Octubre

IV. Libertades: Expresión,
asociación y reunión
(artículos 13, 15 y 16 de la
CADH)
Conforme a la CIDH “el poder coactivo del Estado no puede ejercerse de forma que afecte la
libertad de expresión de las defensoras y defensores de derechos humanos 74 ”, sin embargo
esta Misión ha constatado en varios de los casos investigados un claro abuso del poder
estatal en detrimento no solamente de la libertad de expresión de líderes comunitarios y
de defensores, sino de sus derechos de reunión y asociación.
En la CADH se estableció que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías
o medios indirectos 75 ” y que la limitación de los derechos a la reunión y asociación sólo
puede realizarse mediante medidas en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o
del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades
de los demás 76 .
• En el caso de Íntag la violación de las libertades de expresión y reunión es evidente.
Desde mayo de 2014 este poblado de 260 personas fue sitiado por al menos 120 policías
que invadieron su cotidianidad y limitaron sus formas comunitarias, en particular el
proceso legítimo de defensa de sus derechos colectivos y los de la naturaleza.
Los impactos de la ocupación policial en la población fueron estudiados por el Colectivo
de Investigación y Acción Psicosocial en diciembre de 2014, encontrando que:
“Existe una situación de inseguridad generalizada que se expresa
en sentimientos de temor, sufrimiento y miedo de que las mineras
prosigan con sus actividades y se implanten en la zona de manera
que la población deba dejar sus territorios y sus casas. La comunidad
de Junín se encuentra en una situación de ocupación policial y un
estado de excepción de facto (…) La invasión policial como medida
de control a la comunidad ha alterado diversas dinámicas, las
labores cotidianas ya no se realizan de la misma manera por la
permanente vigilancia ejercida por los miembros policiales, se ha
establecido una lógica de miedo: a dejar sus hogares, sus hijos y a
ser apresados”
Esta misión comparte la caracterización de la ocupación policial como un estado de
excepción de facto, tal como lo describieran la comisión de verificación de derechos
humanos 77 y el colectivo de acción psicosocial-, considerando que se agrava la situación
de las personas, en tanto su no declaración expresa les ha privado de la realización
de un test constitucional que determine su necesidad, proporcionalidad, legalidad,
temporalidad, territorialidad y razonabilidad, tal y como lo ordena la constitución
ecuatoriana, en el artículo 164.
74. CIDH, ob. Cit. Párr. 98.
75. CADH, artículo 13-3
76. CADH, artículos 15 y 16.
77. Esta comisión estuvo integrada por INREDH, CEDHU, Acción Ecológica y CEDENMA.
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Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador