SDT65 ok

Colaboraciones
rec. 991/1990.
Recoge expresamente esta sentencia:
“…El motivo segundo se
apoya… y cita concretamente como
precepto infringido, el artículo
1.218, párrafo segundo, del Código
Civil. Impugna el recurrente el
criterio de la Sala “a quo” que dio
preferencia -según dice- a la prueba
testifical sobre la documental
pública amparada en el precepto
invocado. Mas el presente motivo
también decae porque: …Como es
sabido, reiterada jurisprudencia declara
que tal precepto no impide que
pueda acreditarse a través de otros
elementos probatorios la realidad y
existencia de otros hechos o pactos
diferentes de los que el documento
contenga; ni tiene prevalencia sobre
otras pruebas, ni es necesariamente
superior a ellas (Sentencias, entre
otras, de 25 de junio de 1983, 27 de
noviembre de 1985 y 7 de julio de
1986)…”.
- Sentencia del Tribunal Supremo
Sala 1ª, S 12-7-1999, nº 632/1999,
rec. 3602/1994
Recoge expresamente esta sentencia:
“…El motivo segundo, al
amparo del art. 1692.4 LEC, aduce
infracción del art. 1214 C.c. en relación
con los arts. 1218 y 1250 del
mismo y 38 de la Ley Hipotecaria…
Por otra parte, no se han infringido
preceptos atinentes a la valoración
probatoria… Siendo la doctrina de
esta Sala la de que el art. 1218 C.c.
se ha de interpretar en el sentido
de que el valor y eficacia de un documento
público no se refiere a su
veracidad intrínseca, pudiendo las
declaraciones en él contenidas ser
desvirtuadas por pruebas en contrario
(Ss. 27 de marzo de 1991, 18 de
junio de 1992 y 30 de septiembre de
1995, entre otras muchas)…”.
Si atendemos a la literalidad de
dicha jurisprudencia que no deja lugar
a dudas interpretativas respecto
al valor probatorio del documento
notarial, cabría concluir que el documento
notarial como cualquier otro
documento público, admite prueba
en contrario, pudiendo quedar absolutamente
vacíos de contenido los
artículos 319.1 LEC y 1218 Cc. Pudiendo
llegarse a equiparar el valor
probatorio del documento publico
(en el presente caso el notarial) con
el del documento privado.
Si este es el valor probatorio que
pretendía el legislador otorgar al documento
público, ¿Por que realiza la
conceptualización del art. 1218Cc y
319.1 LEC otorgando carácter preferente
al documento público? ¿Que
sentido tendría nuestro art. 326.1
LEC “…los documentos privados
harán prueba plena en el proceso, en
los términos del art. 319, cuando su
autenticidad no sea impugnada por
la parte…”? ¿Por qué se recoge expresamente
en la Exposición de Motivos
XI párrafo V de nuestra LEC
una determinada fuerza probatoria
al documento público, superior a la
del documento privado?
CONCLUSIÓN.
Para intentar llegar a una conclusión
acorde tanto a la literalidad de nuestro
articulado normativo, como con
el criterio determinado por la jurisprudencia
de nuestro Tribunal Supremo,
debemos determinar cuál es
el criterio a adoptar sobre la apreciación
de las pruebas por los Tribunales:
el de prueba tasada o el de libre
y conjunta valoración de la prueba.
A este respecto, nuestro Tribunal
Supremo ha dejado en multitud de
ocasiones bastante claro que el criterio
a seguir es el de libre valoración
de la prueba, valoración esta
que ha de hacerse además siguiendo
las reglas de la sana crítica (“…
En un sistema de libre valoración
de la prueba, que es el que rige en
el ordenamiento procesal patrio…”
–STS 417/2008…-). Sin embargo,
si el criterio a seguir es el de la libre
valoración de la prueba ¿Por qué
nuestro legislador al crear nuestra
LEC-2000 destaca como uno de
las diferencias entre el documento
privado y el publico especialmente
el que el documento privado queda
sujeto a la valoración libre o conforme
a las reglas de la sana crítica…?
¿Por qué al igual que hace con el
documento privado no recoge expresamente
para el publico esta valoración
libre?
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ABRIL 2012
SALA DE TOGAS
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería