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alfabetización digital y determina que el desarrollo de Internet en el país debe ser regido por una gobernanza
multiparticipativa, transparente, con la participación del Estado, de las empresas, de la sociedad civil y de la
comunidad académica 254 .
133. El 5 de agosto, el Superior Tribunal de Justicia [Superior Tribunal de Justiça] (STJ) determinó
que los proveedores de servicios de búsqueda no pueden ser obligados a eliminar de su sistema resultados
específicos respecto a una determinada palabra, aún cuando se indique al proveedor la dirección exacta de la
página que se busca eliminar. En este sentido, el Tribunal señaló que los servicios de búsqueda, por su
naturaleza, no incluyen el filtrado previo de contenidos. El caso fue decidido en el marco de una solicitud de
un juez que había sido absuelto en un proceso administrativo disciplinario y solicitaba que las noticias sobre
el tema fueran excluidas de los resultados de búsqueda vinculados a su nombre 255 . El Superior Tribunal de
Justicia también decidió de manera similar en sentencia publicada el 4 de junio, dictada en un caso en que un
magistrado había demandado a Google por no haber suspendido en su servicio de búsqueda la asociación
entre el nombre del juez y reportes sobre su presunto involucramiento en hechos delictivos. En la ocasión, el
STJ encontró que los servicios de búsqueda no pueden ser responsabilizados por el contenido de los
resultados de la búsqueda, aún cuando estos pueden resultar ilegales. Según el Tribunal, este tipo de censura
impuesta a los servicios de búsqueda “dificulta demasiado la ubicación de cualquier página web con la
palabra o expresión prohibida, independientemente de su contenido ser o no ilegal, lo que viola el derecho a
la información” 256 .
134. El 17 de septiembre de 2014, el Supremo Tribunal Federal [Supremo Tribunal Federal] (STF)
dejó sin efecto una medida cautelar que prohibía la publicación de una edición de la revista IstoÉ. Según lo
informado, la decisión fue adoptada en el marco de un recurso interpuesto por la editorial de la revista contra
una medida cautelar del Juzgado de la Comarca de Fortaleza, que determinaba que la editorial debería dejar
de distribuir, comercializar y publicar cualquier noticia relacionada con el gobernador de Ceará y una
operación policial que investigaba casos de blanqueo de dinero y evasión fiscal. La cautelar imponía una
multa diaria de R$ 5 millones de reales (unos US$ 2 millones) en caso de incumplimiento. El 17 de septiembre
de 2014, el STF suspendió los efectos de la medida de primera instancia. La decisión se basó en su sentencia
del 30 de abril de 2009 que declaró la incompatibilidad de la Ley de Prensa de 1967 con la Constitución
Federal y reafirmó la prohibición de la censura previa. El tribunal consideró, entre otros aspectos, que la
información trataba de la actuación de un funcionario público; que no estaría siendo publicada con manifiesta
negligencia ni con conocimiento de que se estaban difundiendo informaciones falsas; y que, no obstante la
información se refería a una investigación que se encontraba bajo reserva, los periodistas que recibieron
dicha información no habrían violado dicha obligación de secreto, la cual corresponde a quienes
eventualmente la filtraron 257 . En una decisión similar dictada el 3 de octubre de 2014, el Supremo Tribunal
Federal dejó sin efecto una medida cautelar que prohibía la Rede Globo publicar reportes sobre presuntas
irregularidades cometidas en procesos de adopción por un juez del estado de Paraíba, las cuales eran objeto
garantizar la libertad de expresión e impedir la censura, el proveedor de aplicaciones de Internet solamente podrá ser responsabilizado
civilmente por daños decurrentes del contenido generado por terceros si, tras una orden judicial específica, no tomar las medidas para,
en el ámbito y bajo los límites técnicos de su servicio y dentro del plazo determinado, tornar indisponible el contenido apuntado como
violatorio, exceptuadas las disposiciones legales contrarias. § 1 o La orden judicial mencionada en el caput deberá contener, so pena de
nulidad, la identificación clara y específica del contenido apuntado como violatorio, que permita la ubicación inequívoca del material. § 2 o
La aplicación de lo dispuesto en este artículo en casos de infracciones de los derechos del autor o derechos conexos depende de previsión
legal específica, la cual deberá respetar la libertad de expresión y las demás garantías previstas en el art. 5º de la Constitución Federal.”
Asimismo, el artículo 21 de la ley determina que los intermediarios podrán ser responsabilizados de manera subsidiaria cuando
divulguen contenido generado por terceros de imágenes, videos u otros materiales que contengan desnudez o actos sexuales de carácter
privado siempre y cuando, tras ser notificado por el participante o su representante legal, dejar de promover, de manera diligente, en el
ámbito y límites técnicos de su servicio, la retirada de dicho contenido.
254
Presidência da República. Lei No. 12.965, de 23 de abril de 2014. Artículos 24 a 27.
255
Superior Tribunal de Justiça. Reclamação 018685. Decisión del 5 de agosto de 2014.
256
Superior Tribunal de Justiça. Reclamação 5072-AC. Decisión del 11 de diciembre de 2013. Publicada el 4 de junio de 2014.
257
CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 29 de septiembre de 2014. Comunicado de Prensa R 109/14.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresa satisfacción por reciente decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil; Supremo
Tribunal Federal (STF). Medida Cautelar na Reclamação 18.638 Ceará. Sentencia del 17 de septiembre de 2014.
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