SDT65 ok

Colaboraciones
Licencias urbanísticas
a la luz de la Directiva de Servicios
1. Competencias
Urbanísticas que
atribuyen la
Constitución, los
Estatutos de Autonomía
y la Ley de Bases de
Régimen Local
El artículo 148.1 3ª de la Constitución
española de 1978 (CE)
establece que las Comunidades Autónomas
podrán asumir competencias
en materia de ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda. Por
su parte, art. 2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local (LBRL), enfatiza
para la efectividad del principio
de autonomía local consagrada en
los artículos 137 y 140 CE (según el
cual los Municipios gozan de autonomía
para la gestión de sus respectivos
intereses) que “la legislación
del Estado y de las Comunidades
Autónomas reguladoras de los distintos
sectores de la acción pública,
según la distribución constitucional
de competencias, deberán asegurar
a los Municipios su derecho a intervenir
en cuantos asuntos afecten
directamente al círculo de sus intereses,
atribuyéndoles las competencias
que procedan en atención a las
características de la actividad pública
de que se trate y a la capacidad
de gestión de la Entidad local …”.
La acción de precisar la autonomía
local se defiere al legislador ordinario,
al que no se fija más límite que
el del reducto indisponible que la CE
garantiza. Por su parte, el art. 25.1 de
esta Ley concentra también el capital
principio de autonomía local al habilitar
programáticamente a los Municipios
a prestar cuantos servicios públicos
satisfagan las aspiraciones y
exigencias de la colectividad vecinal
para la gestión de intereses propios,
en los concretos términos de la legislación
sectorial estatal y autonómica
y en el círculo de sus competencias.
Ginés Valera
Escobar
Abogado.
Jefe del Departamento
de Geografía y
Ordenación del Territorio
del IEA
Colegiado 2.366
Para ello, preceptúa el art. 25.2 que
“en todo caso” ejercerán los Municipios
competencias exclusivas o concurrentes
en los términos de la legislación
del Estado y de las CC.AA
en materias de ordenación, gestión,
ejecución y disciplina urbanística.
Aunque la competencia en materia
de urbanismo corresponda sustancialmente
a las CC.AA en virtud del
art. 148.1.3ª CE y todos los Estatutos
de Autonomía la hayan asumido
como exclusiva, (incluyendo, por lo
general, la regulación del régimen
urbanístico del suelo; la regulación
del régimen jurídico de la propiedad
del suelo, respetando las condiciones
básicas que el Estado establezca
para garantizar la igualdad del ejercicio
del derecho a la propiedad y el
régimen de la intervención administrativa
en la edificación, la urbanización
y el uso del suelo y subsuelo)
y hayan atribuido a los Municipios
competencias propias en materia
de ordenación, gestión, ejecución y
disciplina urbanística, que incluye
el otorgamiento de las licencias urbanísticas
y declaraciones de innecesariedad,
existe una Ley estatal de
regulación de suelo, no propiamente
urbanística: el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Suelo. Según su Disposición
Final Primera, los arts. 1 a
9 de esta Ley de Suelo son “básicos”
puesto que tienen el carácter de
condiciones básicas de la igualdad
en el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de los correspondientes
deberes constitucionales y, en su
caso, de bases del régimen de las
AA.PP, de la planificación general
de la actividad económica y de protección
del medio ambiente, dictadas
en el ejercicio de las competencias
reservadas al legislador general en el
art. 149.1.1ª, 13ª, 18ª y 23ª de la CE.
Garantizando la legislación sobre
la ordenación territorial y urbanística
la dirección y el control por
las AA.PP competentes del proceso
urbanístico en sus fases de ocupación,
urbanización, construcción o
edificación y utilización del suelo
por cualesquiera sujetos, públicos y
privados (art. 3.2.a), el apartado d)
del art. 6, contempla el derecho del
propietario a realizar en sus terrenos,
por sí o a través de terceros, la instalación,
construcción o edificación
permitidas, siempre que los terrenos
integren una unidad apta para ello
por reunir las condiciones físicas y
jurídicas requeridas legalmente y
aquéllas se lleven a cabo en el tiempo
y las condiciones previstas por la
ordenación territorial y urbanística.
Conforme a la función social de la
propiedad establecida en su día por
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ABRIL 2012
SALA DE TOGAS
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería