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en última instancia de eventuales discrepancias.
Así, la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía dedica su
artículo 170 a los “actos promovidos
por las Administraciones Públicas”:
tras una afirmación general de sujeción
a licencia (apdo. 1), establece
dos exenciones específicas para proyectos
públicos:
- la primera referida a los actos
de “excepcional o urgente interés
público” promovidos por la Administración
autonómica –comprendida
su Administración institucional-:
en ese caso, tras un fallido
intento de acuerdo, resuelve asimismo
el Consejo de Gobierno sobre
la procedencia de la ejecución
(apdo. 3).;
- la segunda, referida a la “implantación
de infraestructuras y
servicios, cuando la legislación
sectorial establezca un procedimiento
especial de armonización o
compatibilización con la ordenación
urbanística (apdo. 2.a/);
Marginando los matices, que los
hay, las “razones de urgencia o excepcional
interés público” aparecen
insistentemente como presupuesto
habilitante de la ejecución de obras
públicas disconformes con el planeamiento
urbanístico, y previo pronunciamiento
del órgano ejecutivo,
perpetuándose el esquema de nuestro
ordenamiento urbanístico tradicional.
Naturalmente, la decisión gubernamental
habrá de motivar la concurrencia
de estos supuestos excepcionales,
siendo un acto plenamente
fiscalizable a través de la técnica de
los conceptos jurídicos indeterminados.
En este sentido, procede referir
la Sentencia de 29 de Noviembre
2006 55 del Tribunal Supremo que,
aunque en aplicación de otra normativa,
rechazó que concurrieran las “razones
imperiosas de interés público
de primer orden” en las que el ejecu-
55 Recurso núm. 933/2003. Se recurrió aquí el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid resolviendo la discrepancia entre el órgano
sustantivo (Consejería de Economía, favorable
a la ejecución del proyecto) y el órgano ambiental
(Consejería de Medio ambiente, que evalúa negativamente
el proyecto). Según la normativa aplicable,
sólo “razones imperiosas de interés público de
primer orden” podían fundamentar la ejecución del
proyecto negativamente evaluado desde la perspectiva
ambiental.
>Entorno de pitas en las laderas
de San José.
tivo autonómico había fundamentado
su decisión de ejecutar un proyecto
de extracción de granito. En el mismo
sentido, la Sentencia del TSJ Extremadura
de 9 de marzo de 2011 56 que
anula el Decreto autonómico que declara
“proyecto de interés regional”
conforme la legislación urbanística
un complejo turístico que no se sujeta
a la normativa de Impacto ambiental.
De mayor calado, los supuestos
en los que la “declaración de interés
general” viene contenida en una
Ley formal es el caso de la Ley que
aprueba el Plan Hidrológico nacional
(Ley 10/2001), que relaciona en sus
Anexos un listado de obras que declara
de “interés general del Estado”; en
ejecución de dicha Ley, se aprueban
los correspondientes proyectos que
sin embargo son anulados por las siguientes
resoluciones judiciales:
- en la Sentencia de la Audiencia
Nacional de 17 de enero de
2011 57 , tratándose de un proyecto
de abastecimiento de aguas, por
vulneración de la normativa de
Evaluación de Impacto Ambiental;
- en la Sentencia de la Audiencia
Nacional de 28 de abril de 2011 58 ,
tratándose de un proyecto de saneamiento
y depuración que no se
somete a la Evaluación de Impacto
Ambiental exigido por la legislación
autonómica.
56 RJCA\2011\537.
57 RJCA\2011\272.
58 RJCA\2011\431.
4. El Derecho Europeo como Límite
a Estas Exenciones.
Las dos Sentencias referidas de la
Audiencia Nacional presentan dos
similitudes: por una parte, involucran
a proyectos de obras declaradas
por Ley de interés general del Estado
y, por otra parte, no se adecuan
a las obligaciones de Evaluación de
Impacto Ambiental. Hay una tercera
similitud: en ambos casos, los proyectos
se habían de ubicar en zonas
integrantes de la Red Natura 2000
reguladas en la Directiva 92/43/CEE
relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora
silvestres (Directiva hábitats).
Aparece así el Derecho europeo,
que en materia ambiental establece
rigurosas obligaciones de conservación,
y que ha desarrollado una importante
doctrina interpretativa de los
conceptos contenidos en dichas normas
59 , imponiendo en algunos casos
la intervención de la Comisión Europea
en los procedimientos nacionales
de aplicación de dichas normas. Es
el caso de la Directiva hábitats, que
prevé la ejecución de un proyecto con
una Evaluación de Impacto ambiental
negativa por “razones imperiosas
de interés público de primer orden”
siempre que, por una parte, se establezcan
medidas compensatorias y,
por otra parte, se informe de ello a
59 La mencionada Sentencia de la Audiencia
Nacional de 17 de enero de 2011, decide que la
Evaluación que acompaña al proyecto (declarado de
“interés general del Estado”) no puede considerarse
una Evaluación adecuada conforme a los criterios
de adecuación y suficiencia que había establecido la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
europea que cita (FJ Sèptimo).
SALA DE TOGAS
ABRIL 2012
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería 31