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Normativa colegial
El Colegio informa
Aprobadas las normas reguladoras y
protocolo de actuación del Turno de
Oficio y Asistencia a Detenidos
LA NUEVA NORMATIVA SUSTITUYE A LA ANTERIOR DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2011
Por José Luis Godoy
Ramírez.
Col. núm. 1759.
En fecha de 16 de febrero de
2012 la Junta de Gobierno
de nuestro Colegio ha aprobado
las Normas reguladoras y
protocolo de actuación del turno de
oficio y asistencia a detenidos, presos,
imputados y víctimas de violencia
de género, sustituyendo las
Normas de fecha de 1 de junio de
2011. Entiendo que con ello se ha
buscado su eficacia, y que la nueva
redacción aparece en un afán conciliador
de la Junta de Gobierno en
aras de conseguir un texto optimizado,
con la obtención del mayor
consenso, con una más clara regulación
de algunos aspectos y, sobre
todo y fundamentalmente, habida
cuenta de los extremos que se eliminan
del mismo, resulta un contenido
más depurado y más práctico
en cuanto a las pautas a seguir por
el abogado que ejerce “de oficio”.
A raíz de la entrada en vigor de
las mismas en fecha de 1 de marzo
de 2012 me gustaría compartir
algunas reflexiones iniciales sobre
esta norma y su encaje en el conjunto
de la normativa estatal y autonómica
reguladora de esta materia.
Y quizás debo comenzar con un
tópico: estas Normas, o Protocolo,
como prefiero llamarlo –y de este
modo distinguirlo del resto de las
“normas”-, viene a constituir un
eslabón más en la regulación de la
materia -en este caso una autorregulación-,
similar al que tienen la
mayoría de los Colegios de Abogados
1 del resto del territorio na-
1 La Exposición de motivos recoge la atribución
cional, y entra dentro de la capacidad
organizativa que reconoce la
propia Ley y sus Reglamentos de
desarrollo a los Colegios de Abogados
para el ejercicio de esta función
pública que tienen encomendada
– que emana de la propia del
abogado de oficio en su ejercicio,
ya reconocida desde siglos atrás
por nuestra tradición jurídica 2 -.
Su contenido no sólo viene a ser
el desarrollo necesario de la normativa
existente (en materias como
acceso y permanencia en el turno
o excusas y renuncias), sino que
también viene a llenar un vacío relativo
al desarrollo de la actividad
en algunos aspectos tales como
sustituciones, la caducidad de los
turnos, las materias de estos o los
partidos judiciales, y establece una
cierta ordenación -sin carácter exhaustivo-
de una amalgama legislativa
que deja bastante que desear
en cuanto a su claridad.
El Protocolo, como no puede ser
de otro modo, atiende fundamentalmente
a dos normas que son las
que más caracterizan esta actuación
profesional en el caso de nuestro
Colegio: la Ley 1/1996, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
(LAJG) y el Decreto 62/2008,
de 28 de febrero, que aprueba el
competencial de los Colegios de Abogados para la
regulación de esta materia.: arts. 17.3 y 119 de la
CE, art. 22 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, arts 32,
37 y 41 del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, arts.
46.2 y 52 del Estatuto General de la Abogacía y art.
36.1-e del Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados
de Almería.
2 En este sentido, Las 7 Partidas de Alfonso X el Sabio,
quien otorgó a la abogacía la consideración de
oficio público, ya recogían la figura del Abogado de
oficio, señalando que el Abogado (vocero, personero
o defensor) prestara sus servicios a viudas, huérfanos
y otros citados por los tribunales sin recursos
económicos por “mesurado salario”, e incluso, si a
tal no alcanzaran, por “amor de Dios”, en términos
realmente actuales.
Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía
(RAJGA).
Sobre la norma estatal, se trata de
una Ley con un ya largo recorrido
temporal, que necesita reformas a
la vista del cambio sustancial de la
realidad socio-económica y jurídica
desde su entrada en vigor. Y en
lo que se refiere al reglamento andaluz,
a pesar de ser más novedoso,
no deja de ser parcial, y se encuentra
también necesitado de una
profunda revisión que seguramente
tarde en llegar.
Volviendo al Protocolo, el
mismo realiza la unificación de
“criterios aplicables a la organización
y funcionamiento del servicio
de asistencia jurídica gratuita”,
estableciendo las materia del turno
de oficio –art. 5-, cuatro de las
cuales necesitan cursos de especialización
-los que, en modo general,
vienen a coincidir en el Protocolo
con los denominados turnos especiales
(menores, violencia de género,
extranjería -y puntos de entrada
masiva- y vigilancia penitenciaria),
establecidos por disposición
de Ley (art. 25 de la LAJG) 3 y reglamentaria
(arts. 33 y 34 RJGA) 4
y obligan a su realización con una
periodicidad mínima de dos años.
El desarrollo de los turnos especia-
3 El art. 25 citado se refiere a que el Ministerio
de Justicia e Interior “establecerá los requisitos
generales mínimos de formación y especialización
necesarios”, que quedan señalados en la Orden del
Ministerio de Justicia de fecha de 3 de junio de 2003,
que establece los requisitos mínimos de formación y
especialización necesarios para prestar los servicios
de asistencia jurídica gratuita.
4 Los citados artículos 33 y 34 del RAJGA tienen su
desarrollo en la Orden de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de 7 de junio de 2001 (BOJA
de 7 de julio de 2001, núm. 77).
SALA DE TOGAS
ABRIL 2012
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería 101