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competencial en materia ambiental
hay que considerar, además de la
señalada “transversalidad”, que las
competencias ambientales –sustantivamente
ambientales- son en nuestro
ordenamiento competencias compartidas,
pues si bien todas las Comunidades
Autónomas han asumido
competencias en materia de medio
ambiente, el Estado ha retenido una
parte de la función normativa en virtud
del art. 149.1.23 de la Constitución,
que reserva al Estado la competencia
sobre la:
“Legislación básica sobre protección
del medio ambiente, sin perjuicio
de las facultades de las Comunidades
Autónomas de establecer
normas adicionales de protección.
La legislación básica sobre montes,
aprovechamientos forestales y vías
pecuarias”.
Este título competencial habilita
para la conformación de una política
ambiental estatal, habida cuenta, por
una parte, de las características de la
materia y su engarce con otras funciones
que al Estado corresponden y,
por otra parte, del alcance no sólo nacional
sino también internacional de
la regulación ambiental 4 .
Tomando, pues, la referencia del
art. 149.1.23º CE, correspondería a
las Comunidades Autónomas “el desarrollo
legislativo y la ejecución”
de las normas básicas estatales, así
como las “normas adicionales” que
sirven para establecer una protec-
4 En este sentido, STC 306/2000 (FJ 6º), que riera lo
establecido en la STC 64/1982, FJ 4º.
>Paisaje de las calas del Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar.
ción medioambiental más intensa 5 .
A ello habría que añadir las competencias
sobre materias con incidencia
ambiental asumidas en los Estatutos:
habrá que estar a las determinaciones
estatutarias específicas para concretar
el alcance de las competencias
autonómicas ambientales –o con incidencia
ambiental- que, en este marco,
se han asumido. Sin embargo, un
posible esquema general puede ser el
siguiente:
• Competencias exclusivas autonómicas:
- Ordenación del territorio, urbanismo
y vivienda.
- Proyectos, construcción y explotación
de los aprovechamientos
hidráulicos, canales y regadíos de
interés de la Comunidad. Aguas
nacientes, superficiales, subterráneas,
minerales y termales, cuando
discurran íntegramente por el ámbito
territorial de la Comunidad.
5 STC 102/1995, FJ 2º.
La “norma nacional de
trasposición” no es, en todo caso,
una norma estatal, sino estatal o
autonómica (e incluso local, por
hipótesis) dependiendo de que la
Directiva comunitaria afecte a un
ámbito de competencia, estatal o
autonómico.
Ordenación y concesión de recursos
y aprovechamientos hidráulicos,
canales y regadíos cuando las
aguas discurran íntegramente por
el ámbito territorial de la Comunidad.
- Pesca fluvial y lacustre, acuicultura
y caza.
- Tratamiento singular de las zonas
de montaña.
• Competencias compartidas (en el
marco de la legislación básica del
Estado)
- Protección del medio ambiente,
sin perjuicio de la facultad de la
Comunidad de establecer normas
adicionales de protección. Contaminación
biótica y abiótica. Vertidos
en el ámbito territorial de la
Comunidad.
- Régimen de los montes y aprovechamientos
forestales, con especial
referencia a los montes vecinales
en mano común, montes comunales,
vías pecuarias y pastos.
- Protección de los ecosistemas en
los que se desarrollen la pesca,
acuicultura y caza. Espacios naturales
protegidos.
El encuadramiento de una acción
pública determinada en un título
competencial u otro no es siempre inmediato,
produciéndose solapamientos
de títulos en los que, en principio,
podrían subsumirse sin violencia dichas
acciones. Así, encontramos doctrina
constitucional en relación a los
títulos de “ordenación del territorio y
urbanismo” (competencia exclusiva
autonómica) con el título de “medio
ambiente” (competencia compartida
estatal y autonómica). A título de
ejemplo, puede citarse el criterio de la
STC 248/2000 en la que se dilucidaba
cuál de estos títulos había que aplicar
a una ley autonómica que establecía
el régimen jurídico al que debían someterse
los terrenos incluidos en las
Áreas Naturales de Especial Interés,
declarados como tales por la Comunidad
Autónoma en razón a sus valores
singulares. Dicho régimen jurídico
básicamente consiste en: clasificación
de los terrenos como suelo no
urbanizable de especial protección, y
pérdida de efectos de actos y planes
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ABRIL 2012
SALA DE TOGAS
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería