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Colaboraciones
relaciones comerciales más cotidianas.
La implicación del colectivo profesional
de la abogacía es indispensable
para que en nuestra sociedad
calen hondo las soluciones extrajudiciales
de conflictos. Y para ello, en
primer lugar, hay que hacer entender
al abogado que el arbitraje no es un
procedimiento esquivo a su ámbito
de actuación, ni entra en competencia
con sus funciones habituales.
Hay que saber sacar partido de la
situación. La participación en procesos
arbitrales supone para los abogados
la apertura de un nuevo mercado
que puede resultar atractivo, por qué
no decirlo, desde el punto de vista de
la rentabilidad económica.
Y es que, mientras que los honorarios
a percibir por su intervención
en una causa judicial suelen ser
cuantitativamente mayores que los
que corresponden en concepto de la
defensa de parte en un procedimiento
arbitral, la inversión de tiempo
que hay que realizar para disponer
de una sentencia judicial firme, es
mucho mayor. De esta forma, en el
mismo lapso temporal en el que se
desarrolla un litigio en vía judicial,
se puede actuar en varias causas sometidas
a arbitraje y prestar así un
servicio más eficaz al cliente. Se
trata, al fin y al cabo, de optimizar
esfuerzos y rendimiento.
El abogado tiene que entender el
arbitraje como una oportunidad de
negocio, que beneficia, en primer
lugar a su cliente, pero también a él
mismo.
Esta faceta “pedagógica” se amolda
a distintas situaciones de la actividad
profesional del letrado. En
primer lugar, nos referimos a la labor
de asesoramiento jurídico del
cliente, en la que se hace esencial
aleccionarlo acerca de la oportunidad
que supone el arbitraje, y en
concreto, la introducción de una
cláusula arbitral en los contratos que
realicen con carácter previo a que se
produzca la controversia. Y en segundo
lugar, una vez acontecida la
disputa, debiera ser deber del profesional
del derecho informar a sus
clientes de que en ese momento es
posible incorporar un acuerdo de sometimiento
al arbitraje, que le puede
reportar ventajas, así como asesorarles
a lo largo de dicho proceso o actuar
en representación de estos.
La expansión de la cultura arbitral
se vería enormemente favorecida si
los abogados informasen a sus clientes
que, además del juicio, pueden
arreglar sus disputas empleando el
arbitraje, ofreciéndoles, al mismo
tiempo, una ponderación casuística
de las ventajas e inconvenientes que
ello puede acarrear en el específico
asunto para el que se solicita su
defensa y asesoramiento. El letrado
debería aconsejar siempre aquella
opción que sea más adecuada para la
satisfacción del interés de su cliente.
Interesante y aconsejable sería
plantear a la clientela esta alternativa,
aún desconocida para la gran
mayoría.
En concreto, esta figura puede tener
gran importancia a la hora de dar
solución a asuntos de comunidades
de propietarios, cuestiones societarias,
arrendamientos de obra o servicios,
contratos de suministros, contratos
de agencia, comunidades de
bienes, reconocimientos de deuda,
arrendamientos de inmuebles, donde
es conocida la reticencia de muchos
propietarios a arrendar viviendas de
su propiedad por el temor a la aún
lenta resolución del desahucio- a pesar
de las últimas medidas legislativas
desarrolladas en este sentido,…
y en definitiva, a todo tipo de relaciones
jurídicas en materias de libre
disposición de los contratantes.
Y es que, como se ha señalado al
comienzo, parece que el legislador
dirige sus esfuerzos a desarrollar
este sistema con la idea de “desatascar”
el volumen de trabajo que
vuelve lento e ineficaz nuestro sistema
judicial. Ya el pasado año la Ley
11/2011, de 20 de mayo, de modificación
de la Ley 60/2003, vino a
dar un paso más en el desarrollo de
la institución, estableciendo un nexo
de unión más directo entre el arbitraje
y la jurisdicción ordinaria, y
ampliando al arbitraje estatutario los
conflictos que sucedan en el seno de
las sociedades de capital.
Es fundamental desarrollar una
labor de promoción de la institución
arbitral, apostando por las soluciones
extrajudiciales de los conflictos,
y ser conscientes de que al tejido
empresarial de nuestro país, no le
compensa perder tiempo ni dinero
acudiendo a unos Tribunales, ya de
por sí bastante colapsados. •
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ABRIL 2012
SALA DE TOGAS
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería