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y las condiciones de aplicación 22 .
Estas determinaciones estatales han
sido reproducidas, con distintos matices,
en la legislación autonómica
correspondiente 23 .
El ordenamiento territorial y urbanístico
comprende pues unas “técnicas
operativas adecuadas para
la imposición de zonificaciones y
restricciones, así como para reglamentar
la localización y condiciones
de asentamientos constructivos en
cuanto suponen una transformación
del uso natural del suelo y del paisaje
preexistente” 24 , si bien requieren de
instrumentos adicionales, ya que “su
capacidad de predicción de impactos
es muy limitada más allá de la mera
localización”. Ese instrumento adicional
viene hoy constituido por la
obligación de evaluar los impactos
ambientales a los que la Ley 9/2006
sujeta a los instrumentos de planeamiento,
evaluación que habrá de considerar
los impactos paisajísticos y
que discurre paralela a la tramitación
del plan 25 .
Debe indicarse que no hay un criterio
unánime respecto de las condiciones
de aplicación de este precepto,
especialmente cuando existen instrumentos
de planeamiento previos que
entran en conflicto con estas determinaciones,
esto es, que posibilitan las
construcciones e instalaciones que
“limitan el campo visual para con-
22 De particular interés, la precisión de lo que ha
de entenderse por “armonía del paisaje”: vid., con
referencia a la doctrina anterior, la Sintetizando la
jurisprudencia anterior, la STSJ de Madrid de 15 de
enero de 2002 (RJCA 2002\164) que señala que: “la
no rotura de la armonía del paisaje o la desfiguración
de las perspectivas propias del mismo, encierran
conceptos jurídicos indeterminados (…). Tales
circunstancias o conceptos han de ser interpretados,
de modo muy especial, conforme a la realidad
social del tiempo en que han de ser aplicados –art. 3
CC- siendo de notar que tal realidad social en estos
momentos refleja una muy intensa preocupación en
conservar y mantener las perspectivas naturales y la
armonía del medio ambiente”.
23 la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía, recoge, entre sus “Normas de Aplicación
Directa” la obligación de los actos de construcción,
edificación e instalación que se realicen en suelo
no urbanizable de “evitar la limitación del campo
visual y la ruptura o desfiguración del paisaje en los
lugares abiertos o en perspectiva de los núcleos e inmediaciones
de las carreteras y caminos con valores
paisajísticos” (artículo 57, apdo. 1, 5ª);
24 M. Bassols Coma, ibídem.
25 Ley que, con el carácter de “legislación básica”
incorpora la Directiva 2001/42/CE. En mi trabajo
La Evaluación Ambiental de Planes y Programas,
Cuadernos de Urbanismo nº 14, Ed. Montecorvo
2006, traté esta Directa y su (compleja y tardía)
incorporación al ordenamiento español.
templar las bellezas naturales, rompen
la armonía del paisaje o desfiguran
la perspectiva propia del mismo”.
En estos casos, hay quien sostiene,
incluso con apoyo jurisprudencial
para este argumento, la prevalencia
de las determinaciones municipales
frente a la mecánica aplicabilidad directa
del precepto” 26 , admitiendo ésta
para fundamentar una denegación de
licencia en ausencia de determinaciones
específicas en el planeamiento.
En algunos casos, el legislador autonómico
quiere evitar esta polémica,
y aclara que estas determinaciones
legales de armonización con el entorno
y respeto del paisaje son normas
“directamente aplicables exista o no
planeamiento urbanístico, imponién-
26 E. Sánchez Goyanes, “Urbanismo y Protección
del Paisaje. Las (mal) llamadas (y peor entendidas)
normas de aplicación directa. Anulación por el TSJ
de Cantabria de licencia para 17 viviendas junto a la
costa de Liendres”, Revista de Derecho Urbanístico
y Medio ambiente, nº 173-J, Noviembre 1999, pág.
1215. En contra, y rotundamente a favor de su aplicación
directa, J. González Pérez, op. cit. Pág. 1076,
quien indica incluso la acción pública del artículo
304 TR para recabar su aplicación en contra del
Planeamiento que lo desconozca.
Los paisajes se protegen ya
no únicamente por razones
estéticas, sino con propósitos
de preservación de determinado
entornos de la acción
urbanizadora e industrial.
dose en su caso a las determinaciones
de éste” 27 .
2.2 La objetivización del concepto y
su protección directa.
El paisaje es un valor ambiental que
necesita protección jurídica ya que,
como los demás elementos del medio
ambiente, también puede ser objeto
de agresiones, es decir, también
puede ser contaminado 28 . Su protección
por el Derecho requiere como
es lógico la previa delimitación del
concepto “paisaje” como objeto a tutelar,
para lo que es necesario acudir
extramuros de las disciplinas jurídicas,
y recabar el auxilio de las ciencias
experimentales y de la técnica.
Esta colaboración interdisciplinar resulta
ya habitual en las regulaciones
de Derecho público y, en particular,
del Derecho ambiental, en el que es
frecuente que “la normativa de aplicación
directa esté filtrada y concretada
en cada caso por conceptos –que
en rigor, no pueden decirse que sean
jurídicos- indeterminados, a los que
sólo tienen acceso los expertos. (…).
En rigor, lo que hay es una remisión
o entrega a lo que en cada caso deter-
27 artículo 30, apartado 1, de la Ley 9/2001 del
Suelo de la Comunidad de Madrid.
28 En este sentido, A. Martínez Nieto, “La contaminación
del paisaje”, Actualidad Administrativa nº 20,
1998, pág. 438.
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ABRIL 2012
SALA DE TOGAS
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería