Octubre

VI. Recomendaciones
Con base en lo observado y en las diferentes situaciones presentadas en este Informe,
esta misión recomienda:
A las autoridades gubernamentales:
- Reconocer la importancia de la libertad de expresión y la legitimidad de las acciones
pacíficas de denuncia, oposición, monitoreo a proyectos extractivos o relacionados con
el territorio o con la gestión pública.
- Levantar las cargas judiciales de defensores y defensoras indebidamente procesados.
- Precisar la definición de conductas penales de sabotaje, crímenes terroristas de manera
que no puedan ser instrumentalizadas para procesar a personas que están ejerciendo su
derecho a la libertad de expresión.
- Enmendar, derogar o revocar la legislación que restrinja de forma innecesaria y
desproporcionada el ejercicio de los derechos a la libertad de asociación, de expresión y
de asamblea pacífica.
- Prestar la debida atención a las necesidades específicas de protección de los líderes
indígenas y líderes de las comunidades rurales.
- Consensuar a través de canales de comunicación respetuosos y constructivos con las
y los defensores de los derechos humanos, líderes comunitarios y en general con la
sociedad civil interesada, un Plan Nacional de Derechos Humanos que actualice el de
1998 y que sea independiente del Plan Nacional de Desarrollo.
- Abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen, denigren o deslegitimen las
actividades de protesta, de vigilancia o de denuncia de la gestión pública o de las
actuaciones de empresas privadas por líderes comunitarios, defensores de derechos
humanos.
- Dar cumplimiento a las obligaciones estatales derivadas del derecho a la resistencia
reconocido constitucionalmente.
- Diseñar mecanismos y adoptar medidas urgentes para garantizar la participación efectiva
de las comunidades y organizaciones sociales en aquellas decisiones que afectan sus
derechos, incluso la tenencia efectiva del territorio y el marco normativo actual que las
rige, bajo los principios de buena fe, eficacia y transparencia. Un protocolo de participación
donde estén todos los actores involucrados, la reglamentación integral y consensuada
de la consulta y el consentimiento previo, el respeto por los mecanismos de participación
y consulta ciudadana y el reconocimiento de formas comunitarias tradicionales de
participación, son fundamentales en este propósito.
- Permitir y garantizar que las comunidades elijan libremente a sus representantes; evitar
hacer un uso indebido de prerrogativas económicas públicas o adjudicar indebidamente
empleos públicos a los líderes o a las comunidades u organizaciones que ellos
representan con el fin de desarticular las comunidades que se manifiestan en defensa
de sus derechos.
- Prohibir y sancionar efectivamente el uso desproporcionado de la fuerza en el ámbito de
manifestaciones sociales.
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Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador