Octubre

Conforme al artículo 23 de la CADH toda persona tiene derecho a participar en los asuntos
públicos, urge implementar medidas efectivas que permitan que las comunidades puedan
incidir efectivamente en las decisiones que los afectan, particularmente aquellas ligadas
a los bienes comunes y en especial las que afectan a la naturaleza, considerada como un
sujeto de derechos conforme a la Constitución ecuatoriana vigente desde 2008.
En las entrevistas realizadas con las autoridades de los ministerios y organismos de
control quedaron evidenciados tres hechos. Primero, que la labor de defensa de derechos
humanos y de la naturaleza es percibida como un ejercicio de oposición político –
partidista; segundo, se tiene una posición hostil hacia su trabajo optando por controlar
las actividades de los líderes comunitarios y defensores con restricciones administrativas,
policivas y penales y, tercero, que los organismos nacionales de derechos humanos no
parecen tener interés en promover la legitimidad de la labor de estos líderes sociales.
A seis años del reconocimiento de “la indebida utilización de la justicia como método de
persecución contra los líderes sociales – defensores de derechos humanos 106 ” realizado
por la Asamblea Nacional Constituyente en el proceso de amnistías, durante el cual se
reconocieron patrones claros de criminalización en la actuación de las autoridades en
más de trescientos casos judiciales, la situación para líderes y defensores se encuentra
hoy deteriorada, con el agravante de no contar con ninguna institución oficial que respalde
su legítima actuación.
Este panorama, permite concluir que líderes comunitarios y defensores de derechos
humanos en el Ecuador no gozan de los elementos básicos de un entorno seguro y propicio
para desarrollar sus labores”, que, en los términos desarrollados por la anterior Relatora
Especial Margaret Sekaggya 107 , incluyen: un marco jurídico, institucional y administrativo
propicio; una lucha efectiva contra la impunidad de las violaciones de las que son víctimas;
instituciones nacionales de derechos humanos sólidas e independientes; políticas
y mecanismos eficaces de protección; y el respeto de actores no estatales como las
empresas de los sectores de infraestructura y extractivo.
Tal estado de cosas ubica al Ecuador como uno de los escenarios con mayor dificultad
para la defensa del territorio, de los derechos humanos y de la naturaleza.
106. Asamblea Constituyente, ob cit.
107. Sekaggya, Margaret. Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, informe A/
HRC/25/55 del 23 de diciembre de 2013.
Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador 33