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Fondo Jurídico
importante la rotundidad con la que
está redactado el precepto del Reglamento
General de Minería citado.
Esta relación aparece reiterada en
otros pronunciamientos jurisprudenciales
que amparan en las competencias
ambientales de los Entes Locales
medidas que, directa o indirectamente,
tutelan el paisaje. Recientemente,
se está produciendo una intensa actividad
contenciosa en relación con
el despliegue de antenas de telefonía
móvil, una de las actividades potencialmente
más contaminadoras del
paisaje 47 , cuestionándose las potestades
locales para ordenar su despliegue.
Aunque no puede apreciarse aun
un criterio jurisprudencial constante y
uniforme, pueden mencionarse algunos
pronunciamientos que vinculan
la potestad de ordenanza municipal
para regular la instalación de antenas
de telefonía con las competencias urbanísticas
y/o de medio ambiente:
- La STS de 24 de mayo de
47 Vid., por todos, A. Molina Jiménez, Las antenas
de Telefonía Móvil. Régimen Jurídico. Análisis de los
impactos visuales y radioeléctricos en las comunicaciones
móviles, Aranzadi 2002.
2005 48 confirma la potestad local
de planeamiento, de ordenanza y
reglamentarias como aptas para
establecer las condiciones de instalación
de antenas y redes de telecomunicaciones
en orden a preservar
los intereses municipales en
materia de protección del medio
ambiente, entre otros;
- La STSJ Castilla La Mancha,
de 24 de noviembre de 2006 49 ,
confirma asimismo una ordenanza
municipal reguladora del despliegue
y funcionamiento de instalaciones
de telecomunicación justificándola
en razones urbanísticas,
medioambientales o paisajísticas;
- La STSJ Navarra de 18 de
mayo 2006 50 y la STSJ Castilla La
Mancha de 10 de julio de 2006 51 ,
confirman también una ordenanza
municipal reguladora de instalaciones
radioeléctricas en base a
las competencias municipales en
materia urbanística y medioambiental.
Otra actividad con un directísimo
impacto sobre el paisaje es la de
transporte de energía eléctrica a través
de tendidos aéreos 52 , respecto de
la que aparece también involucrado
el alcance de las competencias locales
en materia de medio ambiente.
La STSJ de Castilla y León de 15 de
marzo de 2006 confirma la competencia
municipal para exigir licencia de
actividad a la instalación de una red
de transporte de energía previamente
autorizada por las autoridades autonómicas.
Se desestima la impugnación
del Decreto de la Alcaldía prohibiendo
los trabajos preparatorios
en tanto no se cumplimentaran las
obligaciones municipales (entre ellas
la imposición de eventuales medidas
correctoras), y se declara que:
“aun siendo verdad que las competencias
en materia de protección del
48 RJ 2005\4413.
49 RJCA 2006\343.
50 RJCA 2006\445.
51 RJCA 2006\704.
52 La regulación del transporte de energía eléctrica
es, desde la perspectiva de las licencias locales,
ciertamente compleja y equívoca desde 2003. Estudié
esta cuestión en mi trabajo “Aspectos constitucionales
y ambientales de las licencias locales. El
transporte de energía eléctrica”, en El Derecho
Urbanístico del siglo XXI. Libro Homenaje al Prof.
Martín Bassols Coma, Ed. Reus – Colegio de Registradores
de España, 2008.
medio ambiente son fundamentalmente
autonómicas, no lo es menos
que también en ese ámbito las Corporaciones
Locales tienen “algo que
decir” y prueba de ello es que, cuando
se trata de actividades clasificadas –y
entre ellas la producción, transporte y
distribución de energía eléctrica- …
es previa a la licencia urbanística la
de actividad”.
Procede por último recordar que el
artículo 84 de la LBRL ha sido objeto
de una última reforma en 2011, que
añade el artículo 84 bis: este artículo,
después de afirmar un principio general
de libertad para el ejercicio de actividades,
y por lo tanto la no sujeción
a licencia, deja a salvo la exigibilidad
de licencia a actividades que afecten
a la protección del medio ambiente,
entre otros supuestos.
3.3 Exenciones de intervención local:
previsiones legales y declaraciones
gubernativas
La exigibilidad de licencias locales
puede venir excepcionada –como se
ha visto con referencia a la Ley de
Puertos de 1992- por dos grupos legislativos:
la legislación sectorial y
la legislación urbanística, previendo
esta última supuestos de hecho cuya
concurrencia será apreciada por resolución
gubernativa declarando la concurrencia
de “interés general”, “interés
público autonómico”, “razones de
excepcional urgencia” y conceptos
similares.
En primer lugar, respecto a la legislación
sectorial, las previsiones
correspondientes encontrarían apoyatura
en el artículo 84.3 LBRL que,
como se dijo, afirma la exigencia de
licencias locales cuando concurran
autorizaciones otorgadas por otras
Administraciones Públicas “respetándose
en todo caso lo dispuesto en las
correspondientes leyes sectoriales”.
En este sentido, procede mencionar,
entre las vigentes, las siguientes 53 :
- las obras de nueva construcción,
reparación y conservación
que se realicen en el ámbito de un
aeropuerto y su zona de servicio
por el ente público “Aeropuertos
53 Tomo los datos de esta enumeración del comentario
al artículo 84 LBRL en Código de Leyes Administrativas,
L. Marín Rebollo, 12ª ed., Septiembre 2006.
SALA DE TOGAS
ABRIL 2012
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería 29