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Colaboraciones
partes, porque permite a estas que
puedan confiar a los árbitros “intimidades”
e informes de todo tipo,
quedando a salvo de los posibles
perjuicios que podrían sufrir en la
hipótesis de que tales circunstancias
fueran hechas públicas.
Estas restricciones no sólo afectan
a los árbitros, a las partes, y a las instituciones
encargadas de administrar
el arbitraje, sino a todos aquellos
que, de un modo u otro, tengan una
participación en el procedimiento,
como pueden ser, peritos, técnicos,
economistas, abogados y asesores
jurídicos de parte.
Este deber de confidencialidad
comporta la ventaja de conjurar el
peligro de desprestigio social, personal,
comercial o profesional, que
en ocasiones, puede significar para
los contendientes.
E) Mitigación de la hostilidad.
De por sí, el procedimiento judicial
comporta una “actitud violenta”. Las
partes, en el seno de un proceso judicial
se encuentran en una situación
que cabría considerar como “agresiva”,
lo cual conlleva que la controversia
pueda acabar enquistándose,
provocando la ruptura definitiva de
las relaciones, lo cual convierte en
irreconciliables las posiciones de las
partes.
En contraposición, por su propio
carácter, el arbitraje contribuye al
mantenimiento de las relaciones entre
las partes, impidiendo una quiebra
definitiva, y si bien, puede no
conseguir salvar las relaciones de
“amistad” de las partes, puede contribuir,
al menos, a mantener las relaciones
intersubjetivas que permitan
la posibilidad de entendimiento
en un negocio futuro entre estas.
F) Especialización y competencia
El artículo 15 de la Ley 60/2003 dispone
que “en los arbitrajes internos,
que no deben decidirse en equidad,
de acuerdo con el artículo 34, se requerirá
la condición de abogado en
ejercicio, salvo acuerdo expreso en
contrario”.
Los Jueces poseen una amplia y
general formación jurídica que les
habilita para conocer cualquier clase
de conflicto y resolverlo adecuadamente,
pero en ocasiones, carecen
de la necesaria especialización en
aquellos específicos temas que son
objeto del proceso concreto. Los
abogados en ejercicio, como profesionales
de reconocido prestigio
garantizan un conocimiento cualificado
de los asuntos que han de dirimir.
El arbitraje se presenta como
un instrumento capaz de ofrecer
“soluciones técnicas” a problemas
complejos.
La ventaja del abogado como árbitro
se apoya en que es un juzgador
más próximo, accesible y disponible
para las partes, cuyo mayor contacto
con los tejidos profesionales, empresariales,
económicos y sociales,
le facilita nuevos y más abundantes
elementos de juicio que ayudan a tomar
una decisión lo más adecuada y
correcta posible.
3.- Panorama en la
actualidad. Reflexión
sobre el arbitraje.
Vivimos en una sociedad acostumbrada
a que la resolución de conflictos
se confíe, prácticamente en su
totalidad, al Estado. Sin embargo,
puede que ese modelo haya quebrado
de éxito y se vea colapsado estos
días, no siendo eficaz, en tanto que
los poderes públicos ya no se encuentran
en condiciones de atender
con agilidad y eficiencia tales asuntos,
por culpa de la elevada e incesante
demanda de los mismos.
La consideración de España como
un Estado Social no debe suponer
un impedimento insalvable que obstaculice
la recepción del arbitraje
como un sistema alternativo de hacer
justicia, y más en unos tiempos
que tienden a la reducción de la
presencia pública en las relaciones
jurídico-privadas.
A pesar de que desde la promulgación
de la Ley 60/2003, el desarrollo
de la institución arbitral ha sido
notable, hay que reconocer que esta
cultura del arbitraje es aún tímida,
en especial, si nos comparamos con
otro países de nuestro entorno.
En este punto, se antoja fundamental
la intervención del abogado en
el fomento del arbitraje, en cuanto
elemento impulsor de la expansión,
recepción y asimilación de la cultura
arbitral. Sin perjuicio de la labor que
en ese campo de difusión realizan
las Cortes e Instituciones Arbitrales,
sería muy provechoso que a esa labor
se sumasen los profesionales del
derecho, que al fin y al cabo, asesoran
y están en permanente contacto
con los clientes y les guían eficazmente
en la mejor manera de poner
solución a sus problemas.
Debería ser misión del abogado
tratar de apaciguar esa mentalidad
contenciosa que nos hace a todos, en
general, proclives a la batalla judicial,
y transmitirle las ventajas que
reporta la negociación y el entendimiento
frente a la confrontación.
En cierta medida, hay que desarrollar
una función “pedagógica” que
se contraponga al carácter litigante,
que impera en nuestra sociedad. Es
preciso pues, un cambio de mentalidad
que propicie una mayor eficiencia
en la resolución de conflictos.
Igualmente, hay que hacer entender
a nuestro tejido empresarial que
el arbitraje no sólo se limita a asuntos
de carácter internacional o de
gran cuantía, que por otra parte, es
la percepción que impera, sino que
este método tiene una gran asimilación
y es perfectamente válido para
tratar asuntos de menor cuantía, en
SALA DE TOGAS
ABRIL 2012
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