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FONDO JURÍDICO
La complejidad del sistema
de fuentes ambientales...
con el paisaje almeriense de fondo
1. La pirámide de Kelsen:
una (débil) referencia
en la determinación
de la norma aplicable.
Competencia vs.
Jerarquía.
1.1 Nota sobre la complejidad
del ordenamiento jurídico
español.
Los juristas de mi generación
aprendimos en los primeros
años de Facultad la secuencia
normativa Constitución
(entonces recién estrenada)
– Ley – Reglamento que nos había de
llevar a la determinación de la norma
aplicable en cada caso de forma prácticamente
automática.
Tras el asentamiento efectivo del
modelo constitucional, y el impacto
en el sistema de fuentes derivado de
nuestra pertenencia a la Unión Europea,
ese criterio kelseniano ha pasado
a ser un instrumento subsidiario: el
criterio preeminente ahora no está basado
en el principio de jerarquía, sino
en el principio de competencia.
Nuestro ordenamiento jurídico actual
es un ordenamiento complejo,
integrado por disposiciones de cuatro
niveles normativos –europeo, estatal,
autonómico y local- entre las que no
hay una relación de jerarquía. Este
cambio en el sistema de fuentes, común
a los ordenamientos contemporáneos,
se presenta más como cambio
estructural que como mera desviación
momentánea en espera de restauración
del orden anterior 1 .
De esta forma, un eventual conflicto
entre ley estatal y ley autonómica
no puede inicialmente resolverse,
1. Desarrollan este planteamiento G. Zagrebelsky, El
Derecho Dúctil, Ed. Trotta 2005, V. Zapatero, El Arte
de legislar, Ed. Aranzadi 2009.
Susana GALERA RODRIGO*
PROFESORA TITULAR DE DERECHO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
*Natural de CUEVAS DEL ALMANZORA (Almería)
1. La pirámide de Kelsen:
una (débil) referencia en la
determinación de la norma
aplicable. Competencia vs.
Jerarquía.
1.1 Nota sobre la complejidad del
ordenamiento jurídico español
1.2 Las competencias ambientales:
Unión Europea, Estado, Comunidad
Autónoma, Entidad Local.
a) Delimitación de competencias
ambientales estatales y autonómicas
b) Las competencias ambientales de los
entes locales (remisión)
2. La protección jurídica del paisaje.
2.1 Los precedentes: la protección
indirecta del paisaje.
2.2 La objetivización del concepto y su
protección directa.
3. Las entidades locales:
3.1 Las licencias locales
3.2 Competencias ambientales de los
entes locales.
3.3 Exenciones de intervención local:
previsiones legales y declaraciones
gubernativas
4. El Derecho europeo como
límite a estas exenciones basadas
en el “interés general”, “razones
imperiosas de interés público” y
similares.
5. El paisaje almeriense; en
particular el POTL.
como es evidente, por la primacía
de la primera sobre
la segunda, sino que ha de
resolverse –por el Tribunal
Constitucional en este casoen
base a la titularidad de la
competencia de la materia
regulada: este conflicto indica
que bien la ley estatal,
bien la ley autonómica ha
invadido el ámbito de competencia
ajeno.
Si bien este supuesto es
por todos conocido, resulta
menos evidente el supuesto en que
una norma reglamentaria pueda afirmar
su validez frente a una norma de
rango legal, pulverizando aparentemente
el criterio kelseniano de la jerarquía
normativa. Y es que conforme
al criterio de la competencia, se declara,
llegado el caso, la prevalencia
de un Reglamento autonómico frente
a una Ley estatal en numerosas ocasiones,
normalmente en el marco de
un conflicto de competencias resuelto
por el Tribunal Constitucional. Sin
embargo, no faltan tampoco resoluciones
que afirman la prevalencia de
un Reglamento local frente a una norma
de rango legal que ha invadido la
autonomía que la Constitución garantiza
a las entidades locales 2 .
En consecuencia, la determinación
de la norma aplicable al caso concreto
frente a las varias que regulan
una misma materia requiere, en primer
lugar, determinar la titularidad
de la competencia de la materia regulada;
y sólo después, aplicaremos
nuestro entrañable criterio piramidal
de la jerarquía normativa. Hay que
señalar que la determinación de la
2 En este sentido, STSJ Canarias 31.01.06, JUR
134981 y STSJ Canarias 31.10.2005, JUR 272180
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ABRIL 2012
SALA DE TOGAS
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería