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Fondo Jurídico
>Salinas de Cabo de Gata, en
el Parque Natural.
La LBRL atribuye a los municipios
competencias tanto en la materia
específica “medio ambiente” como
en otras de clara repercusión
sobre el medio: salubridad
pública, suministro de aguas
y tratamiento de residuos,
prevención y extinción de
incendios, entre otras.
Españoles”, “no estarán sometidas
a los actos de control preventivo
municipal a que se refiere el
artículo 84.1 de la LBRL”, por
constituir “obras públicas de interés
general”. Lo mismo sucede en
relación con las obras de infraestructura
ferroviaria: artículos 166
y 160, respectivamente de la Ley
13/1996;
- tampoco están sujetas las
obras de los puertos, en virtud del
artículo 19.3 de la Ley 27/1992, de
Puertos del Estado;
- la Ley 19/1987, modificada
en 1997, determina en su artículo
179.2, que se entenderán implícitamente
otorgadas a RENFE todas
la autorizaciones y licencias
de primera instalación o apertura
para el desenvolvimiento en los recintos
ferroviarios de actividades
industriales y comerciales;
- para obras públicas hidráulicas
de interés general, el Texto Refundido
de la Ley de Aguas (Real
Decreto Legislativo 1/2001) establece
una serie de prerrogativas
en su artículo 127: “1. Las obras
hidráulicas de interés general y las
obras y actuaciones hidráulicas de
ámbito supramunicipal, incluidas
en la planificación hidrológica, y
que no agoten su funcionalidad en
el término municipal en donde se
ubiquen, no estarán sujetas a licencia
ni a cualquier acto de control
preventivo municipal…”.
Estas excepciones han sido interpretadas
de una forma restrictiva por
el Tribunal constitucional, que ha
examinado sucesivamente su compatibilidad
con la autonomía local declarando
inconstitucionales algunas
menciones que no se consideraban
imprescindibles para asegurar la finalidad
de las obras y proyectos “del
Estado” que pretendían ejecutarse. Y
es que no cualquier exclusión legislativa
es admisible desde el punto de
vista constitucional, aun cuando esta
exclusión está precedida de una “declaración
de interés general” de carácter
sectorial.
Así, el TC ha señalado que la noción
de “interés general” que determina
la competencia del Estado en
materia de Puertos puede apreciarse
“fundamentalmente en los puertos
comerciales que desarrollen una actividad
relevante para el conjunto del
Estado”, (STC 40/1998, FJ 16º), y
admite la exención de licencia municipal
para las “instalaciones estrictamente
portuarias”. Sin embargo, a
continuación matiza que la exención
no alcanza a las actividades que no
forman parte en un sentido estricto de
dichas instalaciones, es decir, para las
que forman parte de “equipamientos
culturales o recreativos, certámenes
feriales y exposiciones”: para estas
últimas dependencias anexas a las
instalaciones portuarias el Tribunal
rechaza la constitucionalidad de la
exención de licencia, dada que su finalidad
no es ya de interés general.
En segundo lugar, y con referencia
a la legislación urbanística, con carácter
general los actos de edificación
y usos del suelo, con independencia
de la titularidad pública o privada
de sus promotores, están sujetos, en
principio, a la previa obtención de
licencia urbanística municipal. Sin
embargo, ya desde la Ley de 1976
(artículo 180) se establecieron previsiones
específicas para las “Actuaciones
promovidas por Administraciones
Públicas”. Estas previsiones
están hoy contenidas, para la Administración
General del Estado, en el
vigente TRLS 2008 54 , que ante la
eventual oposición municipal para
la ejecución de un proyecto estatal,
concurriendo “razones de urgencia o
excepcional interés público” establece
la prevalencia de la decisión del
Consejo de Ministros resolviendo la
discrepancia –decisión que al tiempo
inicia la alteración de la ordenación
urbanística-.
En la legislación autonómica se ha
trasladado este esquema para “Actos
promovidos por Administraciones
Públicas”: estableciendo mecanismos
de comunicación previa entre la Administración
autonómica que pretende
ejecutar un proyecto disconforme
con el planeamiento municipal y atribuyendo
al Ejecutivo Autonómico,
Consejos de Gobierno, la resolución
54 Real Decreto Legislativo 2/2008, Disposición
Adicional 10ª.
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ABRIL 2012
SALA DE TOGAS
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería