Octubre

III. Igualdad ante la ley y
obligación de investigar
(artículos 24 y 1.1 de la CADH)
Conforme al artículo 24 de la CADH, todas las personas son iguales ante la ley y por lo tanto
tienen el derecho a una igual protección, sin discriminación alguna. Sin embargo, esta
Misión pudo constatar un notable desequilibrio en el tratamiento que da la administración
de justicia a los casos relativos a ataques contra comunidades y defensores de los
derechos humanos y de la naturaleza, respecto de los hechos denunciados por las
empresas. En este último caso se observa una actuación diligente, mientras que en la
primera, la tendencia es la de retardar los procesos hasta su archivo, sin resultado alguno.
• En cuanto a la desigualdad ante la ley, el caso de San Pablo de Amalí es representativo.
Retomando los hallazgos de la Comisión de Paz y verificación del caso.
“es muy común que se hagan campañas de desprestigio contra los
líderes y dirigentes locales con la finalidad de que pierdan credibilidad
ante su comunidad y provocar desmovilizarla. Un mecanismo
empleado por las empresas o el Estado es presentar denuncias ante
las autoridades más cercanas a la comunidad como es la Tenencia
Política, la intendencia, la Fiscalía, como un acto de hostigamiento
a los defensores y defensoras. Así tenemos que varias denuncias
fueron presentadas contra líderes, dirigentes comuneros de San
Pablo de Amalí, a quienes no se les reconoce como defensores del
agua y los derechos humanos sino catalogados como opositores al
Proyecto Hidrotambo 63 ”
Las denuncias presentadas contra los pobladores se convierten en indagaciones
previas o causas abiertas en su contra, mientras que sus denuncias en contra de los
distintos abusos de los que son víctimas, son desechadas o quedan inactivas.
El caso de la comunidad de San Marcos, ubicada en el sur del país, en Tundayme
-Zamora Chinchipe, de aproximadamente 50 familias, también ilustra el punto. En
pleno centro de la operación de EcuaCorriente S.A., esta comunidad ha venido siendo
desalojada del territorio desde el año 2000 cuando la empresa empezó a presionar
para que los comuneros vendieran sus propiedades a cambio de ser relocalizados en
un territorio cercano.
Algunas propiedades fueron pagadas a precios irrisorios y ninguno de los propietarios
fue relocalizado, generando sucesivos conflictos no resueltos. Para garantizar poder
desocupar completamente el poblado, el 14 de mayo de 2014 hombres de la empresa
acompañados de un contingente de la policía, procedieron a destruir con maquinaria
pesada los lugares comunitarios –iglesia, casa comunal y escuela- y a realizar
encerramientos, haciendo uso excesivo de la fuerza y generando confusión, pánico y
zozobra en la comunidad.
Inmediatamente algunos comuneros presentaron una acción penal ante el Fiscal de
lo Penal de la Provincia de Zamora Chinchipe en contra de los hombres que lograron
63. Comisión de Paz y Verificación caso San Pablo de Amalí, Ob. Cit. página. 45
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Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador