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Fondo Jurídico
miento y en otros como actividades
de control independientes que dan lugar
a dos licencias distintas: licencia
de apertura, y licencia de actividad y
de funcionamiento previa visita de
comprobación 40 .
Estas distintas categorías deberán
en lo sucesivo adaptarse a la nueva regulación
que se establece ahora en el
artículo 84 LBRL tras su adaptación a
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio, que en
este ámbito generaliza los controles
municipales ex post (comunicación
previa y declaración responsable) reduciendo
el ámbito de aplicación de
los controles ex ante a través de la
autorización 41 .
La última frase del artículo 84.3
LBRL -“respetándose salvo de lo
dispuesto en la legislación sectorial”-
podría hacer pensar que bastaría con
un precepto legal que excepcionara,
sin más, de la obligación general de
obtener las licencias municipales; sin
embargo, como enseguida se verá,
esta conclusión no parece correcta a
la vista del doble engarce constitucional
que presentan las licencias municipales.
Otra cosa es que “lo dispuesto
en la legislación sectorial” satisfaga
igualmente y con la misma intensidad
esas referencias constitucionales. Y
es que la intervención local en estos
ámbitos, no tiene una mera apoyatura
legal en el precepto correspondiente
de la LBRL, sino que tiene apoyatura
constitucional en virtud del artículo
137 de la Constitución.
Desde esta perspectiva, debe referirse
el criterio plasmado en la STC
40/1998 (FJ 39), en relación con recurso
dirigido contra el artículo.19.3
de la Ley de Puertos y Marina Mercante
y que ha sido reproducido en la
posterior STC 204/2002 de 31 de octubre
, que valoró la inconstitucionalidad
del art.166.3 de la Ley 13/1996,
40 Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de la Región de Murcia de 24 de enero 2000
(JUR\92643), entre otras muchas, algunas de ellas
comentadas en J. Ortega Bernardo, “Las Licencias
de actividad y funcionamiento en la reciente jurisprudencia
de los Tribunales Superiores de Justicia”,
Revista de Derecho Urbanístico y Medio ambiente, nº
184, Marzo 2001, pág. 234.
41 Si bien el artículo 84.bis, introducido en 2011,
excepciona el principio general de libertad y no sometimiento
a autorización por determinadas causas,
entre ellas las protección del medio ambiente.
>El paisaje del Castillo de Los
Vélez destaca sobre la localidad
de Vélez Blanco.
de 30 de diciembre, en cuanto se venía
a excluir el control municipal a
través de la licencia municipal en el
ámbito de AENA.. En el FJ 13 de dicha
STC 204/2002 se establece:
“Este Tribunal ha declarado que la
autonomía local prevista en los arts.
137 y 140 de la Constitución Española
se configura como una garantía
institucional con un contenido mínimo
que el legislador debe respetar
y que se concreta, básicamente, en
el “derecho de la comunidad local a
participar a través de órganos propios
en el gobierno y administración
de cuantos asuntos le atañen, graduándose
la intensidad de esta participación
en función de la relación
existente entre los intereses locales y
supralocales dentro de tales asuntos
La norma estatal básica de
Evaluación Ambiental obliga a
considerar el impacto sobre el
paisaje de los proyectos públicos
y privados contemplados en su
ámbito de aplicación.
o materias. Para el ejercicio de esa
participación en el gobierno y administración
en cuanto les atañe, los
órganos representativos de la comunidad
local han de estar dotados de
las potestades sin las que ninguna actuación
autonómica es posibles (STC
32/1981 FJ 4º).
A esta misma concepción responde
el art. 2.1 de la Ley Reguladora
de las Bases de Régimen Local, según
el cual “para la efectividad de
la autonomía garantizada constitucionalmente
a las Entidades locales,
la legislación del Estado y la de las
Comunidades Autónomas... deberá
asegurar a los Municipios, las Provincias
y las Islas su derecho a intervenir
en cuantos asuntos afecten directamente
al círculo de sus intereses,
atribuyéndoles las competencias que
proceda en atención las características
de la actividad pública de que se
trate y la capacidad de gestión de la
Entidad Local, de conformidad con
los principios de descentralización
y de máxima proximidad de la gestión
administrativa a los ciudadanos.
(…). Este derecho de intervención en
los asuntos de su competencia forma,
por tanto, el núcleo primigenio de la
autonomía local”.
3.2 Las competencias ambientales
de los entes locales.
Este reconocimiento constitucional
de autonomía no va acompañado, en
el texto constitucional, de concreción
competencial alguna. Es la LBRL,
como es sabido, la que articula esta
garantía institucional, constituyendo
la norma de cabecera de los ordenamientos
locales. En particular, en su
art. 25 relaciona una serie de materias
en relación a las cuales el Municipio
“ejercerá, en todo caso, competencias
en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas”.
Esto es, delimita el ámbito
material de las competencias municipales
sin concretar su alcance 42 ,
concreción que queda diferida al mo-
42 Según la Exposición de Motivos de la LBRL, la
cuestión competencial de los entes locales viene
determinada, entre otros factores, por “la imposibilidad
material, en todo caso, de la definición cabal
y suficiente de las competencias locales en todos y
cada uno de los sectores de intervención potencial
de la Administración local desde la legislación de
régimen local”.
SALA DE TOGAS
ABRIL 2012
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería 27