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normativa interna, la interceptación estaría condicionada a la existencia de tres requisitos: una orden judicial,
su finalidad estar vinculada con la investigación penal o instrucción procesual penal y estar de acuerdo con
las hipótesis determinadas por ley (por ejemplo, solamente cuando el hecho podría constituir crimen con
pena de cárcel, indicios de autoría y cuando la prueba no puede ser obtenida por otros medios). En este
sentido, el Estado informó que la interceptación había sido ordenada por el 27º Juzgado de acuerdo con la
legislación interna y bajo el escrutinio del Ministerio Público. Añadió que el 24 de julio la Coordinación
Nacional del Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos [Programa de Proteção aos
Defensores de Direitos Humanos] (PPDDH) recibió una demanda respecto a la obstaculización del trabajo de
un abogado del Instituto de Defensores de Direitos Humanos (DDH) para considerar su posible inclusión en el
programa. El Estado informó que en agosto de 2014 el Equipo Federal del Programa contactó al abogado,
pero que a la fecha de la comunicación no había recibido la documentación necesaria para analizar el caso 374 .
177. La Relatoría Especial también recibió información sobre leyes que podrían tener un impacto
negativo en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el contexto de las manifestaciones. En este
sentido, el 10 de noviembre de 2014, el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, por mayoría de votos, declaró
constitucional la Ley 6.528 de 2013, la cual, entre otras disposiciones, prohíbe el uso de máscaras “o cualquier
otra forma de ocultar la cara” en manifestaciones y determina que el derecho de reunión pública deberá ser
ejercido “mediante previo aviso a la autoridad policial” 375 . En su sentencia, el Tribunal consideró que el uso
de máscaras en manifestaciones, aunque en una primera mirada no ofendería el carácter pacífico de una
manifestación, “venía siendo utilizado por personas mal intencionadas para transformar ese carácter
pacífico” y “practicar actividades criminosas contra terceros, patrimonios público y privados, y contra la
propia y legítima causa política”. En este sentido, la prohibición del uso de las máscaras se justificaría en la
imposibilidad de individualizar e responsabilizar a personas que estuvieran cometiendo delitos. Según el
Tribunal, “[e]l individuo enmascarado es un cobarde y antidemocrático, que se esconde de todos y de sí
mismo”, por lo cual la restricción legal sería adecuada y proporcional para garantizar los derechos de los
demás manifestantes y de terceros, ya que la prohibición no impide el ejercicio del derecho de reunión, sino
solamente impide “el individuo evadirse de sus responsabilidades” civil, administrativa y penal “por sus actos
y opiniones” 376 .
178. De manera similar, el 29 de agosto se habría publicado la Ley Estatal No. 15.556 de agosto de
2014, aprobada por la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo y sancionada por el gobernador del
Estado. La normativa prohíbe el uso de máscaras “o cualquier otro aparato que pueda ocultar la cara de la
persona o que dificulte o impida su identificación” en manifestaciones y reuniones, y requiere que cualquier
manifestación y reunión en locales públicos deberá ser comunicada de manera previa a la policía civil y
militar, “según reglamento emitido por la Secretaría de Seguridad Pública”. Asimismo, la ley determina que
las policías civil y militar “harán las debidas intervenciones legales” para la “preservación del orden público y
social, de la integridad física y moral del ciudadano, del patrimonio público y privado, así como para el fiel
cumplimiento de la presente ley” 377 .
179. En el marco de la audiencia sobre la situación de derechos humanos y protesta social en
Brasil, celebrada el 28 de marzo durante el 150º Período de Sesiones, la Comisión recibió con preocupación
información sobre los distintos eventos ocurridos en las manifestaciones en el país en 2013 y 2014. En este
374
Comunicación de la Misión Permanente de Brasil ante la OEA de 6 de noviembre de 2014. No. 301. Informação sobre a
situação dos direitos humanos durante protestos no Rio de Janeiro. Disponible en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión.
375
Estado do Rio de Janeiro. Ley No. 6528 de 11 de septiembre de 2013. Regulamenta o artigo 23 da Constituição do Estado.
Artículos 2 y 3; Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Tribunal de Justiça. Órgão Especial. Ações Diretas de Inconstitucionalidade
nº 0052756-30.2013.8.19.0000 e nº 0053071-58.2013.8.19.0000. Decisión del 10 de noviembre de 2014; Migalhas. 11 de noviembre de
2014. Lei fluminense que proíbe máscaras em manifestações é constitucional.
376
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Tribunal de Justiça. Órgão Especial. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº
0052756-30.2013.8.19.0000 e nº 0053071-58.2013.8.19.0000. Decisión del 10 de noviembre de 2014.
377
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ley No. 15.556 de 29 de agosto de 2014. Restringe o uso de máscaras ou
qualquer paramento que oculte o rosto da pessoa em manifestações e reuniões, na forma que especifica, e dá providências correlatas.
Artículos 2, 4 y 5.
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