SDT65 ok

Colaboraciones
extraídas del art. 4), o lo que es lo
mismo, cualquier sistema previsto
en el Ordenamiento jurídico o en las
normas de los Colegios profesionales
que contenga el procedimiento,
los requisitos y cualquier acto expreso
o tácito de la autoridad competente
que se exija, con carácter previo,
para el acceso a una actividad de servicios
o su ejercicio.
Si bien establece expresamente
que los servicios no económicos de
interés general quedan excluidos de
su ámbito de aplicación, el art. 2.2
enumera las actividades a las que no
se aplica la DS y el considerando 9
excluye expresamente al urbanismo,
al disponer que “la presente Directiva
solo se aplica a los requisitos que
afecten al acceso a una actividad de
servicios o a su ejercicio. Así no se
aplica a requisitos tales como normas
de tráfico rodado, normas relativas
a la ordenación del territorio,
urbanismo y ordenación rural, normas
de construcción, ni a las sanciones
administrativas impuestas por
no cumplir dichas normas, que no
regulan específicamente o no afectan
específicamente a la actividad
del servicio pero que tienen que ser
respetadas por los prestadores en el
ejercicio de su actividad económica,
al igual que por los particulares en
su capacidad privada”.
En cuanto al régimen de libertad
de establecimiento de los prestadores
de servicios, al abordar el tema
del régimen de autorización, el art. 9
establece que los Estados miembros
solo podrán supeditar el acceso a una
actividad de servicios y su ejercicio
a un régimen de autorización (regulado
en los arts. 10 a 13) cuando se
reúnan las ss condiciones:
a) Que el régimen de autorización
no sea discriminatorio para el prestador.
b) La necesidad de un régimen de
autorización esté justificada por una
razón imperiosa de interés general.
Añadiendo el considerando 56 que
de conformidad con la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia, los objetivos
de salud pública, protección
de los consumidores, sanidad animal
y protección del entorno urbano
constituyen razones imperiosas de
interés general que permiten justificar
la aplicación de regímenes de
autorización y otras restricciones.
No obstante, ningún régimen de autorización
o restricción de estas características
debe discriminar en razón
de nacionalidad. Además deben
respetarse siempre los principios de
necesidad y proporcionalidad.
c) El objetivo perseguido pueda
conseguirse mediante una medida
menos restrictiva, en concreto porque
un control a posteriori se produciría
demasiado tarde para ser realmente
eficaz.
d) Ser proporcionados a dicho objetivo
de interés general, claros e inequívocos,
hechos públicos con antelación
y transparentes y accesibles.
Como abordaremos a continuación,
la incorporación de la DS al
Ordenamiento jurídico interno basado
en la eliminación de barreras administrativas,
la excepcionalidad del
régimen autorizatorio y la generalización
de la técnica de declaración
responsable y comunicación previa
a la Administración y del silencio
administrativo positivo se ha producido
en 3 fases: primero mediante
las Leyes estatales 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el Libre Acceso
a las Actividades de Servicios y su
Ejercicio (ley “paraguas”, que casi
literalmente transcribe la DS) y la
Ley 25/2009 ( o Ley ómnibus) de
Modificación de Diversas Leyes
para su adaptación a la Ley sobre el
Libre Acceso a las Actividades de
Servicios y su Ejercicio; después por
la normativa sectorial autonómica y,
por último, las Ordenanzas locales.
Es por ello que la Ley 25/2009
haya completado la redacción del
art. 84 de la LBRL relativo a los medios
de intervención de la Administración
en la actividad de los ciudadanos,
diciendo así: “1. Las EE.LL
podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes
medios: … b) Sometimiento a previa
licencia y otros actos de control preventivo.
No obstante, cuando se trate
del acceso y ejercicio de actividades
de servicios incluidas en el ámbito
de aplicación de la Ley 17/2009
se estará dispuesto en la misma; c)
Sometimiento a comunicación previa
o a declaración responsable de
conformidad con lo establecido en el
art. 71 bis de la Ley 30/92; d) Sometimiento
a control posterior al inicio
de la actividad, a efectos de verificar
el cumplimiento de la normativa reguladora
de la misma y e) órdenes
individuales constitutivas de mandato
para la ejecución de un acto o la
prohibición del mismo” (…).
También completa el apartado 1
del art. 43 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento
Administrativo Común respecto al
silencio administrativo con esta redacción
“en los procedimientos iniciados
a solicitud del interesado, sin
perjuicio de la resolución que la Administración
debe dictar en la forma
prevista en el apartado 3 de este
art., el vencimiento del plazo máximo
sin haberse notificado resolución
expresa legitima al interesado o interesados
que hubieran deducido la
solicitud para entenderla estimada
por silencio administrativo, excepto
en los supuestos en los que una
norma con rango de Ley por razones
imperiosas de interés general o una
norma de Derecho comunitario establezcan
lo contrario”.
Pues bien, a todo ello obedeció
que se publicara el Real Decreto
2009/2009, de 23 de diciembre, por
el que se modificó el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales
de 1955 (RSCL) con el objeto
de modificar los arts. 5 y 22.1,
exclusivamente con el fin de adecuar
su contenido a lo previsto en la modificación
de la LBRL.
Sujeta también la nueva redacción
del art. 22.1 del RSCL a los medios
de intervención municipal, la apertura
de establecimientos industriales
y mercantiles, en los términos
previstos en la legislación básica en
materia de régimen local y en la Ley
17/2009, a fin de que la Corporación
constate si los locales e instalaciones
reúnen las condiciones de tranquilidad,
seguridad, salubridad, y las que,
en su caso, dispongan los instrumentos
de ordenación debidamente
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ABRIL 2012
SALA DE TOGAS
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería