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El Colegio informa
Normatva colegial
lizados se recoge en los artículos
25 a 28 del Protocolo.
Se añaden igualmente un amplio
elenco de turnos generales, los más
destacables de los cuales, por su
tradición, podrían ser el civil, el social
o el penal de causas graves, y
el más novedoso el de derecho de
familia y sucesiones. En total suman
nueve.
Precisa en el art. 8 del Protocolo
las listas del turno de oficio existentes
y la materia que abarcan, desarrollando
la asistencia a detenidos,
presos imputados y victimas de
violencia de género –las guardiasen
los artículos 16 y siguientes.
Mención aparte merece la
nueva organización del ámbito territorial
para el ejercicio del turno
(art. 5 del Protocolo), que permite
su actuación en cualquier lugar del
ámbito provincial, sin necesidad de
que el letrado esté domiciliado en
el partido judicial al que se adscribe,
lo que supone de algún modo
una suerte de “liberalización” de la
actividad, lo que se une a una redefinición
de los partidos (así, por
ejemplo, se divide el servicio de El
Ejido y el de Berja), y que podrá
ser modificada en función de las
necesidades del servicio y en aras
de la eficacia del mismo 5 .
De este modo en la actualidad se
configura un más amplio horizonte
para el ejercicio profesional en
el ámbito del turno de oficio, tanto
por las distintas especialidades
donde se puede desarrollar la actividad,
como por el ámbito territorial
donde ejercitar la misma.
En cuanto a la actuación personal
del letrado y sus obligaciones
(arts. 6 y 22 del Protocolo) vienen
a circunscribirse estas a las normas
éticas y deontológicas que rigen
nuestra profesión (arts. 23, 42 y 43
de la LAJG 6 , art. 40 del RAJG), y
5 En este sentido, la Junta de Andalucía, en Orden
de 26 de enero de 2012, establece el número de
Guardias para el territorio andaluz, habiéndose
producido una progresiva reducción de las mismas
en los dos últimos años, que se traduce en casi tres
abogados menos al día para nuestro Colegio lo que,
obviamente, habrá de tener reflejo en tal organización
del servicio.
6 Estas disposiciones estatales se completan con el
art. 27 del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio por
el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídialguna
otra más específica por razón
de la función que se desempeña
en cada caso, como es la relativa
a la información sobre la solicitud
de Asistencia jurídica gratuita ante
el correspondiente servicio o, con
mayor concreción, las derivadas de
las guardias, tales como la localización
7 .
Se refiere el apartado 4 del citado
art. 6 del Protocolo a la entrega
de documentación por parte del
cliente al abogado, en el ámbito
de la jurisdicción rogada, y la posibilidad
de solicitar ante la Comisión
Provincial de Asistencia
Jurídica Gratuita que se facilite la
documentación necesaria al letrado
para su actuación, al objeto de
que esta se la recabe al interesado
(tal y como establece el art. 33 en
relación con el 32 de la LAJG), solicitando
igualmente la suspensión
de los plazos que pudieran existir.
Dicha solicitud, habrá de realizarse
en el improrrogable plazo de 15
días 8 , según dispone el art. 39 del
RAJGA -pues es tal el que permite
la presentación del informe de
insostenibilidad de la pretensión-,
de modo que el letrado, trascurrido
dicho plazo, no se vea abocado, de
manera indefectible, al mantenimiento
en los Tribunales de pretensiones
que carecen de todo posible
fundamento jurídico.
Por otro lado, tal y como ha quedado
señalado, el plazo para presentar
el informe de insostenibilidad
es de 15 días, y va dirigido a la
ca Gratuita aplicable a las Comunidades Autónomas
que no haya recibido los traspasos en materia de provisión
de medios al servicio de la Administración de
Justicia. que, y que, de conformidad con lo previsto
en la disposición adicional primera de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
serán de aplicación general en todo el territorio
nacional, junto con los arts. 16, 20, apartados 1, 3 y
4 del arts. 27; 33 y 35 de este Reglamento.
7 La Ley 1/1996 se limita a recoger, de manera
específica, en el art. 42, dos “especialidades” en el
ámbito de las “Correcciones disciplinarias”, según
su nomenclatura: “a) La indebida percepción de
honorarios, derechos o beneficios económicos”
que “tendrá siempre la consideración de falta muy
grave”. Y “b) La imposición de sanciones por
infracciones graves o muy graves, relacionadas con
las actuaciones desarrolladas en aplicación de lo
establecido en esta Ley”, que “llevará aparejada, en
todo caso, la exclusión del profesional de los servicios
de asistencia jurídica gratuita” Por otro lado, el
art. 43 de la misma Ley se refiere a la “separación
cautelar”
8 Seis días, a tenor del art. 35 del Real Decreto
996/2003.
Comisión Provincial de Asistencia
Jurídica Gratuita, en el que se expondrán
los motivos jurídicos -dice
la Ley- en los que fundamenta su
decisión. Trascurrido dicho plazo
sin que se produzca tal comunicación,
o sin que el Abogado pida su
interrupción por falta de la documentación
necesaria para evaluar
la pretensión, este queda obligado
a asumir la defensa (art. 10 del
Protocolo) 9 .
Enlazando con ello, el art. 15
del Protocolo se refiere a la caducidad,
que hasta la fecha no encontraba
el debido encaje y que implicaba
esa larga lista de actuaciones
pendientes de justificación que se
arrastraba por algunos abogados
como consecuencia de que el beneficiario
de justicia gratuita nunca
aparecía, estableciendo el plazo de
seis meses para que se produzca la
misma –salvo las exclusiones del
apartado 2 de ese artículo- cumplidos
los requisitos de comunicación
escrita del letrado al cliente y la
aceptación de la Junta de Gobierno.
Diferente a lo anterior es la regulación
de las excusas y las renuncias,
que se tratan en el artículo 11
del Protocolo y en los artículos 31
de la LAJG y 27.4 del Reglamento
estatal (RD 996/2003), Como
aspecto más notable, “sólo en el
orden penal podrán los abogados
designados excusarse de la defensa.
Para ello deberá concurrir un
motivo personal y justo, que será
apreciado por los Decanos de los
Colegios. La excusa deberá formularse
en el plazo de tres días desde
la notificación de la designación
…” (art. 31 de la LAJG). 10
Es de destacar también en esta
materia la regulación que se hace
en el art. 11.3 del Protocolo del
supuesto en que el cliente se niegue
a que el letrado desempeñe su
defensa, como causa justificada de
renuncia, problema este sobre el
9 Los arts 31 a 36 de la LAJG y 32 RAJGA regulan,
de manera exhaustiva, el procedimiento que se ha de
seguir una vez presentado el informe de insostenibilidad.
10 Parece optarse por tal plazo de tres días también
en las renuncias, según el citado artículo 11.1 párr.
2º del Protocolo.
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ABRIL 2012
SALA DE TOGAS
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería