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desproporcionadas que pueden tener un efecto silenciador incompatible con una sociedad democrática. En el
mismo sentido, la Relatoría Especial recibió información en cuanto a la necesidad de adecuar las normas en
materia civil para evitar el uso desproporcionado de las sanciones pecuniarias.
9. En relación con las normas que sancionan penal o civilmente la expresión, la Relatoría
Especial recomienda a los Estados miembros:
a. Promover la derogación de las leyes que consagran el desacato, cualquiera sea la forma en la
que se presenten, dado que estas normas son contrarias a la Convención Americana y
restringen el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático.
b. Promover la modificación de las leyes sobre difamación criminal a fin de eliminar la
utilización de procesos penales para proteger el honor y la reputación cuando se difunde
información sobre asuntos de interés público, sobre funcionarios públicos o sobre
candidatos a ejercer cargos públicos. La protección de la privacidad o el honor y la
reputación de funcionarios públicos o de personas que voluntariamente se han interesado
en asuntos de interés público, debe estar garantizada solo a través del derecho civil.
c. Promover la incorporación de los estándares interamericanos a la legislación civil de manera
tal que los procesos civiles adelantados contra personas que han hecho declaraciones sobre
funcionarios públicos o sobre asuntos de interés público apliquen el estándar de la actual o
real malicia, de conformidad con lo dispuesto en el principio 10 de la Declaración de
Principios y que resulten proporcionales y razonables.
d. Promover la modificación de las leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad
de expresión de manera desproporcionada, como aquellas destinadas a proteger la honra de
ideas o de instituciones, a fin de eliminar el uso de procesos penales para inhibir el libre
debate democrático sobre todos los asuntos de interés público.
D. Manifestaciones de altas autoridades estatales
10. En 2014 la Relatoría Especial continuó recibiendo información en cuanto a las declaraciones
de altas autoridades estatales que descalificaron y estigmatizaron la labor periodística de algunos
comunicadores, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales. Resulta particularmente
preocupante que, en algunos de estos casos, a tales declaraciones les hayan seguido actos violentos o la
apertura de procedimientos disciplinarios que amenazarían con el retiro de las concesiones, permisos o
licencias de funcionamiento de los medios de comunicación críticos. La Relatoría Especial exhorta a las
autoridades estatales a contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el
cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas
o estigmatizadas por ello.
11. En relación con las manifestaciones de altas autoridades estatales, la Relatoría Especial
recomienda a los Estados miembros:
a. Incentivar el debate democrático a través de declaraciones, prácticas y políticas públicas que
promuevan la tolerancia y el respeto a todas las personas, en igualdad de condiciones,
cualquiera sea su pensamiento o ideas.
b. Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas o a utilizar
los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra
las personas por razón de sus opiniones. En particular, evitar las declaraciones que puedan
estigmatizar a periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.
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