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E. Censura previa
12. La Relatoría Especial tomó conocimiento de algunas decisiones judiciales y medidas
gubernamentales que prohibieron el ejercicio de periodismo, el funcionamiento de medio o la circulación de
información de interés público este año. Los Estados miembros deben tomar en cuenta que el artículo 13.2 de
la Convención Americana señala explícitamente que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar
sujeto a censura previa.
13. En este sentido, la Relatoría Especial recomienda a los Estados miembros:
a. Eliminar cualquier norma que habilite la censura previa por parte de cualquier órgano
estatal, y también cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la
libertad de expresión, tales como las exigencias previas de veracidad, oportunidad e
imparcialidad en la información.
F. Censura Indirecta
14. La Relatoría Especial recibió denuncias en cuanto a la asignación de publicidad oficial con el
objetivo de castigar o premiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Resulta
necesario que los Estados miembros cuenten con marcos normativos que establezcan criterios claros,
transparentes, objetivos y no discriminatorios para la determinación de la distribución de la publicidad
oficial. La Relatoría Especial recibió denuncias sobre la utilización de otros mecanismos del poder del Estado,
tales como la fiscalización tributaria y administrativa, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y
privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
15. Sobre este punto, la Relatoría Especial recomienda a los Estados miembros:
a. Abstenerse de utilizar el poder público para castigar o premiar a medios y comunicadores,
en relación con su línea editorial o la cobertura de cierta información, ya sea a través de la
asignación discriminatoria y arbitraria de la publicidad oficial u otros medios indirectos
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
b. Regular estos asuntos de conformidad con los estándares interamericanos vigentes en
materia de libertad de expresión.
c. Adoptar legislación para regular las facultades estatales de control y vigilancia, y de
asignación de bienes o recursos públicos relacionados directa o indirectamente con el
ejercicio de la libertad de expresión. En este punto, la tarea es ajustar los marcos
institucionales a dos propósitos fundamentales: prevenir la posibilidad de que las facultades
estatales sean utilizadas para premiar o castigar a los medios según su línea editorial y, de
otra parte, fomentar el pluralismo y la diversidad en el debate público.
G. Internet
16. La Relatoría Especial observa que varios Estados de la región han promovido intentos para
regular algún aspecto del uso y acceso de Internet o han adoptado decisiones en esta materia, en respuesta a
la necesidad de prevenir el delito y proteger los derechos fundamentales de terceros. Se advierte que muchas
de estas iniciativas no toman en cuenta las características especiales de esta tecnología y, como resultado,
restringen de manera indebida la libertad de expresión. Al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la
libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la
capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la
restricción reportaría para la protección de otros intereses.
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