SDT65 ok

Fondo Jurídico
gistro Nacional de Infractores, entre
otras determinaciones. Por el contrario,
considera que es de competencia
autonómica, entre otras, la regulación
de las licencias de caza y pesca, la declaración
de especies que pueden ser
objeto de caza y pesca, modalidades
de su ejercicio y determinación de fechas
de veda.
b) Delimitación de competencias
ambientales respecto de las entidades
locales.
Establecida la delimitación competencial
entre el Estado y la Comunidad
Autónoma en materia ambiental,
queda por determinar qué margen de
actuación corresponde a las Entidades
Locales, y en particular si además
de ser meros ejecutores de la legislación
ambiental son titulares de alguna
competencia normativa que pueda reflejarse
en las eventuales Ordenanzas
Locales.
Con carácter general, el artículo
25, apartado f), de la ley de Bases
de Régimen Local les atribuye competencias
en materia de protección
del medio ambiente; además, otros
apartados le atribuyen competencias
en otras materias (urbanismo, aguas)
que, según lo arriba razonado, tienen
incidencia “ambiental”. A ello se hará
referencia más adelante.
Baste aquí indicar que la dicción de
los Estatutos de Autonomía puede fácilmente
llevar a una lectura errónea
del completo mapa competencial. Y
es que resulta frecuente que, al cerrar
la delimitación de competencias
ambientales respecto del Estado, se
>Formaciones calizas en el
paisaje del Cabo de Gata.
Otro supuesto en el que ha
habido que delimitar el alcance
de la competencia en materia
de “medio ambiente” ha sido el
de acciones relacionadas con
recursos hídricos y pesca fluvial.
establezca que corresponde a la Comunidad
Autónoma:
“el desarrollo legislativo, la potestad
reglamentaria y la función ejecutiva
en el marco de la legislación
básica del Estado…” 12 en determinadas
materias, como la Protección
del medio ambiente, montes y aprovechamientos
forestales, vertidos,
protección de ecosistemas, espacios
naturales, entre otras.
Poco hubiera costado, en aras de la
seguridad jurídica, añadir el matiz de
“y sin perjuicio de las competencias
que puedan corresponder a las Entidades
Locales” que, como veremos,
tienen también garantía constitucional.
En el territorio andaluz, la Ley
5/2010 de Autonomía Local recoge
en su artículo 9 las competencias
locales; en particular, el apartado 12
recoge las relativas a la promoción,
defensa y protección del medio ambiente,
que comprende las acciones
desarrolladas en las letras a) a h).
12 Véase, por ejemplo, el artículo 42.2, apdo. 2,
del Estatuto de Andalucía al describir el alcance de
las competencias compartidas, o el artículo 27 del
Estatuto de la Comunidad de Madrid.
2. La Protección Jurídica del
Paisaje.
El paisaje (natural) 13 como objeto
jurídico regulado en la legislación
actual ha seguido una larga evolución
en la que el “factor estético” o
la “excepcionalidad” han dejado de
ser los únicos criterios para que sea
jurídicamente relevante. Se ha dado
un notable salto cualitativo en la consideración
jurídica del paisaje, pasándose
de “proteger” el paisaje por sus
cualidades estéticas y excepcionales,
a “regular” el paisaje, lo que equivale
a considerar que el paisaje todo –el
protegido y el no protegido, el excepcional
y el paisaje común- ha dejado
de ser un bien absolutamente disponible
para el hombre. El paisaje es
ahora con carácter general objeto de
regulación –mapas de paisaje, entre
otros instrumentos- y con carácter específico,
objeto de protección cuando
así proceda singularmente.
Esta evolución ha discurrido en paralelo
a la adquisición de autonomía,
desde una perspectiva competencial,
del título paisaje, desligándose de
otros títulos en los que como el medio
ambiente, la ordenación del territorio
o el suelo rural, se venía subsumiendo.
2.1 Los precedentes: la protección
indirecta del paisaje.
Inicialmente, la protección del paisa-
13 Que es el que aquí se considera, por lo que queda
excluido “el paisaje urbano en el que predomina la
obra del hombre y el componente arquitectónico y
edificatorio”, siguiendo a R. Martín Mateo, Tratado
de Derecho Ambiental, vol. III, Trivium 1997, pág.
503. Del mismo criterio, S. González Varas, La
rehabilitación urbanística, Aranzadi, Pamplona
1998, pág. 81.
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ABRIL 2012
SALA DE TOGAS
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería