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Colaboraciones
Efectivamente a lo largo de nuestra
normativa, encontramos preceptos
en los cuales la ley indica al juez
el tipo de valoración que debe de
tener una prueba -hablamos de una
valoración tasada-, como es el caso
de nuestro art. 319 LEC. Cuando en
la ley no se impone un criterio determinado
para apreciar la prueba
hablamos de libre valoración de la
prueba-, como sería el caso del art.
376 -Valoración de los testigos-.
Podemos concluir que:
- No ha de utilizarse para determinar
el valor probatorio del documento
notarial con carácter absoluto
y genérico, ni el criterio de
libre valoración de la prueba (que
dejaría sin contenido lo recogido en
nuestra normativa –art. 319.1LEC
y 1218 C-), ya que las cómodas generalizaciones
son poco adecuadas
para el mundo jurídico, y además
dicho criterio habría de ser aplicado
con la prudencia que exige el
respeto al ordenamiento jurídico en
su conjunto, pues, caso contrario,
no estaríamos ante una valoración
conjunta de la prueba, sino ante un
sistema de libre creación del Derecho
por los Tribunales, que acabaría
llevándonos a un mundo jurídico
menos seguro y mucho más
costoso social y económicamente
en su conjunto.
- No ha de utilizarse para valorar
el documento notarial tampoco con
carácter absoluto y genérico el de
una interpretación totalmente tasada,
que otorgaría una supremacía
probatoria casi total y absoluta al
documento notarial, restando eficacia
a nuestro actual procedimiento
judicial. Ya que al igual que en
la libre valoración de la prueba,
las cómodas generalizaciones son
poco adecuadas para el mundo jurídico,
y además este criterio habría
de ser aplicado con la prudencia
que exige el principio genérico de
libre valoración de la prueba y las
reglas de la sana crítica a la hora
de valorar la prueba, llegando a
desaparecer para dicha documental
esas normas genéricas y de obligado
cumplimiento para el juzgador.
Tanto en la interpretación del Art.
1.218 del Código Civil y el Art.
319.1 de la LEC, como en la aplicación
de la doctrina jurisprudencial,
hay que ser equilibrados y huir
de generalizaciones. No todo tipo
de documento público y por ende,
incluso dentro de los públicos, los
notariales ni toda parte del mismo
merece la atribución de una misma
y genérica eficacia probatoria.
Debiendo atenderse en cada caso
concreto, al tipo, características,
hecho originario del documento,
hecho controvertido y demás extremos
recogidos en el documento notarial,
poniendo en relación dicho
contenido con el hecho controvertido
que se pretenda probar y una
vez determinados dichos extremos
entre otros, es cuando el juzgador
debe de determinar:
- Si dicho documento notarial o
mejor dicho si lo que se pretende
acreditar con dicho documento notarial
ha de poseer carácter superior
al resto de prueba, todo ello aplicando
por supuesto las reglas de la
sana crítica y total objetividad al
valorar dicha documental (Ejemplo:
Documento notarial en el cual
el fedatario público, da fe tanto del
hecho como de los otorgantes, estos
extremos han de poseer un valor
probatorio superior a cualquier
otro medio de prueba que se pueda
presentar para desvirtuar dichos extremos,
dada la presencia y otorgamiento
de fe por parte del notario).
- Si dicho documento notarial
o mejor dicho si lo que se pretende
acreditar con dicho documento
notarial, no ha de poseer carácter
superior al resto de prueba y por
dicho motivo ha de valorar el contenido
del documento notarial conjuntamente
con el resto de prueba,
pero siempre con total cautela y
equilibradamente (Ejemplo: Documento
notarial en el cual se recoge
una manifestación de voluntad
de la parte. Dicha supremacía
probatoria no ha de alcanzar a la
referenciada declaración, dado que
el fedatario público no garantiza en
dicho documento notarial la veracidad
de la manifestación, máxime si
es alegada o utilizada por el manifestante
frente a terceros). •
SALA DE TOGAS
ABRIL 2012
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería 85