Octubre

Manuel Trujillo es el presidente de la comunidad de San Pablo de Amalí, provincia de
Bolívar, donde se construye la Central hidroeléctrica San José del Tambo por la empresa
HIDROTAMBO S.A. El proyecto es susceptible de afectar a 74 comunidades en virtud de
la concesión del agua de la cuenca hidrográfica del río Dulcepamba, principal fuente de
abastecimiento para el consumo humano y agrícola de la comunidad de San Pablo de
Amalí. A pesar de las múltiples acciones legales iniciadas por la comunidad, el señor Trujillo
ha sido judicializado en unas 30 ocasionas. La constatación del ensañamiento judicial
contra Manuel Trujillo llevó a que fuese amnistiado en 2008 por la Asamblea Nacional
Constituyente, pese a lo cual, en la actualidad, lleva un año presentándose semanalmente
ante las autoridades en un proceso penal por lo delitos de sabotaje y terrorismo, sin que
se resuelva su situación. Dos meses después de la visita de la Misión, como consecuencia
de una creciente del río por las fuertes lluvias de la temporada y las obras de construcción
de la Central Hidroeléctrica, Manuel Trujillo y otros moradores de la comunidad perdieron
sus tierras y viviendas, además, dos personas de la zona perdieron la vida.
El análisis del informe está enfocado en casos representativos de vulneraciones de grupos
de derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos -CADH-.
En los casos que tuvo la oportunidad de conocer la Misión, se constató la vulneración
de garantías judiciales y de protección judicial, en la utilización del derecho penal para
neutralizar a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como en la
notable impunidad de las agresiones de las que han sido víctimas. La ambigüedad de
los tipos penales abre un margen de discrecionalidad y arbitrariedad que se utiliza para
procesar a líderes sociales como terroristas. Claro ejemplo es el caso de Pepe Acacho y de
Pedro Mashiant, en el cual se usó el tipo penal de terrorismo organizado, vigente a la fecha
de su detención y juzgamiento, completamente abierto, abarrotado de etcéteras que lo
convierten en un ejemplo de indeterminación absoluta de un tipo penal, el cual si bien fue
reformado, deja un amplio margen a la interpretación subjetiva. De manera recurrente se
utilizan prejuicios y estigmatizaciones y no una fundamentación clara, completa y lógica
para acreditar la responsabilidad penal. Los líderes son sometidos a procesos penales
indefinidos, como Manuel Trujillo que ya cuenta con 30 procesos judiciales en su contra,
por cargos que van desde actos de violencia y la destrucción de bienes, hasta sabotaje,
terrorismo y rebelión.
El caso de Javier Ramírez y su hermano constituye otro ejemplo preciso de sometimiento
de líderes a procedimientos penales en razón a su liderazgo en movilizaciones
sociales. En una petición de allanamiento de sus viviendas por parte de la policía, puede
leerse que el fundamento radica en que “son dirigentes de la comunidad de Junín, mismos
que convocan a los habitantes de dicha comunidad con el propósito de incentivar a la NO
explotación minera”. De forma contraria, se corroboraron las increíbles dificultades para
la protección judicial de los defensores y lideres en el Ecuador, ligados a tres hechos
fundamentales. El primero, una administración de justicia precaria que no reconoce en
el marco constitucional e internacional un referente de actuación; el segundo, la falta de
independencia de la función judicial respecto de otros poderes públicos y, tercero, al
escaso apoyo de organismos nacionales de derechos humanos.
En las zonas en las que se realizó esta Misión, se destaca la impunidad en los asesinatos
de José Tendetza, quien fue Presidente de la comunidad Shuar Yanúa Kim de Zamora
Chinchipe, Fredy Taish y de Bosco Wisuma, todos ellos ocurridos en el marco de la
explotación minera del sur del país.
Las disputas territoriales que pretenden ser neutralizadas a través de la criminalización
de líderes comunitarios y defensoras y defensores de derechos humanos, tiene una
raíz común ligada a la (in)seguridad de la tenencia de la propiedad. Los ejercicios de
expropiación por vía administrativa, de imposición de servidumbres para la industria
minera, de exploración sin consulta ambiental previa y de restricción del derecho a
la circulación por el propio territorio, son los principales detonantes de la conflictividad
por razones socio-ambientales. Como es el relevante caso de Tundayme en el cual se
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Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador