SDT65 ok

Fondo Jurídico
je responde a causas heterogéneas, algunas
con marcado acento utilitarista
y estético casi siempre.
En nuestro país, Martín Mateo nos
señala que “el sistema de parques que
se instaló a finales del siglo XIX se
basaba en la conservación de las bellezas
naturales más importantes para
su disfrute por las generaciones actuales
y futuras 14 . Con acierto se nos
recuerda cómo la Ley de parques nacionales
de 1916, contemplaba la naturaleza
como una relación estética,
desde la perspectiva de las necesidad
del hombre de la ciudad, pretendiendo
proteger aquellos sitios o parajes
excepcionalmente pintorescos, forestales
o agrestes “con el exclusivo objeto
de favorecer su acceso por vías
de comunicación adecuadas y de respetar
y hacer que se respete la belleza
natural de sus paisajes, la riqueza de
su fauna y de su flora y las particularidades
geológicas e hidrológicas que
encierran, evitando de este modo con
la mayor eficacia todo acto de destrucción
deterioro o desfiguración por
la mano del hombre (art. 2)” 15 .
De esta forma, se consolida una
legislación que regula la naturaleza 16
–y, a través de ella, el paisaje- preocupada
por la preservación de entornos
de singular belleza o excepcionales
características naturales –parques y
espacios naturales- y por la utilidad
que reporta para el hombre –legislación
forestal-.
En un segundo momento, los paisajes
se protegen ya no únicamente por
razones estéticas, sino con propósitos
de preservación de determinados
entornos de la acción urbanizadora e
industrial. Así, a la legislación reguladora
de la naturaleza, que protege
espacios y paisajes excepcionales, se
añade ahora un conjunto de normas
sectoriales y de ordenación territorial
que, indirectamente y por distintas
razones, regulan y protegen espacios
y paisajes desprovistos de ese
14 “La tutela del paisaje en la legislación del suelo”,
en Ordenación del Territorio y Desarrollo sostenible,
J. Millaruelo Aparicio, E. Orduña Rebollo (coord.),
Buenos aires – Madrid, 2004, pág. 59.
15 A. Martínez Nieto, op. Cit. Pág. 406.
16 Resulta de obligada cita el trabajo de F. López
Ramón, La conservación de la naturaleza: los
espacios naturales protegidos, Real Colegio de
España, Bolonia 1980, J. Esteve Pardo, Realidad y
perspectivas de la ordenación jurídica de los montes,
Cívitas Madrid 1995.
Con carácter general, el artículo
25, apartado f), de la ley de Bases
de Régimen Local atribuye a las
entidades locales competencias
en materia de protección del
medio ambiente.
carácter excepcional 17 . Entre la legislación
sectorial, procede mencionar
las normas que viene regulando las
“extracciones a cielo abierto” 18 , la legislación
de carreteras y de costas–en
cuanto limita la colocación de anuncios
y otras instalaciones próximas al
dominio regulado-, la que ordena la
localización y gestión de vertederos,
entre las variadas determinaciones
sectoriales que inciden en la preservación
del paisaje.
Por lo que se refiere a la legislación
de ordenación del territorio y
urbanística, la protección del paisaje
se corresponde con la progresiva
asunción de nuevas funciones por la
planificación territorial: como ha señalado
Martín Bassols 19 , a los objetivos
iniciales de ordenación de ciudad
e indiferencia respecto del exterior de
los contornos urbanos, la planificación
abandona este planteamiento y
persigue en un segundo momento el
equilibrio-ciudad territorio, añadiendo
después las consideraciones ambientales.
Ya desde 1956, el ordenamiento
urbanístico prevé los Planes
Especiales de Protección del Paisaje,
en desarrollo de las determinaciones
del planeamiento general o independientemente
de aquél 20 , que tuvieron
mayor aplicación para proteger el
17 Una relación actualizada de esta normativa
sectorial en C. Fernández Rodriguez, La Protección
del Paisaje. Un estudio de Derecho español y comparado,
Marcial Pons, Madrid 2007, págs.. 168 y ss.
18 Real Decreto 2994/1982, sobre restauración de
espacios naturales, y Real Decreto 1186/1984, sobre
Planes de Explotación y Restauración de las explotaciones
a cielo abierto, que a mi entender constituyen
un precedente claro de la tutela sustantiva del paisaje
“no excepcional”, esto es, el que no alberga valores
singulares de orden visual.
19 “La planificación urbanística: su contribución a
la protección del medio ambiente”, en Derecho del
Medio Ambiente y Administración Local, J. Esteve
Pardo (coord.), Diputación Barcelona – Cívitas
1996, pág. 401.
20 Instrumentos que ha sido asimismo acogidos por
la legislación autonómica. Vid. Una amplia referencia
a las distintas regulaciones autonómicas en R.
Martín Mateo, “La tutela del paisaje… cit.”, págs.
71 y ss., quien destaca las “Areas Naturales reserva
de interés paisajístico” (ARIP) reconocidas en suelo
rústico por la legislación balear.
Paisaje urbano y monumental que
para tutelar el paisaje natural.
También en la legislación urbanística
el paisaje natural ha sido tutelado
a través de las regulaciones de las categorías
de suelos excluidos del proceso
urbanizador pero que habrían de
servir de soporte a otras actuaciones,
en particular, aquéllas que precisan
las distintas actuaciones, y sus requisitos,
que pueden realizarse sobre
suelo rústico.
Y por último hay que referir un
precepto urbanístico esencial a estos
efectos, constituido por el artículo
138.1 del Texto Refundido de 1992
de la Ley del Suelo 21 , que dispone :
“Las construcciones habrán de
adaptarse, en lo básico, al ambiente
en que estuvieran situadas, y a tal
efecto:
a)…
b) En los lugares de paisaje abierto
y natural, sea rural o marítimo, o
en las perspectivas que ofrezcan los
conjuntos urbanos de características
histórico-artísticas, típicos o tradicionales,
y en las inmediaciones de
las carreteras y caminos de trayecto
pintoresco, no se permitirá que la situación,
masa, altura de los edificios,
muros y cierre, o la instalación de
otros elementos, limite el campo visual
para contemplar las bellezas naturales,
rompa la armonía del paisaje
o desfigure la perspectiva propia del
mismo.
[…]
El artículo 138.1.b/ no constituyó
una novedad introducida por el texto
de 1992, ya que fue “heredero”, por
así decirlo, del artículo 73 del TR de
1976, que, con idénticos términos,
contenía también una disposición de
aplicación directa para la protección,
entre otros bienes jurídicos, del paisaje
abierto. Esa continuidad permite,
en consecuencia, disponer de asentada
doctrina jurisprudencial que precisa
el alcance de sus determinaciones
21 Se mantiene la referencia al artículo 138.1
TRLS’92 por estar así referido en la doctrina jurisprudencial
que lo interpreta, en el bien entendido
que es un precepto derogado, pero reproducido íntegramente
en el artículo 10 del vigente Real Decreto
Legislativo 2/2008. Idéntica redacción se contiene
en el artículo 98.2.b/ del Reglamento –estatal- de
Planeamiento (de aplicación supletoria), que lo
reproduce literalmente.
SALA DE TOGAS
ABRIL 2012
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería 23