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Fondo Jurídico<br />
en última instancia de eventuales discrepancias.<br />
Así, la Ley 7/2002, de Ordenación<br />
Urbanística de Andalucía dedica su<br />
artículo 170 a los “actos promovidos<br />
por las Administraciones Públicas”:<br />
tras una afirmación general de sujeción<br />
a licencia (apdo. 1), establece<br />
dos exenciones específicas para proyectos<br />
públicos:<br />
- la primera referida a los actos<br />
de “excepcional o urgente interés<br />
público” promovidos por la Administración<br />
autonómica –comprendida<br />
su Administración institucional-:<br />
en ese caso, tras un fallido<br />
intento de acuerdo, resuelve asimismo<br />
el Consejo de Gobierno sobre<br />
la procedencia de la ejecución<br />
(apdo. 3).;<br />
- la segunda, referida a la “implantación<br />
de infraestructuras y<br />
servicios, cuando la legislación<br />
sectorial establezca un procedimiento<br />
especial de armonización o<br />
compatibilización con la ordenación<br />
urbanística (apdo. 2.a/);<br />
Marginando los matices, que los<br />
hay, las “razones de urgencia o excepcional<br />
interés público” aparecen<br />
insistentemente como presupuesto<br />
habilitante de la ejecución de obras<br />
públicas disconformes con el planeamiento<br />
urbanístico, y previo pronunciamiento<br />
del órgano ejecutivo,<br />
perpetuándose el esquema de nuestro<br />
ordenamiento urbanístico tradicional.<br />
Naturalmente, la decisión gubernamental<br />
habrá de motivar la concurrencia<br />
de estos supuestos excepcionales,<br />
siendo un acto plenamente<br />
fiscalizable a través de la técnica de<br />
los conceptos jurídicos indeterminados.<br />
En este sentido, procede referir<br />
la Sentencia de 29 de Noviembre<br />
2006 55 del Tribunal Supremo que,<br />
aunque en aplicación de otra normativa,<br />
rechazó que concurrieran las “razones<br />
imperiosas de interés público<br />
de primer orden” en las que el ejecu-<br />
55 Recurso núm. 933/2003. Se recurrió aquí el<br />
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad<br />
de Madrid resolviendo la discrepancia entre el órgano<br />
sustantivo (Consejería de Economía, favorable<br />
a la ejecución del proyecto) y el órgano ambiental<br />
(Consejería de Medio ambiente, que evalúa negativamente<br />
el proyecto). Según la normativa aplicable,<br />
sólo “razones imperiosas de interés público de<br />
primer orden” podían fundamentar la ejecución del<br />
proyecto negativamente evaluado desde la perspectiva<br />
ambiental.<br />
>Entorno de pitas en las laderas<br />
de San José.<br />
tivo autonómico había fundamentado<br />
su decisión de ejecutar un proyecto<br />
de extracción de granito. En el mismo<br />
sentido, la Sentencia del TSJ Extremadura<br />
de 9 de marzo de 2011 56 que<br />
anula el Decreto autonómico que declara<br />
“proyecto de interés regional”<br />
conforme la legislación urbanística<br />
un complejo turístico que no se sujeta<br />
a la normativa de Impacto ambiental.<br />
De mayor calado, los supuestos<br />
en los que la “declaración de interés<br />
general” viene contenida en una<br />
Ley formal es el caso de la Ley que<br />
aprueba el Plan Hidrológico nacional<br />
(Ley 10/2001), que relaciona en sus<br />
Anexos un listado de obras que declara<br />
de “interés general del Estado”; en<br />
ejecución de dicha Ley, se aprueban<br />
los correspondientes proyectos que<br />
sin embargo son anulados por las siguientes<br />
resoluciones judiciales:<br />
- en la Sentencia de la Audiencia<br />
Nacional de 17 de enero de<br />
2011 57 , tratándose de un proyecto<br />
de abastecimiento de aguas, por<br />
vulneración de la normativa de<br />
Evaluación de Impacto Ambiental;<br />
- en la Sentencia de la Audiencia<br />
Nacional de 28 de abril de 2011 58 ,<br />
tratándose de un proyecto de saneamiento<br />
y depuración que no se<br />
somete a la Evaluación de Impacto<br />
Ambiental exigido por la legislación<br />
autonómica.<br />
56 RJCA\2011\537.<br />
57 RJCA\2011\272.<br />
58 RJCA\2011\431.<br />
4. El Derecho Europeo como Límite<br />
a Estas Exenciones.<br />
Las dos Sentencias referidas de la<br />
Audiencia Nacional presentan dos<br />
similitudes: por una parte, involucran<br />
a proyectos de obras declaradas<br />
por Ley de interés general del Estado<br />
y, por otra parte, no se adecuan<br />
a las obligaciones de Evaluación de<br />
Impacto Ambiental. Hay una tercera<br />
similitud: en ambos casos, los proyectos<br />
se habían de ubicar en zonas<br />
integrantes de la Red Natura 2000<br />
reguladas en la Directiva 92/43/CEE<br />
relativa a la conservación de los hábitats<br />
naturales y de la fauna y flora<br />
silvestres (Directiva hábitats).<br />
Aparece así el Derecho europeo,<br />
que en materia ambiental establece<br />
rigurosas obligaciones de conservación,<br />
y que ha desarrollado una importante<br />
doctrina interpretativa de los<br />
conceptos contenidos en dichas normas<br />
59 , imponiendo en algunos casos<br />
la intervención de la Comisión Europea<br />
en los procedimientos nacionales<br />
de aplicación de dichas normas. Es<br />
el caso de la Directiva hábitats, que<br />
prevé la ejecución de un proyecto con<br />
una Evaluación de Impacto ambiental<br />
negativa por “razones imperiosas<br />
de interés público de primer orden”<br />
siempre que, por una parte, se establezcan<br />
medidas compensatorias y,<br />
por otra parte, se informe de ello a<br />
59 La mencionada Sentencia de la Audiencia<br />
Nacional de 17 de enero de 2011, decide que la<br />
Evaluación que acompaña al proyecto (declarado de<br />
“interés general del Estado”) no puede considerarse<br />
una Evaluación adecuada conforme a los criterios<br />
de adecuación y suficiencia que había establecido la<br />
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión<br />
europea que cita (FJ Sèptimo).<br />
SALA DE TOGAS<br />
ABRIL 2012<br />
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