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Fondo Jurídico
titularidad de la competencia no es
siempre una tarea inmediata, ya que
con frecuencia, puede tratarse de una
titularidad compartida: por ejemplo,
que el Estado tenga la competencia
para adoptar la “legislación básica”
y a la Comunidad Autonóma le corresponda
adoptar el desarrollo de esa
legislación básica ateniéndose a sus
determinaciones. Esta situación de
competencias compartidas ha provocado
también una importante conflictividad
constitucional, apreciable en
las numerosas sentencias en las que el
Tribunal constitucional ha tenido que
determinar, para el supuesto concreto,
si la ley básica estatal incorporaba
además determinaciones “no básicas”
o si la norma autonómica de desarrollo
vulneraba las determinaciones
“básicas” a las que debía de atenerse.
El panorama se complica si añadimos
a este esquema las normas
adoptadas por la Unión Europea, y en
particular las Directivas que requieren
normas nacionales de trasposición.
Y es que la “norma nacional de
trasposición” no es, en todo caso, una
norma estatal, sino estatal o autonómica
(e incluso local, por hipótesis)
dependiendo de que la Directiva comunitaria
afecte a un ámbito de competencia,
estatal o autonómico.
Un ámbito material en el que se manifiesta
la concurrencia de todos los
niveles normativos es, precisamente,
el medio ambiente: Directivas de la
Unión Europea, ley básica estatal,
legislación autonómica y desarrollos
reglamentarios, autonómicos y locales
–a lo que habría que añadir, en su
caso, los no infrecuentes Tratados internacionales
en este ámbito-.
1.2 Las competencias ambientales:
Unión Europea, Estado, Comunidad
Autónoma, Entidad Local.
Como queda dicho, el “medio ambiente”
constituye un ámbito de concurrencia
competencial en el que se
producen normas de cuatro niveles
normativos, circunstancia que es el
punto de partida en la determinación
de la norma aplicable.
Esta complejidad derivada de la
concurrencia competencial se intensifica
por la Indeterminación del propio
concepto “medio ambiente” al que
está referida la competencia, lo que
produce solapamientos e interferencias
de otros títulos competenciales.
Es decir, el titular(es) de la competencia
“medio ambiente” no puede desconocer
la competencia que en otros
ámbitos (aguas, ordenación del territorio,
ecología, montes…) pueden
corresponder a otros entes públicos y
que va a interferir en aquél.
La denominada “transversalidad”
de lo ambiental se describió hace ya
unos años por la doctrina constitucional
como sigue 3 :
“El carácter complejo y polifacético
que tienen las cuestiones relativas
al medio ambiente determina
precisamente que afecte a los más
variados sectores del ordenamiento
jurídico... Por eso mismo, el medio
ambiente da lugar a unas competencias,
tanto estatales como autonómicas,
con un carácter metafóricamente
“transversal” por incidir en otras
materias incluidas también, cada una
a su manera, en el esquema constitucional
de competencias...en cuanto
tales materias tienen como objeto los
elementos integrantes del medio (las
aguas, atmósfera, la fauna y la flora,
los minerales) o ciertas actividades
humanas sobre ellos (agricultura,
industria, minería, urbanismo, transportes)
que a su vez generan agresiones
al ambiente o riegos potenciales
para él. Es claro que la transversalidad
predicada no puede justificar su
“vis atractiva”, ya que en esta mate-
3 STC 102/1995 (FJ 3º), STC 306/2000 (FJ 6º).
>Paisaje rural de los alrededores
de Laujar de Andarax.
ria no se encuadra cualquier tipo de
actividad relativa a los recursos naturales,
sino sólo la que directamente
tienda a su preservación, conservación
y mejora”.
Esta transversalidad tiene, como se
ha razonado, fuente múltiple, puesto
que las competencias que se entrecruzan
serán de titularidad estatal o
autonómica, o de ambas concurrentemente,
según el concreto reparto de
competencias que se haya establecido
para la materia considerada (aguas,
atmósfera, transportes, industria, ...).
Las actuaciones públicas de tutela
ambiental estatales y autonómicas
deben de completarse con las que
corresponden a las entidades locales
a fin de obtener el completo catálogo
de las que conforman la función
pública ambiental en nuestro país. Y
es que, precisamente, las primeras
iniciativas que, aunque indirectamente,
han tenido una incidencia de tutela
sobre elementos ambientales han
correspondido predominantemente
a las entidades locales, al hilo de la
prestación de determinados servicios
públicos municipales y de la aplicación
de una norma de larga vigencia
cual es el Reglamento de Actividades
clasificadas de 1961, entre otras.
a) Delimitación de competencias
ambientales respecto del Estado.
Abundando en el complejo reparto
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ABRIL 2012
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería 19