SDT65 ok

LA INCOMODIDAD DEL COMPROMISO
Colaboraciones
difusión de productos financieros
tóxicos a partir
de las llamadas hipotecas
sub-prime generadas en
Estados Unidos, sino porque
el propio desarrollo
de la crisis conlleva efectos
muy distintos sobre
los hombres y las mujeres
y por eso es necesario un
análisis desde la perspectiva
de género para contemplar
los cambios producidos
en el mercado de
trabajo, en el cómputo total
y en reparto de las horas
de trabajo y de los recursos
que las personas necesitan
para sobrevivir. Consolidar
una división sexista del
trabajo y de las funciones
de reproducción social fortalece
la dimensión más
reaccionaria e insolidaria
de los valores sociales y
patriarcales; debilita la
solidaridad y la igualdad,
y confina a las mujeres a
espacios sociales de subordinación,
discriminación
y dependencia. De ahí mi
agradecimiento al esfuerzo
y apoyo de los colectivos feministas
que han servido como motores
de los cambios de emancipación de
millones de mujeres. Las mujeres
no pueden ser tratadas simplemente
como un grupo vulnerable más, sino
como actoras, sujetos principales, en
pie de igualdad con los hombres de
la vida socioeconómica.
El principio de igualdad constituye
uno de los valores supremos
de nuestro ordenamiento jurídico,
recogido como tal en el art. 1.1. de
la Constitución Española y con concreción
en su art. 14; y a ese principio
de igualdad de oportunidades
y de trato se une el mandato a los
poderes públicos de promover las
condiciones y remover los obstáculos
para conseguir una igualdad real
y efectiva en todos los ámbitos de la
vida política, económica, culturas y
social (art. 9.2 C.E.).
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, es la consagración
de esta regulación constitucional,
al establecer los mecanismos
para garantizar la participación activa
de los poderes públicos y la sociedad
civil en la existencia de una
igualdad real y efectiva.
El proceso de integración de los
principios de igualdad de oportunidades
y de trato en el conjunto de
actuaciones de los poderes públicos
supone un paso hacia la transversalidad.
La transversalidad es un proceso
desde una doble perspectiva: la
“material”, que extiende el principio
a todos los órdenes de la vida (económico,
familiar, laboral, cultural,
sanitario, fiscal, etc) y la “instrumental”,
que lo introduce en las actuaciones
de todas las administraciones
públicas, mediante el desarrollo
de actuaciones en todas las unidades
organizativas y funcionales (nivel
micro), contando con el concurso de
las Unidades de Igualdad; y paralelamente,
mediante la atribución
de competencias en
materia de igualdad al más
alto nivel político-administrativo
(nivel macro).
La Ley 3/2007 dispuso
la creación de un órgano
colegiado interministerial
responsable de la coordinación
de las políticas
y medidas adoptadas por
los departamentos ministeriales,
organismo creado
en el seno del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales
por el Real Decreto
1370/2007.
La Comisión Delegada
del Gobierno para Política
de Igualdad, creada por
Real Decreto 680/2008,
de 30 de abril, garantiza la
aplicación del principio de
manera transversal.
Esta lucha contra la discriminación
con planes de
igualdad o acciones positivas
viene recogida en la
Estrategia Marco de la UE
2000-2006 y a esos objetivos
específicos se le denominan
en Europa “Mainstreaming
de Género”.
La incorporación del principio de
igualdad en el conjunto de políticas
públicas va unida a la voluntad política
de cada momento y en función
de que sus agentes tengan formación
y sensibilidad en su definición, desarrollo
y evaluación; de un sistema
de coordinación adecuado, y de una
información minuciosa, especializada
y actualizada que nos permita
conocer la situación real.
La evaluación del impacto de género
de las actuaciones públicas nos
permitirá conocer si se han producido
cambios en la situación de partida
de hombres y mujeres, las desigualdades
iniciales y las situaciones
de discriminación. De ahí la importancia
de la correcta aplicación de
la Ley 30/2003, sobre medidas para
incorporar la valoración de impacto
de género en las disposiciones normativas
del Gobierno.
SALA DE TOGAS
ABRIL 2012
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería 69