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17. Asimismo, la Relatoría Especial destaca la promoción de regulación en el hemisferio para
garantizar que no haya discriminación, restricción, bloqueo o interferencia en la transmisión del tráfico de
Internet, en aplicación del principio de neutralidad de la red.
18. En este punto, la Relatoría recomienda a los Estados miembros:
a. Abstenerse de aplicar a Internet enfoques de reglamentación desarrollados para otros
medios de comunicación —como telefonía o radio y televisión—, y diseñar un marco
normativo alternativo y específico para este medio, atendiendo a sus particularidades, de
conformidad con los estándares internacionales vigentes en materia de libertad de
expresión.
b. Incentivar la autorregulación como una herramienta efectiva para abordar las expresiones
injuriosas que puedan emitirse a través de Internet.
c. Proteger a los actores que participan como intermediarios de Internet y brindan servicios
técnicos respecto de cualquier responsabilidad por los contenidos generados por terceros y
que se difundan a través de estos servicios, de conformidad con los estándares
internacionales sobre la materia.
d. Promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute universal y efectivo del
derecho a la libertad de expresión por este medio.
e. Garantizar que el tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de
ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor,
origen y/o destino del material, servicio o aplicación, de conformidad con el principio de
neutralidad de la red.
H. Programas de vigilancia y reserva de la fuente
19. Durante 2014, la Relatoría Especial reiteró su preocupación por la existencia de programas y
prácticas de seguridad que puedan generar un perjuicio serio a los derechos universales a la intimidad y a la
libertad de pensamiento y expresión. En consecuencia, instó a las autoridades correspondientes a que revisen
la legislación pertinente y modifiquen sus prácticas, con la finalidad de asegurar su adecuación a los
principios internacionales en materia de derechos humanos.
20. En este sentido, la Relatoría recomienda a los Estados miembros:
a. Revisar su legislación para establecer los límites a la potestad para vigilar las
comunicaciones privadas, su necesidad y proporcionalidad, de conformidad con los derechos
universales de las personas y los principios de derecho internacional que han sido recogidos
en este informe.
b. Asegurar que el público pueda acceder a información sobre los programas de vigilancia de
comunicaciones privadas, su alcance y los controles existentes para garantizar que no
puedan ser usados de manera arbitraria. En todo caso, los Estados deben establecer
mecanismos de control independientes capaces de asegurar transparencia y rendición de
cuentas sobre estos programas.
c. Abstenerse de sancionar a los periodistas, integrantes de medios de comunicación o
miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada sobre
este tipo de programas de vigilancia, por considerarla de interés público. En igual sentido,
las fuentes confidenciales y materiales relacionadas con la divulgación de información
reservada deben ser protegidas por la ley.
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