Octubre

V. Derecho a la propiedad,
participación y derechos
políticos (artículos 21 y 23
de la CADH)
Las disputas territoriales que pretenden ser neutralizadas a través de la criminalización de
líderes comunitarios y defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza,
tiene una raíz común ligada a la (in)seguridad de la tenencia de la propiedad, que según datos
de las Naciones Unidas, constituye un fenómeno mundial de preocupantes dimensiones 100 .
Los ejercicios de expropiación por vía administrativa, de imposición de servidumbres
para la industria minera, de exploración sin consulta ambiental previa y de restricción
del derecho a la circulación por el propio territorio, son los principales detonantes de la
conflictividad por razones socioambientales.
La Misión trató de encontrarse con el más alto responsable de la Compañía ECSA presente
en las instalaciones mineras en la región de Tundayme. Los responsables de seguridad
nos informaron que no había ningún responsable presente para atender nuestra visita. A
lo largo del camino entre Tundayme y las instalaciones de la compañía, notamos que la
Misión estaba vigilada por agentes de seguridad de la empresa, que identificaron cada
finca o lugar en el cual recogimos testimonios sobre la situación. Al acercarnos a las
instalaciones de la empresa, fuimos seguidos muy cerca por un motociclista que llevaba
un casco de motero, quien procuraba no levantar la visera para evitar mostrarnos su cara
y hablar con nosotros. La actitud del motociclista pareció por lo menos hostil y pudiera
fácilmente ser interpretado como intimidante para los habitantes de la zona.
Es importante destacar que desde que la vía pública llega a las instalaciones de la compañía,
ésta es controlada por sus guardias de seguridad, impidiendo la libre circulación de las
personas. La compañía decide quién puede pasar y utilizar la ruta que llega no solamente a
la concesión minera, sino también a territorios y viviendas de personas que han rechazado
las ofertas de compra de la compañía, o que han negado el acto de venta por el carácter
injusto y abusivo de éstos.
Así pues, pudimos constatar que la compañía ha instalado un control de carretera y las
idas y vueltas de los habitantes dependen de los agentes de seguridad de ECSA. Cuando
la Misión trató de utilizar el camino público en vehículo o a pie, los agentes de seguridad
se interpusieron físicamente en el camino, impidiéndole el acceso a la ruta campesina
construida por el Estado ecuatoriano así como a las viviendas de los moradores del lugar.
La Misión escuchó varios testimonios que indican que en todos los casos estudiados no
se había realizado un procedimiento de consulta ambiental adecuado, como lo ordena
la Constitución en sus artículos 57 para pueblos indígenas y 61-4 y 398 para todos los
ciudadanos 101 y los estándares internacionales en la materia. Efectivamente, en el caso
de Pepe Acacho y la nacionalidad Shuar, de Javier Ramírez y la comunidad de Junín, de
Manuel Trujillo y la comunidad de San Pablo de Amalí, no se realizó una consulta adecuada.
100. “En el decenio de 2000 los proyectos de desarrollo afectaron a 15 millones de personas al año”. Informe de la
Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre
el derecho de no discriminación a este respecto, Raquel Rolnik A/HRC/22/46 del 24 de diciembre de 2012.
101. “Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad,
a la cual se informará amplia y oportunamente.”
Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador 31