SDT65 ok

Colaboraciones
aprobados. La licencia como control
administrativo previo llega a ser un
acto de intervención administrativa
de carácter excepcional y previsto
únicamente en norma con rango
de Ley (art. 5 de la Ley 17/2009).
Mientras que la licencia de obra autoriza
la construcción de un edificio
o su acondicionamiento, la intervención
municipal para apertura de establecimiento
o actividad concentra
el control preventivo de la actividad
a desempeñar en él. A esta dualidad
de objetivos hay que añadir el hecho
de que se regulen en normas jurídicas
distintas. Bien entendido que
cuando con arreglo al proyecto presentado
la edificación se destinare
específicamente a un uso o finalidad
determinada, no será otorgada licencia
de obras sin intervención para la
apertura que aprecie la viabilidad de
la propuesta. O como sigue diciendo
literalmente el apartado 3 del art. 22
del RSCL que no ha sido afectado
por el RD 2009/2009: “cuando con
arreglo al proyecto presentado, la
edificación de un inmueble se destinara
específicamente a establecimiento
de características determinadas,
no se concederá el permiso
de obras sin el otorgamiento de la
licencia de apertura, si fuera procedente”.
.
3. Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía
Sostenible.
El Título II de esta Ley, que continua
en la dirección de remover obstáculos
administrativos iniciado con
las normas de transposición de la
DS, está dedicado a la mejora de la
competitividad incluye reformas en
la simplificación y agilización administrativa
orientadas a impulsar
la actividad emprendedora mediante
supresión de trámites injustificados
o desproporcionados. Su Sección 1ª
contempla la ampliación del ámbito
del silencio positivo (art. 40) y la
Sección 2ª, a los supuestos de licencias
locales de actividad, tasando los
casos en los que las EE.LL podrán
imponer licencias para el desarrollo
de actividades económicas (arts. 41
y 42). Con objeto de potenciar la figura
del silencio positivo, tanto en
el ámbito de la AGE como en el de
las CC.AA, se impuso la obligación
de remitir a las Cortes Generales un
Proyecto de Ley de modificación del
sentido del silencio administrativo,
tras efectuar una revisión de los casos
de silencio negativo existentes y
de que las CC.AA también evaluaran
la existencia de razones imperiosas
de interés general que justificaren el
silencio desestimatorio.
La Memoria del Análisis del Impacto
Normativo y el Preámbulo
de la Ley explican la modificación
que opera en la LBRL diciendo que
“para evitar dilaciones y obstáculos
a la actividad empresarial, se limita
la posibilidad de que las EE.LL establezcan
licencias de apertura o funcionamiento
a determinados supuestos
(cuando esté justificado y sea
proporcionado atendiendo a determinadas
razones de interés general,
como son la seguridad, la sanidad,
la protección del medio ambiente o
la del patrimonio histórico artístico)
y se refuerzan los mecanismos
de control a posteriori”. O lo que es
lo mismo, se restringe la posibilidad
de exigir licencias a aquellas actividades
en las que concurran razones
imperiosas de interés general vinculadas
con la protección de la salud, o
seguridad pública, el medio ambiente
o el patrimonio histórico artístico.
Así el art. 41 de la Ley de Economía
Sostenible (LES) modifica
nuevamente la LBRL, añadiendo un
nuevo artículo 84 bis con la siguiente
redacción: “sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. anterior, con carácter
general, el ejercicio de actividades
no se someterá a la obtención
de licencia u otro medio de control
preventivo. No obstante, podrán someterse
a licencia o control preventivo
aquellas actividades que afecten
a la protección del medio ambiente
o del patrimonio histórico artístico,
la seguridad o la salud pública,
o que impliquen el uso privativo y
ocupación de los bienes de dominio
público, siempre que la decisión de
sometimiento esté justificada y resulte
proporcionada. En caso de existencia
de licencias o autorizaciones
concurrentes entre una entidad local
SALA DE TOGAS
ABRIL 2012
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería 81