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POLÍTICA
Ricardo Pérez Valencia
ricardoperezvertigo@gmail.com
Notimex
Desde hace algunos años —no muchos,
por cierto— se reconocieron
en la Constitución los derechos de
los pueblos indígenas del país: el artículo 2
de la Carta Magna, reformado en agosto de
2001, avala a nuestro país como una nación
pluricultural sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas, que habitan el territorio
desde antes de la Colonia y conservan mecanismos
sociales, económicos, culturales y
políticos propios; además, el Estado se obliga
a establecer las instituciones para eliminar
cualquier práctica discriminatoria hacia los
indígenas.
Como consecuencia de estas reformas se
expidió en 2003 la Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI),
que garantiza, protege y promueve la preservación,
desarrollo y uso de las lenguas indígenas
nacionales.
La LGDLPI establece que las lenguas indígenas
son tan válidas como el español para
cualquier asunto o trámite de carácter público,
así como para acceder a servicios e información
pública.
El 15 de diciembre pasado se publicaron
en el Diario Oficial de la Federación reformas
y adiciones a seis artículos de la LGDLPI, cambios
que se enfocan principalmente a los derechos
humanos, certifican la no discriminación,
el respeto y reconocimiento de las
lenguas indígenas y ordenan la
preservación de su uso.
Al respecto, el senador
Isidro Pedraza Chávez dice
a Vértigo que este marco
normativo se hace en función
de mejorar las condiciones
de desarrollo de los pueblos
originarios de nuestro país.
“Son pasos pequeños que tratan
de solventar errores del pasado y reparaciones,
en algún sentido, del mal desempeño
Cifras
Viene a darnos
certeza jurídica para
la implementación de
políticas públicas”.
• Actualmente la población indígena
mexicana está constituida por más de 15
millones de personas, las cuales ocupan la
quinta parte del territorio nacional.
• Siete millones de mexicanos hablan una
lengua indígena.
• Existen once familias lingüísticas, 68
lenguas y 364 variantes.
Fuente: Inali
que se ha hecho para el desarrollo de los pueblos
originarios”, destaca Pedraza.
—¿Se puede decir que son pasos importantes
para implementar o generar políticas
públicas que reditúen en mayor bienestar
para la población indígena?
—Sí, ese es el sentido y el propósito fundamental:
poder actualizar una serie de políticas
públicas que hagan posible la atención
a ese rezago y poderlos incorporar a un régimen
que tenga garantías con derechos sociales
totales a nuestra sociedad, respetando
siempre su identidad.
Con la reforma al artículo 2
constitucional, añade el senador,
se establecieron las bases para
poder destinar mayor presupuesto
a las comunidades
indígenas para que puedan,
en el marco de su cosmovisión,
invertir en el desarrollo rural,
agrícola y urbano de sus pueblos.
Por ello, agrega, “es importante generar un
financiamiento que respete la libre autodeter-
Derechos plenos.
minación de los pueblos y comunidades indígenas
y que ellos puedan, en función de sus
propuestas y programas, hacerse cargo de su
desarrollo. De esa manera estaremos cumpliendo
con ellos de manera correcta”.
Las reformas a la LGDLPI atienden también
la posibilidad de desarrollar políticas públicas,
y su inclusión en materia de derechos humanos,
que garanticen el acceso a la educación obligatoria,
bilingüe e intercultural en todos los
niveles educativos.
El artículo 1 de la LGDLPI disponía originariamente
que el objetivo de la Ley General
era regular el reconocimiento y protección de
los derechos lingüísticos, individuales y colectivos
de los pueblos y comunidades indígenas,
así como su promoción y desarrollo. A eso se
añadió que debe hacerse en un ámbito de
respeto a sus derechos, entendiéndose por
ellos, desde luego, los individuales y colectivos
que garantizan los artículos 1 y 2 de la Constitución
y los establecidos en tratados internacionales
suscritos por el Estado mexicano.
Destaca la modificación al artículo 4 de la
LGDLPI, donde se reconoce al español y las lenguas
indígenas como lenguas nacionales por
su origen histórico y tendrán la misma validez.
Los cambios apuntan hacia el uso y promoción
de las lenguas como el mayor elemento
de comunicación humana.
En este sentido Javier López Sánchez, director
general del Instituto Nacional de Lenguas
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