SDT65 ok

Fondo Jurídico
mento en el que el legislador estatal o
autonómico establezca la regulación
de estas materias.
De esta forma, en aquellos ámbitos
relacionados en el art. 25 LBRL el
legislador, estatal o autonómico, no
podrá desconocer tal circunstancia
y deberá concretar el alcance de la
competencia local, incorporando las
funciones públicas que corresponden
a las entidades locales en la materia
que se encuentra regulando.
Esta circunstancia, avalada y garantizada
por doctrina constitucional
firmemente asentada, impone una
lectura de las competencias “legislativas
y ejecutivas” que los Estatutos
atribuyen a las Comunidades Autónomas
y que matizan la “exclusividad”
con la que se atribuyen. En este sentido
se ha dicho que “la exclusividad
se desplaza dominantemente a la atribución
de competencias legislativas y
no ejecutivas” 43 , de forma que,
- las competencias ejecutivas
autonómicas comprenderán funciones
de intervención directa
pero también, y predominantemente,
funciones de control y de
coordinación de las competencia
locales;
- las competencias “legislativas”
tampoco pueden absorber íntegramente
la potestad normativa
que a las entidades locales corresponde
en relación a las materias
que afecten a sus respectivos intereses,
debiendo las leyes autonómicas
dejar un margen de normación
propio a los entes locales.
En concreto, la LBRL atribuye a los
municipios competencias tanto en la
materia específica “medio ambiente”
(art. 25.2.f/) como en otras de clara
repercusión sobre el medio: salubridad
pública (art. 25.2h/), suministro
de aguas y tratamiento de residuos
(art. 25.2.l/), prevención y extinción
de incendios (art. 25.2.c/), entre otras.
A las que cabría añadir las que derivan
de la obligación de protección y
preservación de sus bienes y, en particular,
la obligación respecto al mantenimiento
de la masa forestal que
43 L. Cosculluela Montaner, “Las competencias de
la Comunidad”, en Estudios sobre el Derecho de
la Comunidad de Madrid, Cívitas-Comunidad de
Madrid 1987, pág. 393.
>Vista de la zona de poniente
de San José.
se ubique en su territorio 44 . Hay que
advertir que, en algunos casos, se observan
en las leyes ambientales omisiones
clamorosas en tanto ignoran
indebidamente en su regulación las
funciones que a los entes locales corresponden;
en otros casos, se consideran
las actuaciones locales sin que
se delimite con la mínima precisión el
ámbito de su intervención respecto de
otras posibles actuaciones públicas.
Un supuesto semejante es resuelto
por la STS de 27 de septiembre
de 1991 45 . Se recurre una resolución
del Ayuntamiento que ordena la suspensión
de las obras de extracción
de áridos por debajo de determinada
profundidad, a pesar que tales extracciones,
en una profundidad superior
a la admitida por la resolución
44 Véanse los arts. 74 y ss., y particularmente el art.
84, del Real Decreto Legislativo 781/1986, Texto
Refundido de Régimen Local, así como el art. 39 del
Real Decreto 1372/1986, Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales.
45 Rep.Ar. 1991\6871.
municipal, estaba amparada por una
autorización del órgano autonómico
competente en materia de minas. Entendía
el Ayuntamiento que los trabajos
podían suponer un riesgo para el
abastecimiento de aguas a la población
en debidas condiciones. Como
fundamento del recurso se invoca el
Reglamento General de Minería 46 ,
en virtud del cual ninguna autoridad
distinta de la competente en materia
de Minas puede suspender trabajos
de aprovechamiento de recursos mineros
debidamente autorizados. En
base, entre otras, a la competencia
para “proteger el medio ambiente y la
salubridad pública, lo que se aplica de
lleno a su deber de tomar las precauciones
necesarias para evitar el peligro
de contaminación de las aguas
destinadas al consumo humano”, la
Sentencia declara la legalidad de la
resolución municipal. En definitiva,
hace una interpretación de las distintas
normas del ordenamiento que
concurren a ser aplicadas en el supuesto
de hecho que matiza de forma
46 Art. 142 del Real Decreto 2857/1987 que aprueba
el Reglamento.
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ABRIL 2012
SALA DE TOGAS
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería