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Fondo Jurídico<br />
disconformes con dicha clasificación.<br />
Como en otros asuntos precedentes 6 ,<br />
descarta el Tribunal (FJ 3º) que la<br />
Ley cuestionada se incardine: “en las<br />
materias “medio ambiente” y “espacios<br />
naturales protegidos”, pues sin<br />
desconocer su incidencia en dichas<br />
materias, realmente “establecen disposiciones<br />
normativas típicamente<br />
urbanísticas y directamente orientadas<br />
a la planificación territorial y a<br />
la delimitación de los usos del suelo,<br />
por lo que han de encuadrarse en<br />
el título competencial relativo a la<br />
‘ordenación del territorio y urbanismo’”.<br />
Otro supuesto en el que ha habido<br />
que delimitar el alcance de la competencia<br />
en materia de “medio ambiente”<br />
ha sido el de acciones relacionadas<br />
con recursos hídricos y pesca<br />
fluvial. Sobre el particular el Tribunal<br />
ha afirmado que 7 :<br />
“Los recursos hídricos constituyen<br />
el soporte físico de una pluridad de<br />
actividades públicas y privadas en<br />
relación con las cuales poseen competencias<br />
tanto el Estado como las<br />
Comunidades Autónomas: Concesiones<br />
administrativas, protección del<br />
medio ambiente, vertidos industriales<br />
o contaminantes, ordenación del<br />
territorio, obras públicas, régimen<br />
energético, pesca fluvial”, a lo que<br />
cabría añadir las relativas en materia<br />
de sanidad, de coordinación general<br />
de la actividad económica, espacios<br />
naturales, entre otras.<br />
Hay que advertir que la regulación<br />
estatal de las aguas no encuentra<br />
apoyatura exclusiva en la competencia<br />
que al Estado reserva el artículo<br />
149.1.22º CE 8 sino que el legislador<br />
estatal se ampara también en otros títulos<br />
y, significadamente, en el que le<br />
atribuye la competencia para establecer<br />
la legislación básica en materia de<br />
medio ambiente, art. 149.1.23º. 9<br />
6 STC 28/1997.<br />
7 STC 227/1988, FJ 13º.<br />
8 STC 227/1988, FJ 13º.<br />
9 La STC 227/1988, que verificó la constitucionalidad<br />
de la Ley de Aguas estatal, precisó los títulos<br />
competenciales que, además del específico (149.1.22)<br />
son los siguientes: art. 149.1.13, bases y coordinación<br />
de la planificación general de la actividad<br />
económica, habilita al Estado para regular la<br />
Planificación Hidrológica; art. 149.1.23º, legislación<br />
básica en materia de medio ambiente, ampara las determinaciones<br />
ambientales de los Planes Hidrológi-<br />
Por último, un tercer solapamiento<br />
frecuente con el título de “medio ambiente”<br />
ha venido de la competencia<br />
autonómica en materia de Espacios<br />
Naturales y Caza: la materia “Espacios<br />
Naturales” no figura en la relación<br />
de competencias reservadas al<br />
Estado (art. 149.1), ni tampoco en la<br />
lista de materias susceptibles de ser<br />
asumidas por todas la Comunidades<br />
Autónomas (art. 148) por lo que podía<br />
ser asumida como competencia<br />
autonómica, inicialmente o en virtud<br />
de ampliación competencial.<br />
Se trata de un título diferenciado y<br />
más específico respecto de la competencia<br />
de medio ambiente, tanto por<br />
su proyección como por las actuaciones<br />
que ampara, dándose entre ellos<br />
una relación de género y especie.<br />
En términos de la reiterada doctrina<br />
constitucional 10 :<br />
“...este Tribunal ha venido advirtiendo<br />
que, a pesar de la íntima relación<br />
existente entre las materias<br />
relativas al medio ambiente y a los<br />
cos; art. 149.1.16º, bases y coordinación general de<br />
la sanidad, que legitima la habilitación al Gobierno<br />
para establecer las condiciones básicas para la<br />
reutilización directa de las aguas.<br />
10 STC 195/1998, FJ 3º, STC 97/2002, FJ 9º, entre<br />
las más recientes.<br />
La Constitución reserva al Estado<br />
la competencia en legislación<br />
básica sobre protección del medio<br />
ambiente, sin perjuicio de las<br />
facultades de las Comunidades<br />
Autónomas de establecer normas<br />
adicionales de protección.<br />
>Rodalquilar. unindaloenbici.blogspot.com.es<br />
espacios naturales protegidos, en<br />
nuestro ordenamiento las actividades<br />
públicas relativas a estos dos objetos<br />
constituyen ámbitos materiales distintos,<br />
dotados de diferente distribución<br />
de funciones,. Concretamente<br />
se ha dicho que la materia de medio<br />
ambiente tiene un alcance genérico,<br />
tanto en su objeto como en el tipo de<br />
protección, respecto de la materia de<br />
espacios naturales protegidos, que<br />
se refiere únicamente a un elemento<br />
u objeto de aquella –“el soporte topográfico”<br />
del medio ambiente, en<br />
palabras de la STC 102/1995- y a<br />
una determinada forma de actuación<br />
–basada sobre todo “en la conservación<br />
de la naturaleza en determinados<br />
espacios por medio de una lista<br />
de prohibiciones y/o limitaciones”,<br />
como se dice en la STC 64/1982-.”.<br />
Por lo que respecta a la Caza –competencia<br />
exclusiva autonómica- puede<br />
haber también un solapamiento<br />
con la competencia básica estatal en<br />
materia de medio ambiente: en este<br />
sentido, el Tribunal Constitucional<br />
ha subsumido en el título estatal 11 la<br />
configuración de un Catálogo Nacional<br />
de Especies Amenazadas, la doble<br />
prohibición de que la caza y la pesca<br />
afecten a especies catalogadas, determinadas<br />
limitaciones a su ejercicio<br />
así como a la comercialización de especies<br />
y la implantación de un Censo<br />
Nacional de Caza y Pesca y un Re-<br />
11 STC 102/1995, FJ 26º a 29º.<br />
SALA DE TOGAS<br />
ABRIL 2012<br />
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería 21