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14. El 21 de octubre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó una demanda por
daños y perjuicios entablada contra los periodistas Jorge Berri, Mariano Obarrio, Gustavo Ybarra, Graciela
Mochkofsky y María Villosio, cuyo origen se relaciona con la cobertura de un supuesto pedido de soborno
ocurrido en noviembre de 2002 para frenar un proyecto de ley. Entre el 19 de septiembre y el 16 de
noviembre de 2002, se publicaron una serie de notas en La Nación, donde se hablaba del rol que habría tenido
el consultor Carlos Bercún, jefe del estudio CB & Asociados, quien aparecía como lobbysta e intermediario de
esos sobornos. En 2011, se determinó judicialmente que el hecho denunciado en los artículos periodísticos no
existió y que el rol de Bercún consistía en elaborar informes parlamentarios para el Ministerio de Economía,
el Banco Central, el Citibank y la Asociación de Bancos Argentinos (bancos internacionales). En respuesta,
Bercún demandó a Julio César Saguier, Bartolomé Mitre y José Escribano, así como a los periodistas por “real
malicia” y “desinterés por la verdad en la información publicada”. En su decisión, los jueces determinaron la
inexistencia de responsabilidad con base en los tres primeros artículos de la Ley 26.522, señalando que las
notas estaban fundadas en “gravedad institucional” y que en la causa “no se acreditó que los accionados
conocieran de antemano la falsedad de los hechos” 53 .
15. El 28 de octubre, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en el que determinó que “no
corresponde juzgar la eventual responsabilidad de los “motores de búsqueda” de acuerdo a las normas que
establecen una responsabilidad objetiva”, sino “a la luz de la responsabilidad subjetiva”. Dicha decisión
tendría su origen en la demanda de daños y perjuicios entablada en contra de Google Inc. y Yahoo de
Argentina SRL, en la que se les reclamaba el uso comercial y no autorizado de la imagen de la parte actora,
quien además sostenía que se habían avasallado sus derechos personalísimos al habérsele vinculado a
determinadas páginas de Internet de contenido erótico y/o pornográfico. En primera instancia, las
demandadas habrían sido condenadas, mientras que en segunda, sólo se habría condenado parcialmente a
una de ellas. En su fallo, la Corte Suprema exoneró en definitiva de cualquier responsabilidad a las empresas.
La Corte dijo que, según deduce del derecho comparado, los “buscadores no tienen la obligación general de
monitorear (supervisar, vigilar) los contenidos que se suben a la red y que son proveídos por los
responsables de cada una de las páginas de la red” y que “sobre esa base son irresponsables por esos
contenidos que no han creado”. La Corte dijo que el “buscador” podría llegar a responder por un contenido
que le es ajeno “cuando haya tomado efectivo conocimiento de la ilicitud de ese contenido, si tal conocimiento
no fue seguido de un actuar diligente”. En su decisión, la Corte señaló que tratándose de ilicitudes manifiestas
respecto de contenidos dañosos, cuya naturaleza ilícita -civil o penal- sea palmaria y resulte directamente de
consultar la página señalada, bastará una comunicación fehaciente del damnificado o, según sea el caso, de
cualquier persona, sin requerir ninguna otra valoración ni esclarecimiento. En cambio, en los casos en que el
contenido dañoso exija un esclarecimiento que deba debatirse o resarcirse en sede judicial o administrativa
para su efectiva determinación, corresponde exigir la notificación judicial o administrativa competente. La
Corte Suprema aplicó este mismo razonamiento a los denominados thumbnails, ya que aquí los buscadores
también enlazarían a un contenido que no han creado. Finalmente, La Corte Suprema resolvió que no es
posible obligar a los buscadores a fijar filtros o bloqueos de vinculación para el futuro, en atención a que ello
equivaldría a una censura previa proscrita por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, principio que sólo podría ceder en “supuestos absolutamente excepcionales” 54 .
B. Agresiones, amenazas, intimidaciones y ataques contra periodistas y medios de
comunicación
16. El automóvil de Darío Zarco, director y periodista del diario Primera Línea, habría sido
incendiado de manera intencional por desconocidos en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, el 12 de
diciembre de 2013. El hecho se habría presentado días después de que el periodista denunciara haber sido
atacado presuntamente por una comisión policial por unos cuarenta efectivos mientras cubría los episodios
violentos y hubiera sido testigo de un episodio que los propios policías habrían admitido como irregular. En
53
Agencia Nacional de Noticias Jurídicas. 29 de octubre de 2014. La Justicia tomó la ley de medios para fallar a favor de
periodistas de La Nación.
54
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Rodríguez, María Belén c/ Google Inc y OTROS s/ daños y perjuicios. Expediente R.
522. XLIX. 28 de octubre de 2014. Disponible para consulta en:
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=iniciaConsulta
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