Octubre

Por ejemplo en este último caso la consulta que expone la empresa no tuvo participación
de la comunidad, y en el acta suscrita “únicamente constan firmas de dos representantes
de la compañía Hidrotambo y de las personas de otras comunidades que incluso nada
tienen que ver con dicho proyecto”, ni siquiera se registran las firmas de las autoridades
correspondientes 102 .
En el caso de la región de Íntag, la junta parroquial de Peñaherrera realizó un estudio
ambiental propio sobre los impactos del proyecto, puesto que el Estado se estaba basando
sobre una evaluación hecha a una altura muy diferente de la cual se realizará en proyecto
minero, lo cual es relevante para considerar la capacidad de retención de líquidos químicos
de las piscinas. Presentado a las autoridades, nunca fue considerado y en cambio se dio
vía libre al proyecto.
El gobierno central tampoco ha tomado en cuenta las resoluciones de las parroquias. La
región de Íntag integra a unas 6 parroquias del cantón de Cotacachi y a una parroquia del
cantón vecino de Otavalo. Las siete parroquias convocaron a una gran asamblea en la que
participaron más de 1000 personas que votaron mayoritariamente en contra del proyecto
minero. Esta consulta nunca fue tomada en cuenta por el gobierno central.
Conforme al artículo 21 de la CADH, toda persona tiene derecho al uso y goce de sus
bienes. Los casos en el sur del país, provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe,
cantones de Gualaquiza, El Pangui, Yantzaza, parroquia Tundayme y El Guismi, entre
otros lugares, en los que habitan familias campesinas como las de San Marcos y de la
nacionalidad indígena Shuar, evidencian la inseguridad jurídica de las tierras indígenas y
campesinas a nivel del país, tal como consta en el informe de la FIDH sobre minería a gran
escala y vulneración de derechos humanos, en Ecuador 103 .
Un ejemplo de esta lamentable situación fue lo acontecido en Tundayme el 30 de
septiembre de 2015 cómo señalamos anteriormente en el Informe. Una misión de
la CEDHU, INREDH y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE) días después de lo ocurrido se trasladó en la zona y constató lo siguiente:
“Los desalojos se realizaron sin notificación previa, en tierras que poseían títulos de
propiedad legalizados, y que salvo en tres casos en que las propiedades eran objeto de
servidumbres, para los diez restantes, no pesaban procesos legales o de servidumbres.
(…)
De las denuncias y testimonios recogidos, se corrobora que los desalojos se produjeron
en un ambiente de violencia desproporcionada e indiscriminada. Un número excesivo
de policías destruyeron las casas de los comuneros y los bienes que se encontraban
en su interior. Igualmente, la Misión pudo observar los hoyos profundos realizados por
retroexcavadoras en las que, según las personas desalojadas, fueron enterradas los restos
de las viviendas destruidas, presumiblemente para borrar las evidencias.” 104
Coincidimos con la relatora Raquel Rolnik en la pregunta ¿de qué sirve tener una vivienda
bien aislada, asequible, apropiada desde el punto de vista cultural, por citar solo algunos
aspectos de una vivienda adecuada, si se vive bajo la amenaza constante de un desalojo 105 ?,
y agregaríamos: ¿si no se puede circular libremente por el territorio ni se tiene la capacidad
de influir en las decisiones que lo afectan?.
102. Comisión de Paz de San Pablo de Amalí, ob. Cit.
103. Minería a Gran Escala y Vulneración de Derechos Humanos, en Ecuador. Caso Corriente Resources, Fidh, Cedhu y
Derechos y Democracia, 2010, Pág. 71.
104. Cedhu, “Fuimos “reubicados” en la calle: Desalojos por la minería a gran escala”, 21 de octubre de 2015, en: http://
www.cedhu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=413:fuimos-reubicados-en-la-calle-desalojos-por-lamineria-a-gran-escala&catid=1:noticiasprincipal&Itemid=10
105. Ob cit. Párr 15.
32
Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador