Octubre

II. Garantías judiciales,
protección judicial
(artículos 8 y 25 de la CADH)
y principio de legalidad
(artículo 9 de la CADH)
Las garantías judiciales hacen referencia al derecho de las personas de gozar de las debidas
garantías en la sustanciación de una acusación penal formuladas contra ellas, lo que
involucra, entre otros, contar con tribunales competentes, independientes e imparciales y
ser oídas y procesadas en un plazo razonable (art. 8 de la CADH). La protección judicial,
por su parte, implica el acceso a recursos sencillos, rápidos y efectivos ante los tribunales
competentes, que las amparen frente a actos que violen sus derechos (art. 25 CADH).
El principio de legalidad precisa entre otros aspectos, que los Estados están obligados a
elaborar tipos penales precisos: con “una clara definición de la conducta incriminada, que fije
sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas
sancionables con medidas no penales”. 22
En los casos que la Misión tuvo oportunidad de conocer, éstas garantías están siendo
vulneradas, tanto en razón a la utilización del derecho penal para neutralizar a líderes
sociales y defensores de derechos humanos, como a la notable impunidad de las
agresiones de las que han sido víctimas desde hace varios años atrás.
Como se señaló anteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
considerado la criminalización como el “inicio de investigaciones penales o querellas judiciales
sin fundamento en contra de defensores de derechos humanos 23 ” que tiene por objeto
paralizar su trabajo, amedrentar y disciplinar el ejercicio mismo de defensa de estos derechos.
Esta conducta de los Estados adopta distintas formas, como la formulación de tipos penales
ambiguos, la sujeción de las y los defensores a procesos penales fundados en esas normas, la
prolongación desproporcionada de los procesos y la violación al debido proceso.
• La ambigüedad en los tipos penales abre las puertas a un margen muy amplio de
discrecionalidad y arbitrariedad judicial 24 , pues en ellos no se distinguen claramente las
modalidades de participación, de dolo o su diferencia con comportamientos de carácter
no punible.
En el caso de Pepe Acacho y de Pedro Mashiant se usó el tipo penal de terrorismo
organizado, vigente a la fecha de su detención y juzgamiento, completamente abierto,
abarrotado de etcéteras que lo convierten en un ejemplo de indeterminación absoluta
de un tipo penal:
“Los que, individualmente o formando asociaciones como guerrillas,
organizaciones, pandillas, comandos, grupos terroristas, montoneras o
22. Corte IDH, Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, sentencia de 30 de mayo de 1999 (fondo, reparaciones y costas), Serie
C No. 52, párr. 121, y Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile,
op. cit., párr. 162.
23. CIDH. Ob cit. Párr. 76
24. Como los de “asociación ilícita”, “obstrucción de la vía pública”, “incitación al delito”, “desobediencia”, “amenaza a
la seguridad del Estado, la seguridad pública o la protección de la salud o moral públicas”, “difamación”, “calumnia” y
“acusaciones falsas” Ibídem. Párr. 92
Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador 11