
mismo patio o pabellón se pueda tener dos formas de construcciones diferentes o más ” (fls. 121). Llegada
la conclusión a la que se arriba en el acápite anterior, es decir, que el accionante no cumple con
uno de los requisitos para ser considerado en fase de mediana seguridad, podría la Sala relevarse de
examinar el cargo relativo al cambio de lugar a efecto de su cumplimiento. Sin embargo se dirá lo siguiente
para resolver sobre la alegada contradicción que, dice el impugnante, se presenta entre la
Resolución 7302 de 2005 y la Ley 65 de 1993, sin ahondar en la Ley 1437 de 2011 y los tratados internacionales,
pues ningún argumento se trae respecto de esta última normatividad. El artículo 4 o de la
Resolución No. 7302 de 2005 dispone: (…) Conforme al contexto de este caso, entiende la Sala que la
inconformidad se contrae a lo dispuesto en el parágrafo único al señalar que las fases de tratamiento
pueden cumplirse en el mismo establecimiento de reclusión. Encuentra la Sala que los artículos 22 y 63
de la Ley 65 de 1993, prescriben: (…). Así las cosas, no encuentra la Sala que la prescripción contenida
en la resolución, conforme a la cual las distintas fases de tratamiento pueden cumplirse en el mismo
establecimiento carcelario, riña con la ley pues, en materia de la distribución de los internos lo que
indica esta norma es que tal clasificación atiende a condiciones personales pero no a las distintas fases
de tratamiento; e igualmente, la clasificación debe preservar condiciones de segundad de los internos,
mas no su fase de tratamiento. En conclusión, no existe previsión legal que obligue las autoridades
carcelarias separar a los internos de acuerdo a su fase de tratamiento para que ocupen las penitenciarías
de alta, mediana o mínima seguridad, de manera que la Sala no encuentra que el parágrafo único
de la resolución entre en contradicción con la ley. Una es la clasificación de las penitenciarías (art. 22
Ley 65 de 1993) de acuerdo a sus condiciones técnicas de seguridad en de alta, mediana o mínima, y
otra la clasificación de acuerdo a sus características físicas, psíquicas, morales, y la naturaleza de los
crímenes. En materia de la fase de tratamiento la única separación que se exige es entre detenidos y
condenados, pero en este caso ese aspecto resulta irrelevante, no sólo porque este no es el argumento
del accionante, sino porque se trata de una persona condenada. En tal sentido, la Corte Constitucional -
al referirse a la constitucionalidad del artículo 22 citado- dentro de la sentencia C-394 de 1995 expreso
que las condiciones técnicas y de seguridad de las penitenciarías de acuerdo a la clasificación diseñada
por el legislador, no comporta necesariamente su mensura desde la perspectiva de sus eventuales ocupantes
de acuerdo a su fase de tratamiento penitenciario, sino que atiende la naturaleza de su estructura
(servicios y criterios técnicos) y de sus condiciones de seguridad, para ubicar allí a los condenados

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según se requiera una mayor cobertura y atención del Estado en términos de seguridad. Por el contrario,
el deber de clasificar y separar (art. 63 Ley 65 de 1993) a las personas condenadas comprende
apenas la apreciación de la persona humana en sus dimensiones físicas, morales, de género, e
intelectuales, para poder optimizar el manejo de la población carcelaria y la uniformidad de condiciones.
(…) En este caso, el accionante no afirma que su permanencia en el establecimiento de alta
seguridad ponga en riesgo derecho fundamental alguno, tampoco que por sus condiciones personales
debe ser ubicado en un patio o celda distinta, lo que alega es el derecho a ser considerado en la
fase de mediana seguridad, lo cual, como queda reseñado, puede cumplirse en el mismo establecimiento
carcelario, sin que lo dispuesto en el acto administrativo riña ni con la ley, ni con el entendimiento
que a las fases de tratamiento ha dado la jurisprudencia. Se tiene pues, conforme a los contenidos
de la resolución transcrita, que de manera clara el articulo 4 prevé que el tratamiento penitenciario
progresivo en sus distintas fases, puede tener lugar en una misma institución indistintamente
de su categoría, es decir, la clasificación de alta seguridad del establecimiento penitenciario
no impide que el interno pueda ser beneficiario de las fases de tratamiento de mediana o mínima
seguridad. Por tanto, respecto de un presunto ‘conflicto’ entre el inciso segundo del artículo 4 de la
Resolución N° 7302 del 2005 del INPEC, la Sala concluye -y reitera- que las condiciones técnicas y de
servicios de los penales medidos en la calificación de seguridad, no es un obstáculo para la resocialización
de sus ocupantes, permite la realización de los principios constitucionales de dignidad humana
y posibilita sin duda, el acceso de toda la población carcelaria a los programas y beneficios diseñados
para su efectiva resocialización.
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NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
MAGISTRADO: DRA. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 22 de marzo de 2018
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ROSA CECILIA PINILLA PINILLA
DEMANDADO: MUNICIPIO DE TUNJA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
RADICACIÓN: 15001333301120150022801
DESCRIPTORES – Restrictores:
PRIMA TÉCNICA POR EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO - A pesar de la municipalización de la educación,
quienes continúen cumpliendo con los requisitos exigidos para el pago de ese derecho reconocido
años atrás, la conservan con la connotación de derecho adquirido.
TESIS:
La prima técnica "por evaluación del desempeño", fue establecida en el Decreto Ley 1661 de 1991 proferido
por el Presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias conferidas por los numerales
2 y 3 del artículo 2 o de la Ley 60 de 1990 y reglamentada por el Decreto 2164 de 1991 que en
sus artículos 5 o y 7 o prescribió: (…) Así mismo, en el artículo 13 estableció:(…)El artículo 13° transcrito,
fue declarado nulo por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el 19
de marzo de 1998, con ponencia del Consejero Doctor Silvio Escudero Castro, en el proceso con radicación
número 11955, bajo los siguientes argumentos: (…) Si bien, es cierto como lo señala la recurrente
que la prima técnica no puede ser asignada por autoridades territoriales, lo que resulta innegable es
que en este caso, a la actora se reconoció la prima técnica en condición de empleada nacional, sin que
su derecho, como ya se explicó, pueda verse desmejorado por el tránsito a empleada municipal. Adicionalmente,
sabido es que las sentencias de nulidad tienen efectos a futuro, sin que puedan afectar situaciones
jurídicas decididas en actos particulares y concretos, es decir, se preservan los derechos que
para entonces se encuentren consolidados, como en éste caso. Tal como se explicó ampliamente en
acápite anterior, la municipalización de la educación, como sucedió con el Municipio de Tunja, no implicaba
la pérdida del derecho a la prima técnica, no sólo porque los empleados incorporados de las plantas
nacionales a las territoriales no podían ser desmejorados y, por el contrario, conservaban todos los
derechos adquiridos, sino que, además, para el sector educativo el D.L. 1724 de 1997 en su artículo 4 o
dispuso claramente un régimen de transición que implicaba su conservación aun cuando se desempeñaran
en cargos de niveles diferentes a los previstos en la norma. Se sigue de lo anterior que la incorporación
de la demandante en la planta de personal del Municipio de Tunja, certificado para el manejo de
la educación, no implicaba la pérdida del derecho a la prima técnica que venía reconociéndosele, es
decir, no sólo como se explicó fue un derecho adquirido legalmente, sino que, además, por efecto de la
municipalización de la educación, no podía ser desmejorado ni desconocido. Así lo precisó el Consejo de
Estado, al desestimar el argumento de no reconocimiento de prima técnica por la incorporación del
demandante a la planta de personal del Distrito Capital, así:(…) Así las cosas, los funcionarios administrativos
del orden nacional que laboraban en los Fondos Educativos Regionales, Oficinas Seccionales de
Escalafón, centros Experimentales Piloto, Centros Auxiliares de Servicios Docentes y Colegios Nacionales
y nacionalizados, cuentan con un derecho adquirido que ingresó a su patrimonio y que pueden reclamar
siempre y cuando no se encuentre afectado por las causales previstas en el régimen de transición
para su pérdida o por el fenómeno de la prescripción. En sentencia proferida por la Sección Segunda,
Subsección B, dentro del proceso 25000- 23-25-000-2001-04955-01(2427-04), de fecha 25 de mayo
de 2006, con ponencia del Doctor, Jesús María Lemos Bustamante, se citó un pronunciamiento de la
Corte Constitucional, para sostener que "el reconocimiento de 1a prima técnica no constituye una decisión
discrecional del jefe de la entidad sino que, una vez constatado el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la ley, se impone su reconocimiento. (…) De lo anterior, es posible inferir que, en virtud
del régimen de transición y a pesar de la municipalización de la educación, quienes continúen cumpliendo
los requisitos exigidos para el pago de la prima técnica reconocida, años atrás, preservan tal
derecho con la connotación de adquirido. Observa la Sala que la señora Rosa Cecilia Pinilla Pinilla, era

P á g i n a 13
una empleada del orden Nacional, por cuanto el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución
No. 8356 del 19 de mayo 1982 la nombró en el Centro Auxiliar de Servicios Docentes- CASD de
Tunja, en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales 6035-01 (fol. 127) tomando posesión el 07 de
junio de 1982. Luego, la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá mediante Resolución
No. 2517 del 02 de septiembre de 1999, con fundamento en el Decreto 1661 de 1991 y Resolución
05737 de 1994 reconoció prima técnica a la demandante. Mediante Resolución 056 del 14 de abril
2000 (fol. 14-15), la Secretaría de Educación de Boyacá a través del Centro Auxiliar de Servicios Docentes
CASD Jaime Rook de Tunja, revocó la calificación de desempeño que había hecho para el
periodo comprendido entre 01 de mayo de 1997 a 30 de abril 1998 (fol. 293), al considerar que la
señora Pinilla Pinilla no registraba antecedentes disciplinarios, no presentó recursos en tiempo, y
según su desempeño laboral, debía ser calificada por encima del nivel exigido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública, asignándole un puntaje definitivo de 923. A partir del 1 o de
enero de 2003, según certificación expedida por el Secretario de Educación de Tunja de fecha 16 de
febrero de 2017, la demandante fue incorporada a la planta de personal docente, directivos docentes
y administrativos de ese municipio (fol. 282), y posteriormente de manera particular, mediante
Decreto 464 del 24 de octubre de 2008 (fol. 188-190), fue homologado su cargo y asignación mensual,
y según el artículo segundo se conservaron los derechos laborales adquiridos, efectuándose su
posesión del 28 de octubre de 2008.De esta manera, mediante Resolución No. 165 del 13 de agosto
de 2012 se reconoció y ordenó el pago por concepto de homologación y nivelación salarial al personal
activo del Municipio de Tunja. (fol. 164 CD, página 86-89). Así las cosas, en el presente caso, ha
quedado demostrado que la demandante es empleada administrativa en propiedad, al ostentar el
cargo de auxiliar de servicios generales código 470, grado 5, el cual venía desempeñando desde el
07 de junio de 1982 - día de posesión ante el Ministerio de Educación Nacional-; y que desde el 01 de
marzo de 1996 al 31 de enero de 2016, la demandante obtuvo una calificación en su desempeño
laboral superior a 900 y/o 90%, según certificados de evaluación visibles a folios 292 a 345, esto,
teniendo en cuenta la revocatoria directa contenida en el Resolución No. 056 de 2000, proferida por
el Secretario de Educación de Boyacá, mediante la cual se revocó la calificación insatisfactoria y por
el periodo comprendido entre 01 de mayo de 1997 al 30 de abril de 1998, se le asignó una satisfactoria
con puntaje de 923 puntos. Además según oficio No. 1,6-5.2595 del 14 de diciembre de 2016
(fol. 268), suscrito por el Secretario de Control Interno Disciplinario del Municipio de Tunja, la demandante
no registra en su hoja de vida investigaciones disciplinarias en su contra. De otra parte,
tal como se explicó en precedencia, y contrarío a lo afirmado por la entidad demandada en su recurso
de apelación, la inscripción de la demandante a la planta de personal del Municipio de Tunja, no
afectó de ninguna forma su derecho al reconocimiento y pago de la prima técnica que le fue reconocida
con Resolución No. 2517 de 1999, en razón a que no se pueden desconocer los derechos laborales
que adquirió arando laboraba a cargo del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, no queda
duda que en tanto a la actora le fue reconocida prima técnica por evaluación del desempeño cuando
era empleada nacional, y que con iguales derechos fue incorporada al Municipio de Tunja, sin que
haya obtenido luego del mencionado reconocimiento calificación insatisfactoria, en tanto la que así
lo fue, luego fue revocada y, además, no se ha acreditado que haya incurrido en causal alguna de
pérdida del derecho, concluye la Sala que es acreedora del pago que fue objeto de demanda ante la
negativa de la entidad.
B o l e t í n M e n s u a l

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REPARACIÓN DIRECTA
MAGISTRADO: Dr. FABIO IVÁN AFANADOR GARCÍA
PROVIDENCIA: Auto de fecha 24 de mayo de 2018
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: MARTHA ROCIO BRAVO VARGAS Y OTROS
DEMANDADO: MUNICIPIO DE TUTA
RADICACIÓN: 15001333300820170001501
DESCRIPTORES – Restrictores:
LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN - El requisito de la prueba sumaria fue
derogado tácitamente con el C.P.A.C.A. Y EL C.G.P.
TESIS:
4.2. Noción especial. En tratándose del llamamiento en garantía con fines de repetición, el inciso final
del artículo 225 del CPACA fijó una remisión expresa a la norma especial que regula el proceso de repetición,
esto es, el artículo 19 de la Ley 678 de 2001 que prevé:(…) Cabe recabar que, en principio, y conforme
el tenor literal del artículo 19 de la Ley 678 de 2001, la solicitud de llamamiento en garantía
debía estar acompañada por prueba sumaria de la responsabilidad del servidor o ex servidor público
del actuar doloso o gravemente culposo para poder resolverse en el mismo proceso la responsabilidad
de la administración y la del funcionario. Sobre a la prueba que debe acompañarse al llamamiento en
garantía con fines de repetición, señaló la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pronunciamiento
que ha sido reiterado y es constante en el Tribunal de Cierre: "...En virtud del artículo 19
de la Ley 678 de 2001, en armonía con el artículo 54 del C. de P. Civil, la entidad pública perjudicada o
el Ministerio Público, si desean formular llamamiento en garantía deberán acompañar con el escrito
correspondiente la prueba sumaria del dolo o la culpa grave en que habría incurrido el agente público,
para lo cual, se advierte, deben tener en cuenta lo previsto en los artículos 5 y 6 de esa ley, así como lo
señalado en el artículo 71 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), si se
trata de la responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales y de los particulares que excepcionalmente
ejercieran función jurisdiccional. (...) Con otras palabras, la Sala concluye que al escrito de
llamamiento en garantía con fines de repetición debe acompañarse prueba siquiera sumaria de la relación
jurídico sustancial de responsabilidad en que se basa la vinculación del tercero, esto es, prueba
indicativa del hecho de la culpa grave o el dolo que se le imputa al servidor o ex servidor público, o
según se anotó, del supuesto de hecho en que se fundan las denominadas presunciones establecidas, si
se invoca la aplicación de las mismas, existiendo en todo caso el derecho que le corresponde al llamado
durante el debate probatorio de contradecirla o desvirtuarla a efectos de exonerarse de responsabilidad".
Así, para admitir la solicitud de llamamiento en garantía se debe allegar por el solicitante prueba
siquiera sumaria (la que no ha sido sometida a contradicción) que dé cuenta de una conducta dolosa o
gravemente culposa de llamado en garantía y que de manera preliminar evidencie su participación,
como responsable, en los hechos por los cuales se pretende la indemnización del Estado, sin que la
admisión de la solicitud implique un juicio definitivo de responsabilidad. Sin embargo, en sentir de este
Despacho, tal presupuesto determinante de la procedibilidad del llamamiento en garantía con fines de
repetición fue derogado tácitamente con la Ley 1437 de 2011 (art. 225) y el Código General del Proceso
(art. 64), pues el propósito o la intención esencial del legislador al expedir ambas codificaciones, fue
derribar cualquier obstáculo que impidiera al demandado acceder a la administración de justicia en
ejercicio de su derecho de acción, suprimiendo con ello dicho requisito y que lógicamente tuvo repercusión
o efectos en el enunciado normativo del artículo 19 de la Ley 678 de 2001, pues mal haría el juzgador
en aplicar condiciones o formalismos rigurosos y excesivos con sustento en normas especiales anteriores
que fueron reevaluadas. Luego, cuando se emplee el llamamiento en garantía con fines netamente
resarcitorios, lo correcto es que no se le atribuya cargas probatorias adicionales al llamante,
máxime si la prueba sumaria no es siquiera requerida para admitir la demanda de repetición que promueva
la entidad pública, menos puede ser exigida para el llamamiento en garantía, cuando su único
objeto es probar el dolo o la culpa grave del agente o ex agente, asunto que requiere de un mayor aná-

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lisis propio de la sentencia. Ahora, por economía procesal y practicidad, lo acertado es que de manera
simultánea se examine y decida en un solo proceso la responsabilidad tanto de la autoridad pública
como del ex agente, de lo contrario, sería obligar a la Entidad Estatal, después de ser condena
judicialmente, a promover el proceso autónomo de repetición, cuando la responsabilidad patrimonial
del servidor público pudo ser definida a través del llamamiento en garantía. En ese orden, debe
ser replanteada la jurisprudencia del Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo que ha mantenido
la posición de aportar prueba sumaria sobre la responsabilidad del llamado a título de dolo o
culpa grave en virtud de la norma especial que reglamenta los procesos de repetición, pues este
Despacho considera que tal postura desconoce que a partir de la expedición del CPACA, específicamente
el artículo 225 se produjo la derogación tácita de dicho presupuesto. Adicional a ello, no puede
obviarse e incluso ignorarse la perspectiva amplia con que actualmente es instituida la figura
procesal del llamamiento en garantía, cuya finalidad principal es permitir que el demandado o llamante
proponga su pretensión sin que sea coartado su derecho de acción, por aspectos meramente
formales y mucho menos exigiendo una prueba de responsabilidad del llamado, así sea sumaria,
exigencia probatoria que, además, implicaría de cierto modo también la de aceptación de la responsabilidad
del llamante. En resumen, el llamamiento en garantía con fines de repetición es calificado,
esto es, se trata de un servidor o ex agente del Estado. Aunado a esto debe contener los requisitos
formales previstos en el artículo 225 de la Ley 1437 de 2011, y respecto a los presupuestos de procedencia
previstos en la normatividad especial solo será exigible lo preceptuado en el parágrafo del
artículo 19 de la Ley 678 de 2001 que consiste en: "La entidad pública no podrá llamar en garantía
al agente si dentro de la contestación de la demanda propuso excepciones de culpa exclusiva de la
víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor" Así pues, la carga de la prueba sumaria
quedó proscrita con el actual desarrollo o novedades que fueron introducidas al llamamiento en
garantía a partir de la vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
MAGISTRADA: DRA. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 10 de mayo de 2018
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: AUGUSTO BARAHONA CUERVO
DEMANDADOS: RAMA JUDICIAL Y MUNICIPIO DE TUNJA
RADICACIÓN: 15001333300920150004201
DESCRIPTORES – Restrictores:
DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Daños causados a un
vehículo embargado por actuación irregular de secuestre.
DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Condena solidaria a la
Rama Judicial y al Municipio de Tunja por daños causados a un vehículo embargado, por actuación
irregular de secuestre y de ente territorial como custodio del mismo.
TESIS:
A juicio de esta Sala, se presentó actuación irregular por parte del secuestre Francisco Sierra Riva y
de los Juzgados Primero Civil Municipal de Tunja y de Ejecución Civil Municipal, ya que el primero fue
negligente y actuó con desidia en el desarrollo de su labor como guardador del bien y el segundo no
actuó con la diligencia y rigurosidad debida para que el primero cumpliera a cabalidad y en correcto
orden su función, pues la inactividad y pasividad del Juzgado permitieron que el secuestre tuviera en
su poder y disposición un bien que no custodió. Las anteriores actuaciones y omisiones que materialmente
se produjeron con ocasión del embargo y secuestro del vehículo QFP-995, resulta ser una
irregularidad que reviste cierta gravedad, ya que se produjo, precisamente, para materializar decisiones
judiciales que estaban amparadas legalmente dentro del proceso ejecutivo que cursaba. Luego,
cabe afirmar la imputación por una falla en el servicio al incumplirse los mandatos de vigilancia
y control tanto al juez, como al auxiliar de justicia, al incumplirse con el debido seguimiento del bien
secuestrado y no ordenar el informe sobre su mantenimiento y entrega. En suma, el juez de ejecu-
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ción no tomó las medidas debidas de control y custodia que podía ejercer sobre el ejercicio de las actuaciones
u omisiones del secuestre, lo que produjo de suerte el descontrol que tuvo como resultado la
destrucción parcial del bien. De otra parte, se encuentra acreditado que el Municipio de Tunja asumió
todas las obligaciones y responsabilidades de custodia del bien cuando permitió su ingreso a los patios
de la Secretaría de Tránsito, por ello, estaba en la obligación de conservar el vehículo en las condiciones
que se ingresó y de cuidar que no fuera desvalijado o dañado por personas extrañas o por sus propios
empleados. Como en el plenario se encuentra acreditado que el vehículo se encontraba en dichas
instalaciones, sin mayores elucubraciones se puede concluir que también es responsable de los perjuicios
alegados por el actor. La responsabilidad será declarada de manera solidaria, sin perjuicio de que
la parte actora pueda reclamar la totalidad de la condena que se llegue a imponer a cualquiera de ellas
a su elección, de conformidad con el artículo 1.571 del Código Civil, sin perjuicio que la entidad que
pague la condena pueda repetir contra la otra parte demandada en el porcentaje que adelante se precisa.
DESCRIPTORES – Restrictores:
DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Concurrencia de culpas en
daño a vehículo embargado por actuación irregular de secuestre entre la Rama Judicial y el actor.
TESIS:
Ahora, si bien se encuentra acreditado el daño antijurídico padecido por el accionante y la responsabilidad
de las entidades demandadas, la Sala examinará la actuación desplegada por el señor Augusto
Barahona Cuervo durante el trámite del proceso ejecutivo, para determinar si, en el sub-lite, se configura
la concurrencia de culpas. En relación con la concausa, el Consejo de Estado ha señalado que el comportamiento
de la víctima que habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio es aquel
que contribuye, de manera cierta y eficaz, en la producción del .hecho dañino, es decir, cuando la conducta
de la persona participa en el desenlace del resultado, habida consideración de que la víctima
contribuyó realmente a la causación de su propio daño. Si bien, en principio, fue negada la solicitud de
devolución del auto para desarrollar sus labores, el señor Barahona Cuervo tenía la posibilidad de insistir
en el traslado del vehículo a una bodega o la rendición de cuentas por parte del secuestre. Si el actor
hubiera actuado, con diligencia y prontitud en el proceso ejecutivo, habría podido lograr que se relevara
al perito designado y, de esa manera, impedir que su vehículo se sometiera a peligros y daños durante
el tiempo que duró la medida cautelar. (…) Desde ese punto de vista, considera la Sala que la
conducta de la parte actora contribuyó en la causación del daño, en tanto, no probó acción alguna
tendiente a actuar ante los jueces en procura de proteger su patrimonio, ni siquiera para informar un
actuar negligente del secuestre. En consecuencia, el valor de la condena se reducirá en un 40%, dada la
concurrencia de culpas explicada.
MAGISTRADO: Dr. FABIO IVÁN AFANADOR GARCÍA
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 22 de mayo de 2018
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ Y OTROS
DEMANDADOS: NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL
RADICACIÓN: 15001333301320130009501
DESCRIPTORES – Restrictores:
FALSOS POSITIVOS - Noción .
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES - Noción.
TESIS:

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Las ejecuciones extrajudiciales fueron conocidas como falsos positivos, los cuales consistían en la
ejecución extrajudicial de civiles que posteriormente eran presentados como miembros de grupos
armados al margen de la ley. Según lo describió la H. Corte Constitucional en sentencia de tutela del
año 2015, en Colombia los falsos positivos se caracterizaban: "De una parte, que las víctimas son
personas jóvenes pertenecientes a sectores sociales vulnerables y, de otra, la constante alteración
de la escena del crimen con el propósito de dar visos de legalidad a las ejecuciones; por ejemplo,
vistiendo con prendas militares los cadáveres de las víctimas o mediante la alteración de la escena
del crimen ubicando armas de uso privativo de la fuerza pública". La Sección Tercera del Consejo de
Estado señaló que la muerte de personas civiles por parte de miembros de la fuerza pública y su
posterior presentación ante las autoridades y ante la sociedad como supuestos subversivos caídos
en combate, constituye una modalidad especialmente atroz de las denominadas ejecuciones extrajudiciales,
que compromete seriamente la responsabilidad del Estado. En la misma providencia, la
Corporación mencionó la similitud que existía entre los casos analizados en Colombia y los casos
expuestos por los organismos internacionales como ejecuciones extrajudiciales, ello con base en un
informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 31 de marzo de
2010, el entonces Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, describió
esta infausta práctica: (…)
DESCRIPTORES – Restrictores:
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES - Es una modalidad de responsabilidad del Estado por violación
de los derechos humanos.
TESIS:
Ahora bien, en relación con la responsabilidad del Estado, el artículo 90 de la Constitución Política
instauró la cláusula general de responsabilidad del Estado, según la cual, el Estado es patrimonialmente
responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus
agentes y, para lo cual, deben concurrir tres elementos ciertos: (i) la actuación de la administración,
(ii) el daño antijurídico y (iii) el nexo causal entre la actuación de la administración y el daño que se
produce. En cuanto a la determinación de la responsabilidad del Estado por violación a los Derechos
Humanos, la Corte Constitucional señaló que esta se materializa en toda conducta positiva o negativa
mediante la cual un agente directo o indirecto del Estado vulnera en cualquier persona y en cualquier
tiempo, uno de los derechos enunciados y reconocidos por los instrumentos que conforman el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los dos elementos distintivos que convierten un
acto de violencia en una violación de derechos humanos son: (i) que el autor sea un agente directo o
indirecto del Estado, y (ii) que la materia sobre la cual versa la violación esté consagrada en los tratados
y pactos internacionales de derechos humanos. Si se reúnen estos dos elementos, el acto de
violencia se constituye en una clara vulneración de los derechos humanos. Una de las modalidades
de responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos está relacionada con las ejecuciones
extrajudiciales, en las que, los agentes del Estado causan el daño mediante la ejecución de
una actividad peligrosa (el uso de armas de fuego). En estos casos, se materializa la responsabilidad
del Estado bajo el título de imputación de riesgo excepcional bajo un régimen objetivo en el cual la
parte activa en el proceso deberá demostrar el daño, el hecho dañoso y la existencia del nexo causal
entre uno y otro. El Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo se ha referido en reiteradas
ocasiones a la forma en que se configura la responsabilidad del Estado como consecuencia de daños
causados por las ejecuciones extrajudiciales, así: (…)
DESCRIPTORES – Restrictores:
EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL - Existencia - Valoración probatoria - Precedente jurisprudencial .
EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL - Régimen de responsabilidad del Estado.
TESIS:
En resumen, al realizar el análisis probatorio, la Sala concluye que se encuentra efectivamente demostrada
la existencia de una operación militar denominada Justicia 4 que tenía como fin detener a
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una banda de extorsionistas dedicados a atracar, hurtar y extorsionar a la población de Chinavita. Así
mismo, se probó que el 4 de julio de 2008 el equipo de Oficiales y Suboficiales que integraban la operación
militar, se dirigieron a la vereda Fusa del municipio mencionado y allí dieron de baja a un individuo
que fue identificado como Jorge Enrique Fernández, quien fue presentado como un miembro de un
grupo al margen de la Ley. Si bien, todo lo anterior se encuentra plenamente probado dentro del proceso,
existen algunas circunstancias que llaman la atención de la Sala y que, a pesar del material probatorio
relacionado con la culpabilidad de Jorge Enrique Fernández, no permiten concluir que pertenecía
a las FARC o que se dedicara a hurtar, extorsionar y atracar en el municipio de Chinavita y sus alrededores.
Sobre el análisis probatorio de los elementos obrantes en el proceso, el Máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo ha señalado que cuando se analiza un caso en el que se debaten las graves
violaciones de derechos humanos, el análisis probatorio debe flexibilizarse considerablemente, haciéndose
más elástico y favorable para la víctima. La sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014,
expediente 32988, señaló lo siguiente: (…). El Consejo de Estado hizo alusión a la flexibilidad de la valoración
probatoria en casos como el presente, con base igualmente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, para ello, mencionó el caso de Velásquez Rodríguez Vs. Honduras,
en el cual la CIDH señaló lo siguiente: (…) Así las cosas, esta Sala procederá a estudiar el material
probatorio sobre la posible existencia de una ejecución extrajudicial por parte del Estado, para ello se
aplicarán los estándares probatorios aplicables a las graves violaciones de Derechos Humanos haciendo
un análisis flexible en relación con las pruebas que se practicaron. (…) Finalmente, quedó demostrado
que la víctima recibió un disparo en la cabeza, sin embargo, dudosamente los dictámenes de balística
de medicina legal realizados meses después del homicidio, no se incluyeron la distancia en que se
realizó dicho disparo, sino que esa información se omitió y contrario a ello, se resaltaron los disparos
recibidos en la clavícula, la pierna y el abdomen. Esta situación genera duda respecto a las razones por
las cuales se omitió la información relacionada con la distancia en que se produjo el disparo en la cabeza
de Jorge Enrique. Es evidente que en el presente caso se configuraron las circunstancias típicas que
la jurisprudencia ha determinado cuando se presenta una ejecución extrajudicial, esto es: la víctima era
una persona joven perteneciente a un sector vulnerable, así mismo, como normalmente sucede, un
"reclutador" pagado (un civil, un miembro desmovilizado de un grupo armado o un ex militar) atrae a
las víctimas civiles a un lugar apartado engañándolas con un señuelo, por lo general la promesa de un
trabajo. Una vez allí, las víctimas son asesinadas por miembros de las fuerzas militares, a menudo pocos
días u horas después de haber sido vistos por los familiares por última vez. (...) Una vez que estas
víctimas son asesinadas, las fuerzas militares organizan un montaje de la escena, con distintos grados
de habilidad, para que parezca un homicidio legítimo ocurrido en combate. El montaje puede entrañar,
entre otras cosas, poner armas en manos de las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas;
cambiar su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los guerrilleros; o calzarlas
con botas de combate. Las víctimas son presentadas por los militares y anunciadas a la prensa como
guerrilleros o delincuentes abatidos en combate. A menudo se entierra a las víctimas sin haberlas
identificado (bajo nombre desconocido), y en algunos casos en fosas comunes". (…). Así las cosas, para
la imputación jurídica del daño se tiene que Jorge Enrique Hernández murió como consecuencia del
ejercicio de una actividad peligrosa realizada por el Ejército Nacional, concretamente en el desarrollo
de operaciones militares y desplazamientos tácticos, prácticas en las que hizo uso de armas de dotación
oficial. En este sentido, para el presente caso procedería el título de imputación de responsabilidad
objetiva por riesgo excepcional, en el cual a la parte actora le bastaría con probar la existencia del
daño, del hecho dañoso y del nexo causal entre el primero y el segundo para acceder a la declaratoria
de responsabilidad. Sin embargo, tal como lo precisó la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación,
el constituyente no privilegió un específico régimen de responsabilidad, sino que "dejó en manos
del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que
consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar".
De allí que, al margen de lo señalado en el párrafo anterior, sea posible que en asuntos como el presente
la responsabilidad surja de la falla del servicio imputable a la demandada, es decir, que se siga la
óptica del régimen subjetivo de responsabilidad en tanto se invoque, o en el proceso sea ostensible la
existencia de errores o infracciones de la administración, con el objeto de que estos no se cometan en
el futuro a través de la adopción de políticas públicas encaminadas a ¡a no repetición, entre otras medidas".
En virtud de lo expuesto, al verificarse la existencia de la ejecución extrajudicial de Jorge Enrique
Hernández por parte del Comando del Batallón de Infantería No. 1 General Simón Bolívar del Ejército
Nacional, se concluye que en el presente caso no es dable aplicar el régimen de responsabilidad
objetivo por riesgo excepcional, debido a que se demostraron la regularidades en que incurrió la entidad
accionada frente al fallecimiento de la víctima. Se concluye entonces que la Nación - Ministerio de

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Defensa - Ejército Nacional es responsable, por falla del servicio, de los daños sufridos por los accionantes
como consecuencia de la muerte de Jorge Enrique Hernández.
DESCRIPTORES – Restrictores:
EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL - Condena a medidas de reparación no pecuniarias por afectación a
derechos convencional y constitucionalmente protegidos.
TESIS:
Con todo, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, existen casos en los que el juez
puede ordenar medidas que atiendan a la reparación integral del daño. Esto ocurre cuando se juzga
la responsabilidad del Estado por graves violaciones de los derechos humanos pues, en estos eventos,
la obligación de reparar integralmente el daño surge, principalmente, de distintos tratados y
convenios de derechos humanos ratificados por Colombia que integran el bloque de constitucionalidad.
En virtud de lo anterior, la Sala procederá al reconocimiento de medidas de satisfacción que
contribuyan a recuperar y dignificar la memoria de Jorge Enrique Hernández Castro, quien fue injustamente
señalado de pertenecer a las FARC, dedicado al hurto a mano armada en el municipio de
Chinavita. En este sentido, se ordenarán las siguientes medidas de reparación no pecuniarias: 1. Se
dispondrá la publicación, dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, de un
resumen de la decisión en un diario de amplia circulación nacional y regional en el Departamento de
Boyacá. El contenido de las notas de prensa deberá ser concertado con los familiares de las víctimas,
a través de su apoderado, quien además deberá ser informado previamente, de la fecha y el medio
informativo en que se realizarán dichas publicaciones, cuyo costo deberá ser asumido por el Ejército
Nacional. 2. Se dispondrá la publicación, dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia, de un resumen de la decisión a cargo de la entidad demandada y que se mantendrá por
el término de tres (3) meses en la página web de Ejército Nacional - Link "inicio". El contenido de las
notas de prensa deberá ser concertado con los familiares de las víctimas, a través de su apoderado,
quien además deberá ser informado previamente, de la fecha y el medio informativo en que se realizarán
dichas publicaciones, cuyo costo deberá ser asumido por el Ejército Nacional. 3. Adicionalmente,
se ordenará remitir copias de esta sentencia a la Fiscalía General de la Nación y al Procurador
General de la Nación para lo de su competencia, en consideración a que la satisfacción del derecho
a la justicia, del cual son titulares los familiares del señor Jorge Enrique Hernández Castro, impone al
Estado la obligación de realizar una investigación seria, imparcial y efectiva que conduzca a la identificación,
captura y sanción penal de los responsables de sus fallecimientos. 4. De igual forma, se
enviará al Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo General de la Nación,
copia de la presente sentencia con el fin de que haga parte de su registro, y contribuya a la construcción
documental del país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto
armado interno en Colombia. También se ordenará el envío de copia de esta providencia a la Presidencia
del H. Consejo de Estado para los fines pertinentes en los términos del Acuerdo No. 001 del
14 de febrero de 2018. 5 Finalmente, la Sala es consciente de que Jorge Enrique Hernández como
víctima de la ejecución extrajudicial, padecía una situación especial similar a la que presentan otras
personas, esto es, la farmacodependencia. Circunstancia que en el caso concreto lo hizo vulnerable a
los ofrecimientos de extraños que pretendían supuestamente brindarle empleo y a la vez, lo convirtió
en el objetivo de las ejecuciones extrajudiciales, ilegales y arbitrarias, violatorias de los derechos
humanos. Es claro que el occiso pertenecía a una población que ha sido y es objeto de discriminación,
estigmatización y rechazo por parte de la población en general y las mismas entidades del
Estado. En razón a lo anterior, y con el fin de unir ese lazo que se quebrantó con las actuaciones
irregulares del Estado, la Sala dispondrá la siguiente medida de reparación no pecuniaria: El Ejército
Nacional - Primera Brigada con sede en Tunja, realizará en esta misma ciudad por una única vez,
una jornada de salud integral a favor de las personas que conforman la población que actualmente
se encuentra en la indigencia debido a la situación de farmacodependencia. En el día señalado se les
prestará salud básica, alimentación, recreación y se socializarán las ayudas y métodos que actualmente
se prestan para superar su adicción. Para ello, el Ejército Nacional deberá fijar un día, dentro
del término máximo de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, en el
cual realizará la jornada ordenada. La presentación de las disculpas deberá contar con la aprobación
de los demandantes. Así mismo, dicha jornada deberá iniciar con la presentación del caso que
cobija el asunto de la referencia en la cual se expondrá un resumen del mismo, y presentarán discul-
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pas públicas a la familia de Jorge Enrique Hernández Castro, así como a sus amigos y conocidos más
cercanos y en general a la población del municipio de Simijaca.

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REPETICIÓN
MAGISTRADA: DRA. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 12 de abril de 2018.
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
DEMANDADO: VÍCTOR ORLANDO OSORIO ROBAYO
RADICACIÓN: 15001333301120130019601
DESCRIPTORES – Restrictores:
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN - Importancia de estudiar los casos de repetición desde la
conducta del agente y no desde la legalidad del acto anulado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN - Inexistencia de culpa grave del agente ante supresión de
cargo de mujer embarazada, por ella no haber expresado su deseo de ser reincorporada.
TESIS:
Analizada la documental, de ellas no es posible inferir la culpa grave del demandado, cuando decidió
pagar la indemnización a la exempleada, en lugar de reincorporarla en otro empleo dad la supresión
del que ocupaba. En efecto, ninguna de estas -pruebas- se dirige a demostrar la modalidad
de la conducta que se le reprocha, sino circunstancias objetivas anteriores y posteriores al retiro. Si
bien la señora Blanca Lilia Gómez Molina, fue retirada por supresión del cargo, lo cierto es que no
hay un elemento de convicción que le indique a la Sala que la desvinculación laboral, no se produjo
como consecuencia del proceso de restructuración, sino por razón de su embarazo; de la documental
que se valora no se desprende que con el acto anulado hubiera quebrantado groseramente la
ley. El Consejo de Estado ha considerado que la modalidad de la conducta puede deducirse del acto
previamente anulado, y esa prueba debe examinarse en conjunto con otros medios. Sobre el particular
la Alta Corporación señaló: (…)De ahí que el solo hecho de que se haya declarado la nulidad
del acto administrativo suscrito por un funcionario público, no da lugar a deducir que obró con dolo
o con pulpa grave en su expedición, puesto que estos son calificativos de su conducta que deben ser
probados por la parte demandante en este proceso, en el que se analiza la responsabilidad personal
de la demandada, tal como se reseñó en la jurisprudencia traía a colación anteriormente. (…)
Dentro de este proceso la parte actora no acreditó que los hoy demandados, hubieren actuado con
culpa grave o con dolo, pues pretendió derivar esas condiciones de lo expuesto por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y de las pruebas que obraron en el proceso inicial, las cuales, básicamente,
se refieren a la hoja de vida y a la historia laboral de la demandante en ese primer proceso,
sin que de ellas pueda determinarse en los demandados el presupuesto que aquí se analiza. Si bien,
la sentencia que antes se cita, se contrajo a resolver responsabilidad del agente estatal por hechos
ocurridos con anterioridad a la Ley 678 de 2001, lo cierto es que, como se ha dejado expuesto, la
demandante en este caso no acudió a las presunciones que contempla la norma en cita, razón por la
cual los criterios vertidos en ese pronunciamiento, son aplicables a este caso. En este estado de las
cosas, es imperioso destacar que en la actividad probatoria del Municipio de Turmequé, exigía suficiencia,
de tal forma que al Juzgador no le quedara duda sobre el actuar irregular de la ex alcalde;
por el contrario, la demandante se limitó a afirmar que fue condenada por una conducta gravemente
culposa en que incurrió el señor Osorio Robayo, pero no precisó en qué consistía el reproche subjetivo.
Debe decir la Sala que la sentencia de condena no se constituye en este proceso como un
elemento de juicio determinante para acreditar la culpa grave que se endilga al demandada, pues,
como fuera ya advertido, el análisis jurídico en sede de repetición se nutre de la situación fáctica y
probatoria que en razón del planteamiento del litigio propuesto por las partes se da al interior de la
controversia retributiva, por ello su decisión no se gobierna por las razones que llevaron al resultado
desfavorable a la entidad pública que ahora demanda; de suyo entonces que para el sub lite el ejercicio
intelectivo del juzgador no parte del estudio de legalidad del acto que, de forma acertada o no,
fuera declarado nulo, sino de análisis valorativos de la conducta de la demandada, eje medular de
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las sentencias dadas en el contexto de una demanda de repetición. En suma, la Sala no encuentra probado
desconocimiento injustificado de la ley. (…)El material probatorio permite inferir que el Alcalde
Municipal del Municipio de Turmequé, en uso de sus facultades procedió a comunicar a la señora Blanca
Lilia Gómez Molina, empleada en carrera, de su derecho a optar por la reubicación en la nueva planta
de personal o por la indemnización con ocasión de aquella, con lo cual siguió la ley. Sin embargo, la
señora Gómez Molina no manifestó su intención de permanecer vinculada sino, por el contrario, su
deseo de desvincularse, o mejor de no ser reincorporada y por ello le fue reconocida la indemnización
por supresión del empleo y la indemnización por maternidad, siendo esta la presunción que contemplaba
la ley. Considera esta Sala que no era deber del nominador interpretar la voluntad de la empleada
ello no se denota inexcusable, por el contrario, el deber de la empleada era manifestarse expresamente,
sobre su deseo de ser reincorporada y, como no lo hizo, era deber del entonces alcalde dar cabida a
lo dispuesto en el inciso 2 o del artículo 30 del Decreto 730 de 2005 y proceder a la indemnización, como
procedió. Entonces, considera esta Sala, en el marco jurídico anterior, que el señor Víctor Orlando Osorio
Robayo, en calidad de Alcalde Municipal de Turmequé no actuó con culpa grave, comoquiera que
cumplió con las funciones de i) comunicar el retiro con ocasión de la supresión del cargo; ii) otorgar el
término legal a la servidora para que optara por la indemnización o la reubicación; iii) ante el silencio
de la señora Gómez Molina, proceder a la indemnización y iv) pagar la indemnización por maternidad
consagrada en d artículo 51 de la Ley909 de 2004. Recuérdese que la culpa grave impone una actuación
distante de los mínimos legales, una conducta inexcusable carente de toda justificación, un descuido
que no. admite comparación siquiera con un actuar de poca prudencia y para efectos de repetición,
ello debe examinarse al margen de la legalidad o ilegalidad de la actuación evaluada en el proceso que
dio lugar a la condena. En conclusión ha de evidenciarse una franca infracción al deber objetivo de
cuidado con connotaciones de un actuar especialmente grosero, negligente, imprudente, y omisión del
deber funcional exigible. Pero en este caso, lo que concluye la Sala es que el retiro del servicio provino
de la voluntad de la señora Blanca Lilia Gómez Molina al no expresar su decisión de ser reincorporada,
en otras palabras, el alcalde municipal respetó la autonomía de la voluntad de la empleada, que no
perdía por razón de su embarazo, y además ordenó el reconocimiento de las indemnizaciones legales.
La autonomía de la voluntad privada no es otra cosa que la facultad reconocida por el ordenamiento
positivo a las personas para disponer de sus intereses con efecto vinculante y, por tanto, para crear
derechos y obligaciones, con los límites generales del orden público y las buenas costumbres. Entonces,
como no era ilegal que una mujer en estado de embarazo decidiera no continuar en el servicio para ser
reincorporada a otro empleo equivalente en la planta de personal, bien podía el alcalde, acudiendo a
las normas que así lo permitían aceptar esa decisión y proceder como lo hizo, sin perjuicio que, como
sucedió, luego de tal momento la justicia considerara que la maternidad debió privilegiarse. Ahora, no
pasa por alto la Sala que, a juicio de la jueza de la jueza de instancia, el nominador conociendo el estado
de gravidez de la empleada debió "...proceder previamente a incorporarla en un cargo igual o equivalente
de la nueva planta de personal... ” y el dicho del recurrente al señalar que la señora Blanca Lilia
Gómez Molina, renunció a su derecho. Lo primero sea recordar que conforme a la jurisprudencia del
Consejo de Estado, la supresión de un empleo se constituye en una causa legal de retiro de los empleados
que ejercen los cargos de carrera administrativa y, lo segundo, que ello no se impide, ni siquiera
frente a los casos de empleadas en estado de embarazo quienes, al igual que los demás servidores,
tienen el derecho de optar o no por ser reincorporadas en la nueva planta. Entonces, considerar que
aunque la empleada escogiera no ser incorporada el alcalde podía imponerlo, resulta, a juicio de esta
Sala, una carga que supera el actuar diligente e incluso, podría derivar, antes que en una negligencia,
en el desconocimiento e irrespeto de la voluntad. Así, concluye esta Sala, que no se encuentra demostrado
el elemento subjetivo de la culpa grave pues ninguna norma le imponía forzarla permanencia de
la empleada, o actuar contra su voluntad de retirarse, lo cual estuvo conforme a la presunción legal
que aplicó el demandado, sin que aparezca probado rechazo alguno por parte de la mujer gestarte
desvinculada. Para este Tribunal aún en estado de gravidez la señora Gómez Molina podía libremente
escoger si se le reincorporaba o se le indemnizaba, el embarazo no le impedía disponer de sus intereses,
entonces, nada lleva a considerar que el hecho de haber respetado su decisión pueda ser endilgado
como culpa grave al demandado.

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EJECUTIVO
MAGISTRADO: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Auto de fecha 11 de julio de 2018
MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO
DEMANDANTE: ANA YOLANDA DUARTE PÁEZ
DEMANDADO: FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
RADICACIÓN: 15001233300020170101900
DESCRIPTORES – Restrictores:
EXCEPCIONES EN PROCESO EJECUTIVO - Cuando el ejecutado proponga excepciones diferentes a
las previstas en el numeral 2º del artículo 442 del C.G.P. éstas deben rechazarse de plano.
PRESCRIPCIÓN - La referida en el numeral 2º del artículo 442 del C.G.P. hace referencia a la prescripción
de la acción y no a la prescripción de mesadas.
TESIS:
Así entonces, la conducta del ejecutado afecta directamente el trámite procesal. Si ésta es pasiva, el
procedimiento se simplifica y se tiene por vigente la obligación que se persigue ejecutivamente, de
manera que lo que queda después del auto que ordena seguir adelante la ejecución, es el avalúo y
remate de los bienes embargados, así como la liquidación del crédito. En esta segunda etapa, el
ejecutado no cuenta medio de defensa alguno, y le asiste la obligación, aun en contra de su voluntad,
de realizar el pago de lo debido. Ahora bien, puede suceder que el ejecutado del proceso ejecutivo
de providencia judicial, proponga excepciones diferentes a las previstas en el numeral segundo
del artículo 442 del CGP. En este caso, deben rechazarse de plano, comoquiera que al ser improcedentes,
el trámite de traslado al ejecutante y decreto de pruebas para su decisión, previsto en el
artículo 443 ibídem, resulta innecesario. En estas condiciones, no es dable proferir de forma inmediata,
auto que ordene seguir adelante la ejecución, porque esta providencia y el rechazo de las
excepciones distan entre sí, a tal punto que la primera no es pasible de ningún recurso, mientras que
en la segunda procede la apelación, según lo dispone el numeral 4º del artículo 321 del CGP. En
efecto, en el evento que el ejecutado interpusiera recurso de apelación y el superior revocara el rechazo
de plano, el proceso se encausaría por la vía del artículo 443 ibídem. (…) Como se indicó en la
parte inicial de esta providencia, el apoderado del Ministerio de Educación Nacional-FNPSM, formuló
la excepción de prescripción (fl. 85 a 86). Si bien, el numeral 2º del artículo 442 del CGP, contempló
que en casos como el que convoca el presente estudio, en el que se persiguen obligaciones contenidas
en una providencia judicial, es posible proponer el medio exceptivo de prescripción, lo cierto
es que condicionó su procedencia a que se funde “en hechos posteriores a la respectiva providencia”.
Ello, en consideración a que todos los hechos relacionados con la existencia de la obligación,
ocurridos antes de la sentencia base de la ejecución, debían ser objeto de discusión en el proceso
judicial declarativo en el que ésta fue dictada, pues de lo contrario el proceso ejecutivo perdería su
objeto, relacionado exclusivamente con el cumplimiento de una obligación clara, expresa y exigible.
Precisamente, su existencia ya fue objeto de debate en un proceso previo. (…)Obsérvese que el medio
exceptivo encuentra fundamento en hechos ocurridos con anterioridad a la sentencia proferida
por esta Corporación el 31 de marzo de 2016, pues se refiere a las mesadas pensionales que no fueron
reclamadas en el término de tres (3) años contados a partir de la adquisición del derecho. Justamente,
ésta circunstancia fue objeto de discusión en la sentencia que hoy constituye el título ejecutivo;
en el título 2.6.3 de la misma se lee: (…)La discusión que se plantea con la excepción de prescripción
formulada por la parte ejecutada es de tipo declarativo y no se compadece con la naturaleza
del proceso ejecutivo, vinculada de forma inescindible con el cumplimiento de una obligación, cuya
existencia de forma previa, fue definida por este Tribunal en sentencia de 31 de marzo de 2016. El
apoderado del Ministerio de Educación-FNPSM, omitió suministrar argumentos que permitieran
inferir que la prescripción que alega está relacionada con hechos posteriores a la sentencia base de
la ejecución o con el título ejecutivo. Se agregará que al interpretar el numeral 2º del artículo 442
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del CGP en concordancia con los artículos 94 y 95 ibídem y 2512, 2535 a 2536 del Código Civil, se infiere
que la excepción de mérito de prescripción que se puede proponer en el juicio ejecutivo de una decisión
judicial, se refiere a la acción ejecutiva. En desarrollo de los principios fundantes del Estado Social de
Derecho, el derecho a la pensión no admite la prescripción extintiva, en consecuencia, en casos como el
que convoca ahora la atención, en los que se pretende el cumplimiento de una sentencia judicial que
reconoce este derecho, debe entenderse que la prescripción a la que se refiere el numeral 2º del artículo
442 del CGP hace alusión al ejercicio de la acción y no a la prescripción de mesadas pensionales. Las
anteriores razones, resultan suficientes para concluir que la excepción propuesta por el apoderado de
la parte ejecutada que denominó prescripción, no procede porque, en síntesis, la fundamentó en un
hecho anterior a la sentencia relacionado con la extinción del derecho a percibir mesadas pensionales y
no alegó el ejercicio inoportuno de la acción. (…)Propuso el ejecutado la excepción denominada
“VINCULACIÓN DE LITISCONSORTE”, con fundamento en lo siguiente: (…) Sobre el particular, lo primero
que se dirá es que esta excepción no es de aquellas que se pueda formular en el proceso ejecutivo de
sentencia judicial, de acuerdo con el numeral 2º del artículo 442 del CGP. Se agregará que, de su fundamento
se infiere, sin lugar a dubitaciones, que el ejecutado intenta proponer una controversia declarativa
respecto a la persona jurídica que le corresponde el reconocimiento y pago de la pensión de vejez,
no obstante, esta discusión ya se surtió en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento de
derecho adelantado ante este Tribunal y radicado bajo el número 15001-2333-000-2015-00322-00; en
tal virtud, mediante sentencia de 31 de mayo de 2016, se ordenó: (…)
MAGISTRADO: Dr. FABIO IVÁN AFANADOR GARCÍA
PROVIDENCIA: Auto de segunda instancia de fecha 22 de mayo de 2017
MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO
DEMANDANTE: MARCELIANO PULIDO GARCIA
DEMANDADO: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- DIAN
RADICACIÓN: 15001333301120160007301
DESCRIPTORES – Restrictores:
PRIMA TÉCNICA POR FORMACIÓN AVANZADA Y EXPERIENCIA ALTAMENTE CALIFICADA - Según los
Decretos 1661 y 2164 de 1991, su reconocimiento conlleva el reajuste de las prestaciones sociales.
TESIS:
En síntesis, el A quo sostuvo que resultaba improcedente librar mandamiento de pago en la forma
pedida por el ejecutante en lo concerniente a la reliquidación de los salarios, prestaciones sociales y
demás emolumentos salariales devengados desde la fecha del reconocimiento de la prima técnica,
pues si bien no hay duda en que el mismo constituye factor salarial para liquidar prestaciones, en las
providencias que conforman el título ejecutivo no se ordenó expresamente efectuar dicho cálculo ni se
hizo mención alguna en su parte considerativa del pago de dicha condena, no constituyéndose entonces
una obligación clara, expresa y exigible. (…). La Sala revocará el aparte de la decisión que fue objeto
de recurso de apelación, esto es, el numeral 3 o que negó el mandamiento de pago con respecto al
pago de las sumas derivadas de la reliquidación de prestaciones y demás factores salariales tales como
cesantías, intereses a las cesantías, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación
por servicios y vacaciones, desde el 16 de julio 2007 al 30 de junio de 2015, conforme a las razones
que a continuación pasan a exponerse: (…). Se encuentra demostrado con suficiencia que el señor
Marceliano Pulido García fue beneficiario de una condena derivada de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho No. 2011-00050, donde en sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Tunja el 21 de septiembre de 2012, ordenó a título de restablecimiento del
derecho reconocer y pagar la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada
"en los términos previstos en los Decretos 1661 y 2164 de 1991, y la Resolución No. 3682 de 16 de
agosto de 1994", decisión confirmada íntegramente por esta Corporación el 24 de julio de 2014. En
obedecimiento a los fallos mencionados, la entidad ejecutada profirió la Resolución No. 009103 de 18
de septiembre de 2015, efectuando el pago de la suma de $183.684.407,00 a favor del demandante,
por concepto de prima técnica por formación avanzada del periodo comprendido entre el 16 de julio de
2007 hasta el 30 de junio de 2015, conforme a la liquidación que forma parte de la parte motiva del

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acto administrativo visible a folios 73 a 76, y que arrojó las siguientes cifras que componen la cantidad
antes referida: (…) De los rubros que fueron pagados de manera efectiva al ejecutante por parte
de la DIAN, se observa que, en efecto, se echa de menos lo correspondiente al reajuste de las demás
prestaciones sociales y emolumentos que devengó durante el periodo por el cual fue reconocida la
prima técnica a su favor hasta el día anterior al pago de la obligación contenida en la sentencia - 16
de julio de 2007 y 30 de junio de 2015-; sin embargo, en tesis del A quo, no hay lugar a efectuar
dicho reconocimiento porque al interior de la parte motiva ni resolutiva de las sentencias que conforman
el título ejecutivo no se ordenó expresamente reliquidar las prestaciones del accionante,
razón por la cual la obligación no es clara, expresa ni exigible. Verificado el cuerpo del fallo dictado
por el Juzgado Segundo Administrativo de Tunja, se observa que se efectuó la siguiente consideración:
“"Por todo lo anterior, se concluye que los actos administrativos acusados quebrantaron las
disposiciones legales señaladas por el demandante, en especial, los decretos 1661 y 2164 de 1991,
razón por la que declarará su nulidad. Como restablecimiento del derecho, se ordenará que la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales reconozca y pague al demandante la prima técnica por
formación avanzada v experiencia altamente calificada, en los términos previstos en los Decretos
1661 v 2164 de 1991 y la Resolución 3682 de 16 de agosto de 1994." De manera concordante con lo
anterior, en la parte resolutiva de dicha sentencia que forma parte del título ejecutivo, en su numeral
segundo expresamente se consignó: "SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior,
se ordena a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reconocer y pagar al demandante señor
MARCELIANO PULIDO GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6763825 de Tunja, la
prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, en los términos previstos
en los Decretos 1661 v 2164 de 1991 y la Resolución 3682 de 16 de agosto de 1994." A su vez, la
sentencia de segunda instancia que resolvió desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto
por la entidad ejecutada en contra la providencia de primera instancia ratificó: "Que analizado el
caso concreto se demostró que en vigencia de los Decretos 1661 y 2164 de 1991, el demandante, en
su calidad de servidor de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, cumplía
con los requisitos exigidos para el reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y
experiencia altamente calificada por cuanto contaba con un título de formación avanzada, como
Especialista en Finanzas y más de 3 años de experiencia altamente calificada (...)" Ahora bien, encontrándose
implícita la orden de los Jueces emisores del título ejecutivo objeto de estudio, de efectuarse
el reconocimiento de la prima técnica en los términos previstos en los Decretos 1661 y 2164
de 1991, de la revisión de dichas disposiciones legales con respecto a la naturaleza de factor salarial
del que se encuentra revestida la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente
calificada, se observa que el artículo 7° del Decreto 1661 de 1991 prescribe: "Forma de pago, compatibilidad
con los gastos de representación. La Prima Técnica asignada se pagará mensualmente, y
es compatible con el derecho de percibir gastos de representación. La Prima Técnica constituirá
factor de salario cuando se otorgue con base en los criterios de que trata el literal a) del artículo 2
del presente Decreto, y no constituirá factor salarial cuando se asigne con base en la evaluación del
desempeño a que se refiere el literal b) del mismo artículo." Y al literal a) del artículo segundo ibídem,
dispone lo siguiente: "Criterios para otorgar Prima Técnica. Para tener derecho a Prima Técnica
serán tenidos en cuenta alternativamente uno de los siguientes criterios, siempre y cuando, en el
primer caso, excedan de los requisitos establecidos para el cargo que desempeñe el funcionario o
empleado. a)- Título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada en el
ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica en áreas relacionadas con las fundones
propias del cargo durante un término no menor de tres (3) años; o. Así las cosas, ambas providencias
son coincidentes en determinar que la prima técnica por formación avanzada y experiencia
altamente calificada fue conferida al ejecutante, "...pues ostentaba el título de formación avanzada
como especialista en Finanzas, otorgado por la UPTC y más de 4 años de experiencia altamente
calificada", razón por la cual no cabe duda que en voces de la literalidad legal contenida en los Decretos
1661 y 2164 de 1991, el reconocimiento de la prima técnica conlleva también el reajuste de
las demás prestaciones sociales que devengó el ejecutante, sin que sea acertada la consideración
expuesta por el A quo al indicar en la providencia recurrida que nada se había determinado al respecto
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2011-00050. En consecuencia, dicho
reconocimiento debió efectuarse por el periodo dispuesto por los Jueces que adelantaron el proceso
ordinario, esto es, del 16 de julio de 2007 al 30 de junio de 2015, y de la revisión del acto administrativo
de ejecución de la sentencia se evidencia que la DIAN limitó su cumplimiento a la liquidación y
pago únicamente de lo concerniente a la prima técnica como tal, pero se abstuvo de tenerla en
cuenta como factor salaria! para reliquidar las prestaciones sociales devengadas durante ese perio-
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do por el actor, razón por la cual es procedente atender la solicitud de ejecución elevada en el escrito
introductorio por dicho concepto. Ahora bien, para efectos del cálculo de la reliquidación de los factores
salariales devengados por el accionante, y cuyo reajuste solicita en la pretensión primera de la demanda
ejecutiva, es necesario aclarar que partiendo de la solicitud de reajuste elevada por el ejecutante,
la prima técnica debe incluirse dentro de la base salarial para las prestaciones sociales de vacaciones,
prima de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y prima de navidad, mas no en la prima
de servicios. Al respecto cabe anotar, que para el cálculo de la prima de servicios, el ordenamiento jurídico
no contempla la prima técnica dentro de los factores salariales para calcularla, como lo establece
el artículo 59 del Decreto 1042 de 1978, por tanto, en el sub judice no es procedente ordenar su reajuste.
En suma, la Sala revocará el numeral tercero de la providencia recurrida y, en su lugar, ordenará al
A quo que, en atención al inciso primero del artículo 430 del CGP, proceda a adicionar el mandamiento
de pago en contra de la ejecutada por las sumas de dinero que corresponden legalmente a la reliquidación
de las prestaciones sociales devengadas por el ejecutante con inclusión de la prima técnica como
factor salarial, dentro del periodo comprendido entre el 16 de julio de 2007 al 30 de junio de 2015, , así
como por los intereses moratorios que se deriven de dicha suma de dinero.

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VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
MAGISTRADO: Dra. JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO
PROVIDENCIA: Sentencia de única instancia de fecha 8 de mayo de 2018
ASUNTO: VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DEMANDADO: MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ
RADICACIÓN: 15001233300020180002000
DESCRIPTORES – Restrictores:
PERSONERO MUNICIPAL - El Concejo Municipal es el competente para fijar los parámetros, diseñar
y adelantar el concurso de méritos para su elección, directamente o por intermedio de entidades
o instituciones especializadas.
TESIS:
Analizando el artículo 130 del Acuerdo 026 de 2017, respecto de la prueba de conocimientos académicos
para la elección de personero, se dispuso que dicha prueba sea "aplicado a los candidatos por
la comisión accidental integrada por el presidente en la resolución que da apertura al concurso de
méritos, con la asesoría de la firma asesora del Concejo"; por su parte, el artículo 131, estableció
como responsables de la aplicación de la prueba a los concejales que integran la Comisión Accidental,
como encargados de realizar la prueba de evaluación de conocimiento el día y la hora dispuesto
para el efecto. En esa medida, la observación de invalidez radica en la falta de competencia del Concejo
Municipal: i) para reglamentar el diseño de la prueba, pues afecta el principio de transparencia.
ii) para establecer los temas a preguntar. iii) Para establecer el tipo de pregunta. iv) Para encargarse
de calificar los pliegos, pues todo ello le corresponde a la firma contratante y no al concejo. En desarrollo
del artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, modificatorio del artículo 170 de la Ley 136 de 1994, el
Gobierno Nacional estableció los estándares mínimos y las etapas para elección de personeros municipales
a través del Decreto 2485 de 2014, el cual fue compilado en el Título 27 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de
Función Pública. Sobre el carácter de la prueba de conocimiento en el concurso para elección de
personero distrital y municipal, el Decreto 1083 de 2015 señaló los estándares mínimos para el concurso
público y abierto de méritos, como sigue: "ARTÍCULO 2.2.27.2 Etapas del concurso público de
méritos para la elección de personeros. El concurso público de méritos para la elección de personeros
tendrá como mínimo las siguientes etapas: (…) Al respecto, vale la pena traer a colación lo señalado
por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-105del 6 de marzo de 2013, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez respecto a los criterios con los cuales el proceso de selección para elección de
Personeros debe desarrollarse para que se ajuste a la Constitución: (…). De acuerdo con lo expuesto,
es viable concluir que la competencia para la elección del personero municipal es del Concejo Municipal;
en ese sentido, es viable que dicha corporación fije los parámetros, diseñe y adelante el concurso
de méritos para su elección, directamente o por intermedio de entidades o instituciones especializadas,
teniendo en cuenta lo señalado en el Decreto 1083 de 2015, normativa que estableció los
parámetros mínimos del concurso. Así las cosas, por el solo hecho que el Concejo de Chiquinquirá
hubiese establecido el diseño de preguntas a realizar, la creación de una comisión accidental encargada
para realizar la misma, y establecer los temas a preguntar, no es violatorio de las normas alegadas
por el Departamento de Boyacá, pues precisamente se le otorgó competencia a la Corporación
Edilicia para que puedan elegir personero a través de un procedimiento reglado, y que para el
caso sub examine, está siendo consolidado a través del acuerdo municipal acusado; y tampoco está
afectando principios como el de transparencia, pues los trámites pertinentes para el concurso se
podrán hacer directamente o través de universidades o instituciones de educación superior públicas
o privadas o con entidades especializadas en procesos de selección de personal (ARTÍCULO 2.2.27.1.
del Decreto 1038 de 2015).
B o l e t í n M e n s u a l

NOTA DE ADVERTENCIA
“La indexación de la información a través de descriptores, restrictores
y la tesis, no exoneran al usuario de la información de corroborar
su contenido con los textos de las providencias y atendiendo
posibles inconsistencias que de presentarse se sugiere sean puestas
en conocimiento de la Relatoría”.
Tribunal Administrativo de Boyacá
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BOYACA
ALTAR DE LA PATRIA DE TODOS LOS COLOMBIANOS